ECUADOR, ¿PALADIN DE LOS DERECHOS HUMANOS?

Por Leonardo Parrini

Silenciado el fragor de los combates de la Segunda Guerra Mundial, las potencias capitalistas que se arrogaron la victoria de este lado del planeta, proclamado dos principios básicos como pilares del inédito orden geopolítico que se organizó bajo la lógica del nuevo reparto del mundo: liberar las fuerzas productivas del imperativo bélico y dedicarse a fabricar objetos de consumo masivo; y proclamar derechos humanos basados en las necesidades políticas del momento, poniendo énfasis en las libertades e igualdades de corte liberal. Hoy, 10 de diciembre, que se cumple una nueva efeméride de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en 1948 por la ONU, el club de naciones triunfantes en el conflicto bélico mundial, la fecha amerita algunas reflexiones.

Llama la atención que la declaración de la ONU haya sido emitida en los precisos momentos en que el mundo entraba de lleno en una guerra fría, confrontación entre los dos sistemas sociales imperantes, sin disparar un solo tiro –y que, no obstante- tales derechos estaban supeditados a temas de seguridad nacional y continental. Se diría que las naciones capitalistas occidentales agrupadas en la ONU, redactaron la declaración con dedicatoria en contra del grupo de países alineados con el sistema socialista de oriente, considerado en ese entonces atentatorio a las libertades y a la aspiracional idea de igualdad social, inspiradas en la proclama emergente de libertad, igualdad y fraternidad de la naciente clase burguesa en los albores del capitalismo en Francia.

No es entonces de extrañar que de los treinta acápites del articulado de la Declaración de la ONU, veinticinco aluden a derechos políticos y jurídicos de las personas, es decir, a una normativa llamada a defender libertades individuales, de culto, desplazamiento, opinión, elección etc., asociaciones y garantías frente a los sistemas de justicia. En esa línea, los Derechos Humanos fueron considerados, en su primer momento, preferentemente como un estatus político inalienable de la persona, mas no como una realidad económica inherente al bienestar social y colectivo. Sólo a partir del artículo 25, la Declaración de la ONU hace alusión a derechos tangibles como el trabajo, salud, educación, cultura, alimentación, vivienda, seguros, etc. sin mencionar quienes deben ejercer esos derechos y quienes son los grupos beneficiarios de prioridad.

Sin embargo, a la vuelta de la esquina y en plena guerra fría de los años cincuenta, los treinta artículos de la Declaración de los DDHH de la ONU, comenzaron a ser persistentemente violados por las mismas naciones que los suscribieron en la pomposa declaración de Washington. Violaciones que se hicieron cada vez más graves, en la medida de que los enfrentamientos sociales recrudecieron bajo regímenes dictatoriales de claro corte fascista imperantes en varios países del globo en las décadas venideras de los setenta y ochenta. 

DDHH en Ecuador

Una estadística publicada por la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, CEDHU, menciona que en Ecuador “preocupa la permanencia de las violaciones a la integridad personal, a una vida sin violencia y el mismo derecho a la vida. Hechos que ocurren principalmente en contra las mujeres y se reflejan en los registros de femicidios”. El comunicado emite cifras tales como “88 femicidios en 15 provincias, de los cuáles 21 ocurrieron en la provincia del Guayas y 13 en Pichincha, seguido de Santo Domingo con 8 casos, Manabí y Azuay con 7 muertes en cada una, en El Oro e Imbabura se registraron 5, en Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas y Los Ríos con menos casos; y en Pastaza y Sucumbios  reportan un solo caso cada una.” El boletín de prensa de la CEDHU se hace cargo de “la brutal represión ejercida a mediados de septiembre, durante una manifestación social que en principio era pacífica. En dos días fueron detenidas 276 personas, especialmente estudiantes, y cien de ellas fueron llevadas ante un juez”. 

No obstante, el hecho de que en un determinado país no se detenga a nadie, no se torture a las personas, ni se las haga desaparecer, no significa que en ese país se está cumpliendo, cabalmente, el ejercicio de derechos humanos. Si nadie dice nada contra la miseria, la pobreza, la falta de oportunidades, la carencia de servicios básicos de salud, educación, alimentación, vivienda, etc., significa que hay un derecho económico y social desatendido con una evidente complicidad política que subyace detrás.  

Nuevos derechos

Tardarían cinco décadas para que en América Latina, luego de la oscura década dictatorial de los años setenta, los derechos políticos y jurídicos individuales se asienten sobre bases concretas, señalándose con claridad la defensa de dichos derechos. Y pocos años más tarde, en los albores del nuevo milenio, los derechos humanos adquieren un sentido social y tangible. Se habla a partir de entonces de derechos colectivos, haciendo alusión al derecho a la vida, al buen vivir, es decir al bienestar material consecuente del equitativo acceso a  servicios básicos proporcionados por el Estado como salud, educación, vivienda, conectividad, cultura, tecnología, entre otros. Y aquella tangibilidad de los derechos se hace extensiva, en el caso del Ecuador, a la naturaleza y se proclama su prerrogativa a ser restaurada y respetada como sujeto activo de derechos.

En tal sentido, la Constitución política ecuatoriana del 2008 señala que Ecuador es “un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, intercultural, plurinacional y laico”. Su deber primordial es garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos humanos establecidos en la Carta Magna y en instrumentos internacionales. El país se convierte así en paradigma universal de los derechos humanos colectivos y de la naturaleza, ubicándose la nación sudamericana como pionera en la avanzada lucha por estos derechos. Ecuador, en aplicación de los enunciados  constitucionales, da un paso más al vincular el cumplimento y satisfacción de los derechos humanos, con el uso responsable y sostenible de los recursos naturales, proclamados como fuente económicas para la concreción de los derechos al bienestar colectivo del buen vivir. La declaración y disposición constitucional se convierte, finalmente, en política pública de los sectores estratégicos con el dictamen de leyes y decretos para la aplicación de dichos principios garantistas de los derechos colectivos y naturales, a través de obras de inversión social.

En constraste, una nota de prensa de la agencia Andes, señala: Este 9 de mayo, en el prestigioso salón Monnerville del Senado de Francia, la Embajada del Ecuador y la Delegación Permanente ante la UNESCO, expusieron el Informe Nacional presentado el 21 de mayo próximo en el Consejo de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal. Tanto el académico francés Bernard Cassen como el auditorio saludaron el hecho de que en el Ecuador el compromiso de respeto y promoción de los derechos humanos no se ha quedado en una mera declaración de intenciones, sino que ha sido llevado a la práctica a través de políticas públicas amparadas en un nuevo marco constitucional y legal. La revelación de cifras e índices confirmaban la notable mejora en la situación de los derechos del buen vivir en nuestro país, lo que fue elogiado por la audiencia." Ecuador de este modo, conmemora el Día Universal de los Derechos Humanos como una de las naciones más avanzadas del mundo en la proclamación, aplicación y defensa de los derechos humanos. Un pequeño David en la desigual lucha contra la injusticia social, política y económica, producto de la execrable violación de los derechos humanos.

ECUADOR VALIENTE Y SOBERANO

Fotografía El Comercio

Por Leonardo Parrini

En tiempos de diplomacias acomodaticias y negociaciones oportunistas, en el plano internacional, la decisión del Gobierno ecuatoriano de conceder asilo diplomático a Julian Assange sorprende por su carácter soberano y valiente. Sorprende porque se supone no responde a un acto instintivo mucho menos improvisado, sino a un reflexivo análisis de las condiciones jurídicas e implicaciones políticas y económicas del caso. El Gobierno ecuatoriano optó por hacer prevalecer sus convicciones respecto del derecho de las personas a solicitar asilo y actuó en consecuencia con esos principios diplomáticos suscritos en convenios internacionales.

Assange, ahora protegido por el Gobierno ecuatoriano, es requerido ante la justicia sueca por supuestas faltas sexuales e investigado por los aparatos de inteligencia  norteamericanos  por difundir, a través de los Wikileaks, "mas de 250 mil documentos confidenciales en los que se revelaban secretos de la política exterior estadounidense” y un video donde se ve “cómo dos reporteros de la agencia Reuters morían bajo disparos de un helicóptero estadounidense en Iraq”

Las reacciones de las partes involucradas, en cambio, no sorprenden pues también han actuado coherentes con sus principios. Julian Assange, junto con agradecer al pueblo y presidente del Ecuador, al que calificó de “valiente nación independiente latinoamericana”, ha dicho que constituye una “victoria histórica”, pero que a partir de hoy “todo será más estresante”. Suecia acusó frontalmente al Ecuador, porque “ha detenido inaceptablemente el proceso judicial sueco y ha obstaculizado la cooperación judicial europea”. Inglaterra, por su parte, negó el salvoconducto a Assange para salir de territorio inglés y declaró, a través de su cancillería, que “no acepta el principio de asilo diplomático, que no hay razón legal para que concedan el salvoconducto y que esperan cumplir con sus “obligaciones en virtud de la Ley de Extradición”. Todo esto significa, como dijo Assange, que los problemas “recién han comenzado”.

La prensa ecuatoriana señala que con su decisión, “Ecuador se abrió un frente con 3 países”. Y se trata de tres potencias mundiales que ostentan la fuerza y la voluntad de emplearla, como ha demostrado su historia diplomática y militar. Por eso el gesto del Ecuador está colmado de dignidad y valentía, actitud que aflora en quien mantiene claras y firmes convicciones, lo que constituye, sin duda, una victoria moral de nuestro país frente a sí mismo y ante el mundo en medio de tempestuosas aguas diplomáticas.

William Shakespeare, el clásico autor inglés en su extraña novela, precisamente llamada La Tempestad, ve a los aborígenes precolombinos como calibanes o monstruos salvajes con cabeza de can, que en la interpretación del ensayista uruguayo Rodó significaba el mundo de los instintos. Hoy los ingleses - con similar mirada shakesperiana euro centrista -  deben estar pensado que en este rincón del mundo se enfrentan a instintivos seres exóticos de ultramar. Nada más alejado de la verdad.

Ecuador ha sostenido, definitivamente, una actitud soberana y valiente fundada en la razón y en la solidaridad, dos valores concernientes a los espíritus elevados de las naciones. Ciertamente, hoy por hoy, no basta con ser valiente, además hay que mostrar la decisión de pararse dignamente ante el mundo, sin prepotencias ni ufanos orgullos, con la serenidad que otorga la madurez, cualidades escasas de encontrar en muchos gobiernos. Todo aquello debe traducirse en una diplomacia inteligente y eficaz que recabe urgente apoyo internacional para enfrentar la eventual tempestad que se avizora.

BALTAZAR GARZÓN EN EL AJEDREZ POLÍTICO ECUATORIANO

Por Leonardo Parrini

Que Baltazar Garzón asume la defensa internacional de Julian Assange, amparado en la embajada de Ecuador en Londres bajo petición de asilo, como eventual acusado ante cortes suizas por supuestos delitos sexuales y por espía en los EEUU, causó revuelo pero no sorpresa. Ambos personajes son fichas de un tablero de ajedrez en el que el Estado ecuatoriano, con intereses en juego, celebró la decisión del juez español calificándola de "en buena hora", a través de su canciller. Garzón tiene la doble relación con Ecuador en calidad de veedor no vinculante de la actual reestructuración del sistema judicial ecuatoriano y como defensor del  potencial protegido, Julian Assange, del mismo Estado ecuatoriano.

En este escenario asistimos a una inmejorable oportunidad de ver cómo devienen las ya incestuosas  relaciones entre la política y la justicia. Los componentes de este ajedrez se hacen más complejos, puesto que Garzón no es un personaje químicamente puro, sino que tiene un denso curriculum como activista socialista y un palmarés donde destacan investigaciones judiciales emprendidas como juez contra el narco tráfico en Europa y las organizaciones separatistas Eta y Batasuna en España. Y el caso más notable, su cerco jurídico tendido al ex dictador Augusto Pinochet por violación a derechos humanos de ciudadanos españoles en Chile y crímenes contra la humanidad. Como fresa del pastel, Garzón pretende investigar a Henry Kissinger por su incidencia en las dictaduras militares latinoamericanas en la década de los años setenta.

En resumen, Garzón es una pieza clave en el tablero de una partida que comenzó con la publicación de los cables de Wiki Leaks de Assange que destaparon una controversial y oscura relación de políticos ecuatorianos con el Gobierno de los EEUU. La segunda jugada de Assange, con relación al Ecuador,  fue la entrevista de prensa al presidente Correa donde se advirtieron coincidencias del mandatario con Assange, en calidad de miembro “del club de los perseguidos”, como calificó en esa ocasión el entrevistado a su entrevistador. Tercer movimiento de Assange: elude su arresto domiciliario e ingresa en la embajada ecuatoriana en Londres donde solicita asilo político.

Así dispuestas las piezas en el tablero, el Estado ecuatoriano enfrenta con la presencia de Garzón como defensor de Assange, una nueva presión ante la petición de asilo, puesto que su protegido es defendido -al mismo tiempo- por quien observa como veedor los cambios en el sistema judicial ecuatoriano. En este sentido, el gobierno de Correa tiene la opción de voltear a su favor la veeduría en el tema judicial y asilar a Assange, situación que convierte a Garzón en factor decisivo en la concesión del asilo. Brillante oportunidad del juez español para dar un jaque mate y emerger, a la vez, como observador transparente actuando con probidad en su veeduría y defensor eficaz de su cliente. En ambos casos, gana la casa y su invitado Julian Assange.

En esa circunstancia la oposición política a Correa -que tiene puesta la mirada en Garzón para desbaratar la reestructuración judicial propiciada por el Gobierno ecuatoriano-, verá de reojo a Garzón por supuesta coincidencia con los intereses del régimen.

Como corolario, el tema de la vinculación entre política y justicia, muy en boga en nuestro país, se evidencia confirmando que dicha relación es indisoluble, al menos en sus aspectos ideológicos. Y es hasta factible, puesto que la fuente de la justicia debe estar en la dignidad humana, -cuestión de valor ideológico, en definitiva- y no en leguleyadas de protervo interés politiquero. En este sentido la defensa de Garzón a Assange envía una señal esclarecedora: la justicia es, o debe ser por sobre todo, la defensa y el imperio de las causas justas.

MUCHO RUIDO, POCAS NUECES

Por Leonardo Parrini

La destitución del presidente Fernando Lugo, sustentada en un acuerdo del Congreso paraguayo por una mayoría de 39 votos contra 4, cuyo argumento fue “el mal desempeño de sus funciones”, desencadenó la inmediata reacción de los países latinoamericanos que, con un denominador común de rechazo al nuevo régimen, manifestaron su intención de aislar y desconocer al entrante gobierno de Federico Franco.

A simple vista las decisiones de Argentina, Ecuador y Venezuela de retirar sus embajadores de Asunción y la de Chile, de llamar a consulta a su representante diplomático ante Paraguay, hablan de una vocación constitucional y madurez democrática en un continente que ha permanecido buena parte de su historia republicana regido por dictaduras, militares o civiles, que por gobiernos legitimados en la voluntad popular. Bajo esa epidermis constitucionalista asistimos a la consolidación de una diplomacia montonera, de bloque y de acuerdos colectivos, gracias a la nueva correlación de fuerzas políticas que impera en América Latina.

Una diplomacia que presiona, pero no sanciona; que insinúa, pero no concreta. Los acuerdos de rechazo en los organismos subregionales como Mercosur y las Cumbres presidenciales, hasta este instante, no se muestran suficientes para motivar y conseguir la reposición del mandatario paraguayo depuesto. Anteriormente observamos el mismo fenómeno ante el golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya de Honduras, quien tuvo que dejar el cargo, sin vuelta atrás, pese a la presión latinoamericana contra los usurpadores del poder en ese país.

¿Qué hace que seamos un continente de fácil palabra y difícil acción?

Somos un continente declaratorio que gusta de los gestos espectaculares, de histrionismos políticos y golpes de efecto propagandístico, muy común en los regímenes que miden fuerzas y sobreviven a través del impacto que las estridencias del verbo provocan en las masas electorales.  

Los países sudamericanos, conducidos por políticos de liderazgos temperamentales, nos unimos en las formalidades y  protocolos que nos proyectan con buena imagen ante las cámaras. Pero cuando se trata de imponer el respeto a nuestros derechos, nos quedamos en el discurso de una realidad continental donde todavía mantienen vigencia la demagogia política, la desigualdad económica y la exclusión social.  

La razón que explica este panorama de diplomacias declarativas es que, dicho en verdad, aun no consolidamos un proceso de unidad continental que vaya más allá de las coyunturas y nos permita actuar coludidos, por un mismo destino, frente a las presiones externas de potencias transnacionales. Todavía nos importa mucho el qué dirán los EEUU o los organismos multilaterales que nos otorgan créditos a cambio de actuar bajo sus designios.

Vivimos una democracia que luce bien en los desfiles cívicos y en los foros académicos, pero que en el fondo no alcanza el poder de una voluntad política intransable. Esa misma democracia simulada nos hace practicar una diplomacia de podio que insufla estridentes discursos, pero que consigue escuálidos resultados en la práctica.

Qué falta que nos hace falta vivir una democracia convertida en forma de ser más soberanos ante nosotros mismos y ante el mundo. Una democracia que permita ejercer una diplomacia, con menos ruido y más nueces, que imponga el respeto por nuestros mejores principios continentales como sociedad madura en la convivencia y en la connivencia de pueblos hermanos.

UN FANTASMA RECORRE COLOMBIA

Por Leonardo Parrini

El fantasma del narcotráfico acecha al apellido Uribe. Según el periodista Gonzalo Guillén,  la DEA afirmó que Dolly de Jesús Villa Cifuentes y Ana María Uribe Cifuentes, cuñada y sobrina del ex presidente Álvaro Uribe, respectivamente, serían extraditadas en los próximos días por ser "socias y aliadas estratégicas" de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo Guzmán", jefe del cartel mexicano de Sinaloa.

Una publicación reciente de El Heraldo señala que a Dolly Villa Cifuentes “le fue aprobada una orden de extradición por la Corte Suprema de Justicia de Colombia el 8 de febrero de 2012 pero fue suspendida en mayo pasado por medio de una resolución del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra”

Dolly Cifuentes Villa cuñada del ex presidente colombiano Álvaro Uribe y su sobrina Ana María Uribe Cifuentes, fueron detenidas la semana anterior por estar involucradas en presunto tráfico de cocaína. Las dos damas estarían vinculadas con lavado de activos junto a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. La DEA sostiene que Dolly Villa Cifuentes y sus hermanos Alexander y Jorge Milton serían  responsables del envío de 30 toneladas de cocaína a los Estados Unidos durante los últimos 3 años, así como de “ser testaferros en Colombia de propiedades del Cartel de Sinaloa, con quienes establecieron alianzas para manejar la ruta de la droga por el Pacífico Colombo-ecuatoriano”.

¿Antecedentes de narco política?

Los registros de prensa relacionados con la presunta vinculación del ex presidente colombiano, Álvaro Uribe con actividades ilegales, son ya de vieja data. Uribe nacido en Medellín, Colombia, fue alcalde de esa ciudad y llegó a la presidencia de su país, no sin un controvertido proceso electoral en dos ocasiones. En su calidad de gobernador de Antioquia estuvo envuelto en un proyecto llamado Convivir, el cual suponía la creación de milicias comunitarias a cargo de grupos y escuadrones de la muerte paramilitares.

Aun cuando Uribe rechazó siempre la idea de dicha vinculación con grupos armados irregulares, en Colombia se dio a conocer un video cuyas imágenes evidenciaban ese vínculo y en el que se ve  a Uribe de candidato conversando con el comandante paramilitar Esteban, sobre quien pesa la acusación de ser responsable de más ochenta asesinatos. 

La asociación que la prensa colombiana ha hecho en el pasado entre Uribe y el capo del narco tráfico Pablo Escobar, es ya parte de una leyenda plagada de circunstancias que hablan de dicha relación. Cuando las FARC asesinaron al padre de Uribe, éste recibió el apoyo de Escobar a través del préstamo de un helicóptero de su propiedad, según una declaración de Virginia Vallejo, ex amante de Pablo Escobar, a la cadena de televisión brasilera Red Globo. En la misma entrevista Vallejo menciona que Escobar reconoce la ayuda de Uribe, señalando que “si no hubiera sido por ese muchacho bendito estarían todavía trayendo la coca en llantas y nadando hasta Miami para llevarle la mercancía a los gringos”. ¡Avemaría mijo! - como dirían los colegas colombianos - el fantasma de la narco política todavía deambula muy nítido en el oscuro espectro nacional del país cafetalero.

LA EDUCACIÓN DE PINOCHET

Fotografía Leonardo Parrini. Quito Ecuador
Por Leonardo Parrini

Al grito de “se va a caer, se va a caer…la educación de Pinochet!”, un centenar de estudiantes ecuatorianos universitarios se dieron cita frente a la Embajada de Chile en Quito para solidarizar con el movimiento estudiantil chileno que ya cumple 4 meses de movilización demandando del Gobierno de Sebastian Piñera se cumpla lo que consideran el derecho a la “calidad y gratuidad de la educación estatal”.

POR EL DERECHO A LA EDUCACION

Jorge Poblete, chileno participante en la manifestación dijo que “las universidades están haciendo lucro de la educación, el estudiante chileno exige una educación gratuita”, mientras que José Sáez, compatriota suyo, declaró que “el tema de la gratuidad y el tema de calidad es el tema principal: hasta dónde el Estado es capaz de plantear la educación como un derecho para todos los ciudadanos; mientras los estudiantes hablan de la educación como un  derecho, el Gobierno de Piñera habla de la educación como un bien, es decir como mercancía”.

Juan Francisco Torres dirigente de la Universidad Central del Ecuador  “a nivel latinoamericano se está viviendo una movilización de los movimientos sociales encabezada por el movimiento estudiantil chileno en contra del neoliberalismo como una alternativa política, los estudiantes ecuatorianos solidarizamos con los compañeros chilenos en su lucha”. Por su parte el dirigente de la Universidad Católica de Quito, Alan Caiza manifestó “estamos dando un apoyo contundente al movimiento estudiantil chileno, estamos defendiendo una educación sin fin de lucro, sino una educación con un fin de bienestar colectivo.”

CONTRA LA EDUCACION DE PINOCHET

Los estudiantes chilenos de nivel secundario y universitario sostienen ya una serie de manifestaciones realizadas a nivel nacional   desde mayo de 2011, que se han llegado a considerar como las movilizaciones más importantes de los últimos años y una de las mayores desde el retorno a la democracia.

Las movilizaciones han surgido de parte de estudiantes que rechazan el sistema educacional chileno que provee una amplia participación del sector privado respecto a la del Estado. Actualmente, solo el 25% del sistema educativo es financiado por el Estado, mientras que los estudiantes aportan el otro 75%. Este sistema fue originado durante la dictadura de Augusto Pinochet a lo largo de los años 1980.

UNA PISCINA SIN AGUA

En las últimas horas existe un estancamiento en torno a una posible solución del conflicto, al respecto Camila Vallejo, Presidenta de la FECH señaló en Santiago que “sentimos que la intención del Gobierno es llamarnos a una mesa de trabajo para legitimarse como los que van a resolver el conflicto, pero postergando los temas que realmente son estructurales para el final, para que la mesa no llegue a acuerdo y quedemos validando un espacio que no va a ser conducente”. En esa línea, dijo que “se nos está invitando a lanzarnos a una piscina que no tiene agua".