ECUADOR, ¿PALADIN DE LOS DERECHOS HUMANOS?

Por Leonardo Parrini

Silenciado el fragor de los combates de la Segunda Guerra Mundial, las potencias capitalistas que se arrogaron la victoria de este lado del planeta, proclamado dos principios básicos como pilares del inédito orden geopolítico que se organizó bajo la lógica del nuevo reparto del mundo: liberar las fuerzas productivas del imperativo bélico y dedicarse a fabricar objetos de consumo masivo; y proclamar derechos humanos basados en las necesidades políticas del momento, poniendo énfasis en las libertades e igualdades de corte liberal. Hoy, 10 de diciembre, que se cumple una nueva efeméride de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en 1948 por la ONU, el club de naciones triunfantes en el conflicto bélico mundial, la fecha amerita algunas reflexiones.

Llama la atención que la declaración de la ONU haya sido emitida en los precisos momentos en que el mundo entraba de lleno en una guerra fría, confrontación entre los dos sistemas sociales imperantes, sin disparar un solo tiro –y que, no obstante- tales derechos estaban supeditados a temas de seguridad nacional y continental. Se diría que las naciones capitalistas occidentales agrupadas en la ONU, redactaron la declaración con dedicatoria en contra del grupo de países alineados con el sistema socialista de oriente, considerado en ese entonces atentatorio a las libertades y a la aspiracional idea de igualdad social, inspiradas en la proclama emergente de libertad, igualdad y fraternidad de la naciente clase burguesa en los albores del capitalismo en Francia.

No es entonces de extrañar que de los treinta acápites del articulado de la Declaración de la ONU, veinticinco aluden a derechos políticos y jurídicos de las personas, es decir, a una normativa llamada a defender libertades individuales, de culto, desplazamiento, opinión, elección etc., asociaciones y garantías frente a los sistemas de justicia. En esa línea, los Derechos Humanos fueron considerados, en su primer momento, preferentemente como un estatus político inalienable de la persona, mas no como una realidad económica inherente al bienestar social y colectivo. Sólo a partir del artículo 25, la Declaración de la ONU hace alusión a derechos tangibles como el trabajo, salud, educación, cultura, alimentación, vivienda, seguros, etc. sin mencionar quienes deben ejercer esos derechos y quienes son los grupos beneficiarios de prioridad.

Sin embargo, a la vuelta de la esquina y en plena guerra fría de los años cincuenta, los treinta artículos de la Declaración de los DDHH de la ONU, comenzaron a ser persistentemente violados por las mismas naciones que los suscribieron en la pomposa declaración de Washington. Violaciones que se hicieron cada vez más graves, en la medida de que los enfrentamientos sociales recrudecieron bajo regímenes dictatoriales de claro corte fascista imperantes en varios países del globo en las décadas venideras de los setenta y ochenta. 

DDHH en Ecuador

Una estadística publicada por la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, CEDHU, menciona que en Ecuador “preocupa la permanencia de las violaciones a la integridad personal, a una vida sin violencia y el mismo derecho a la vida. Hechos que ocurren principalmente en contra las mujeres y se reflejan en los registros de femicidios”. El comunicado emite cifras tales como “88 femicidios en 15 provincias, de los cuáles 21 ocurrieron en la provincia del Guayas y 13 en Pichincha, seguido de Santo Domingo con 8 casos, Manabí y Azuay con 7 muertes en cada una, en El Oro e Imbabura se registraron 5, en Cotopaxi, Chimborazo, Esmeraldas y Los Ríos con menos casos; y en Pastaza y Sucumbios  reportan un solo caso cada una.” El boletín de prensa de la CEDHU se hace cargo de “la brutal represión ejercida a mediados de septiembre, durante una manifestación social que en principio era pacífica. En dos días fueron detenidas 276 personas, especialmente estudiantes, y cien de ellas fueron llevadas ante un juez”. 

No obstante, el hecho de que en un determinado país no se detenga a nadie, no se torture a las personas, ni se las haga desaparecer, no significa que en ese país se está cumpliendo, cabalmente, el ejercicio de derechos humanos. Si nadie dice nada contra la miseria, la pobreza, la falta de oportunidades, la carencia de servicios básicos de salud, educación, alimentación, vivienda, etc., significa que hay un derecho económico y social desatendido con una evidente complicidad política que subyace detrás.  

Nuevos derechos

Tardarían cinco décadas para que en América Latina, luego de la oscura década dictatorial de los años setenta, los derechos políticos y jurídicos individuales se asienten sobre bases concretas, señalándose con claridad la defensa de dichos derechos. Y pocos años más tarde, en los albores del nuevo milenio, los derechos humanos adquieren un sentido social y tangible. Se habla a partir de entonces de derechos colectivos, haciendo alusión al derecho a la vida, al buen vivir, es decir al bienestar material consecuente del equitativo acceso a  servicios básicos proporcionados por el Estado como salud, educación, vivienda, conectividad, cultura, tecnología, entre otros. Y aquella tangibilidad de los derechos se hace extensiva, en el caso del Ecuador, a la naturaleza y se proclama su prerrogativa a ser restaurada y respetada como sujeto activo de derechos.

En tal sentido, la Constitución política ecuatoriana del 2008 señala que Ecuador es “un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, intercultural, plurinacional y laico”. Su deber primordial es garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos humanos establecidos en la Carta Magna y en instrumentos internacionales. El país se convierte así en paradigma universal de los derechos humanos colectivos y de la naturaleza, ubicándose la nación sudamericana como pionera en la avanzada lucha por estos derechos. Ecuador, en aplicación de los enunciados  constitucionales, da un paso más al vincular el cumplimento y satisfacción de los derechos humanos, con el uso responsable y sostenible de los recursos naturales, proclamados como fuente económicas para la concreción de los derechos al bienestar colectivo del buen vivir. La declaración y disposición constitucional se convierte, finalmente, en política pública de los sectores estratégicos con el dictamen de leyes y decretos para la aplicación de dichos principios garantistas de los derechos colectivos y naturales, a través de obras de inversión social.

En constraste, una nota de prensa de la agencia Andes, señala: Este 9 de mayo, en el prestigioso salón Monnerville del Senado de Francia, la Embajada del Ecuador y la Delegación Permanente ante la UNESCO, expusieron el Informe Nacional presentado el 21 de mayo próximo en el Consejo de Derechos Humanos en el marco del Examen Periódico Universal. Tanto el académico francés Bernard Cassen como el auditorio saludaron el hecho de que en el Ecuador el compromiso de respeto y promoción de los derechos humanos no se ha quedado en una mera declaración de intenciones, sino que ha sido llevado a la práctica a través de políticas públicas amparadas en un nuevo marco constitucional y legal. La revelación de cifras e índices confirmaban la notable mejora en la situación de los derechos del buen vivir en nuestro país, lo que fue elogiado por la audiencia." Ecuador de este modo, conmemora el Día Universal de los Derechos Humanos como una de las naciones más avanzadas del mundo en la proclamación, aplicación y defensa de los derechos humanos. Un pequeño David en la desigual lucha contra la injusticia social, política y económica, producto de la execrable violación de los derechos humanos.

LA HIPOCRESÍA NORTEAMERICANA

Por Leonardo Parrini

No sorprende, pero indigna, el “informe” de EE.UU que “denuncia las restricciones a la libertad de expresión en Ecuador”, y mete en el mismo saco “la represión de disidentes en Cuba y China, la concentración de poder en Venezuela”. No sorprende, porque habitualmente el Gobierno norteamericano juzga la situación de los derechos humanos en aquellos países con los cuales quiere tener, o tiene, conflictos de orden político o económico. Así esta vez el informe hace referencia a lo que sucedió en el 2013 en relación a “la falta de elecciones libres en Irán, la situación de derechos en Corea del Norte y los atroces abusos en Siria, que consideró deplorables”.

La pregunta obvia es ¿quién confiere autoridad moral, legal o política a los EEUU para arrogarse el derecho de juzgar a otros países? El documento emitido por el Departamento de Estado norteamericano, destaca 24 países en los que los DDHH “se deterioraron más durante 2013”, sin que exista organismos internacional alguno que haya solicitado dicho juzgamiento. Al presentar el informe, el  secretario de Estado, John Kerry, señaló "Hoy reafirmamos nuestro compromiso de mantenernos del lado de los muchos que buscan dignidad y contra aquellos que se la niegan".

La dignidad es una palabra que en boca del funcionario estadounidense suena a una ironía que raya en la burla. La potencia capitalista del norte es, precisamente, el país menos indicado para pretender darnos lecciones de dignidad, cuando su historia indica que el propio país ha sido construido sobre la explotación de razas y pueblos sojuzgados por los gobiernos norteamericanos. Es más, su sistema político y económico, es expresión de la indignidad y atropello a los países del mundo en los que la geopolítica de EEUU ha intervenido por la fuerza, en detrimento de la libre autodeterminación de los pueblos.

La prestigiosa revista estadounidense Foreign Policy, cuestionó las sanciones unilaterales impuestas contra Irán bajo el pretexto de violaciones de derechos humanos y escribió: "Desde luego, no importa que Estados Unidos haya invadido dos países extranjeros (Afganistán e Irak) y que soldados estadounidenses hayan torturado y violado a miles de personas en las cárceles de Guantánamo, Bagram y Abu Ghraib, porque la atención y las miradas están dirigidas a Irán y no a los prisioneros en Afganistán y Guantánamo que, esposados, son colgados del techo y son golpeados hasta dejarlos sin vida". La publicación concluye en que esta es una muestra de “algunos ejemplos de violaciones de los derechos humanos en EEUU y la realidad de que los militares norteamericanos ignoran los derechos más elementales en otros países”. No es casual, entonces, que los informes anuales del Departamento de Estado norteamericano sobre las violaciones de los DDHH siempre están concentrados en los países con los que Estados Unidos busca tener una confrontación. 

El sistema de justicia norteamericano no es precisamente una muestra de transparencia y equidad. Bajo el imperio de leyes antiterroristas el Gobierno norteamericano mantiene un régimen de terror en cárceles fuera de su territorio, como el caso del campo de concentración de Guantánamo, en Cuba. Informes de la ONU señalan que “existen evidencias de que algunos detenidos han sido torturados y denuncian alimentación forzosas a prisioneros en huelga de hambre -docenas de ellos protestaron de este modo en 2006 - e interrogatorios llevados a cabo tras confinamientos solitarios prolongados o en condiciones extremas de temperatura, luz y ruido”. Guantánamo es sólo una parte del sistema de campos de detención que mantiene Estados Unidos en el exterior, y que incluye otros campos en Irak y Afganistán, como lugares de detención secretos de la CIA.

Numerosas Organizaciones No Gubernamentales norteamericanas, como el Centro de Información sobre la Pena de Muerte y la American Bar Association, y juristas prestigiosos, en los últimos tiempos, han prestado particular atención a las violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos. Las Naciones Unidas nombraron un Relator para investigar lo concerniente a las irregularidades en relación con la aplicación de la pena de muerte. Y todas las investigaciones y estudios permiten llegar a la conclusión de que Estados Unidos es el «mayor violador» de los derechos humanos en el mundo.

El sistema de justicia norteamericano incluye la pena de muerte abolida en la mayoría de los países del mundo. Desde que se restableció la pena máxima -hoy está vigente en 38 estados de los 50 de la Unión-, le ha sido impuesta a 3.660 acusados, de los cuales 360 fueron ejecutados y 3.300 se encuentran pendientes de ajusticiamiento, entre ellos 49 mujeres. El pasado año fueron ejecutadas 74 personas. Entre los que perdieron la vida a manos del verdugo en las cárceles norteamericanas, el 59% era afronorteamericano, hispano o perteneciente a otras minorías, cuyo conjunto no sobrepasa el 20% de la población del país. Y en Alabama el 69% de los ejecutados es negro. Por ejemplo, en juicios por homicidio de 1.000 personas blancas fueron condenados a la pena máxima 93 afronorteamericanos, en tanto que por la muerte de 1.000 negros no fue condenado a esa pena ningún blanco.

La represión y ejecución aplicada a las mujeres en los EE.UU, universalmente proscrita, no es precisamente ejemplo de dignidad. Un método de tortura practicado es el denominado “atadura como un cerdo»” que consiste en esposar manos y pies del detenido y atarlos a su espalda, para después arrojarlo al suelo como un balancín. Este tormento ha producido numerosas muertes por asfixia posicional. Los «cinturones de electrochoque» que producen grandes dolores y terror y el uso del gas lacrimógeno que es utilizado por 3.000 departamentos de policía, ya ha producido la muerte a más de 60 personas que fueron rociadas con él.  En el caso de las prisiones de mujeres, EE.UU ocupa un lugar preponderante dentro de estos maltratos y violaciones por parte de los guardianes que, igualmente, cuando son denunciados siempre escapan a la sanción.

La violación de los derechos humanos es un problema que muchos sectores estadounidenses no aceptan, o al menos, minimizan. En el ámbito nacional, el gobierno de Estados Unidos permite la violación sexual en las cárceles de los hombres como atestigua Human Rights Watch. Hombres que violan a otros hombres y las autoridades penitenciarias a lo largo y ancho del país lo desmiente, no lo reconocen y no hacen nada para evitar dichas violaciones. No hay una legislación al respecto. Cada año miles de empleados son despedidos o se toma represalia por intentar sindicalizarse. Especialmente, después de la tragedia del 11 de Septiembre, leyes como la Ley Patriótica son un instrumento que permite violar el derecho a disentir y la privacidad de grupos o personas que denuncian la política de Estados Unidos. Antes de juzgarnos como país, el Departamento de Estado norteamericano debería investigar si en Ecuador existe la pena de muerte, se practica la tortura en las cáceles y cuántos presos políticos reprimidos, fuera de la ley, existen en el país. La presunta denuncia de EE.UU contra Ecuador, no pretende sino ver la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en el ojo propio en un flagrante e inaceptable acto de hipocresía.