GRANDES TEMAS - GRANDES HISTORIAS

E c u a d o r - S u d a m é r i c a

lunes, 23 de junio de 2014

¿LA COMUNICACIÓN, UN DERECHO?


 Por Leonardo Parrini

A un año de promulgada la Ley de Comunicación en el Ecuador una campaña de difusión oficial quiere vender las bondades de la ley. Y lo hace apelando a una Idea-Fuerza central: la comunicación es un derecho. ¿De quién o de quiénes? La comunicación así concebida, debería ser un derecho humano comunitario, pero los derechos colectivos no son gratuitos, cuestan dinero alguien tiene que financiarlos en su ejecución como prerrogativa social. Y para que  no existan equívocos, se trata del derecho a la libertad de expresión que garantiza que todas las personas tienen la posibilidad de expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio.

Otro de los derechos consagrados en la ley es el derecho colectivo de la sociedad a estar debidamente informada. Derecho a la prohibición de censura previa, es también una de las prerrogativas que asigna la ley, en el entendido que está prohibida dicha censura  por parte de la autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación. Todas las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo, cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública. 

Si la comunicación es concebida como un servicio público, debería ser regulada por el Estado como los demás servicios públicos, para “asegurar la satisfacción del interés social”. La comunicación, en primer lugar, es un bien público, patrimonio de una sociedad democrática. Un bien público se antepone al bien privado, por definición de esa misma democracia. Si la comunicación es un derecho humano, esos derechos prevalecen como derechos colectivos, es decir, la comunicación debe ser un derecho protegido y un servicio garantizado con calidad y oportunidad, del mismo modo con que la ley exige cumplimiento a cualquier otro servicio público.  

En términos estadísticos, durante el primer año de vigencia la aplicación de la Ley de Comunicación registra una denuncia por linchamiento mediático, 5 amonestaciones a medios informativos, 2 disculpas públicas, 122 denuncias, 22 de ciudadanos y el resto de instituciones; 25 amonestaciones, 3 demandas por insconstitucionalidad. Actualmente se realiza una radiografía a 31 medios impresos, 9 canales de televisión y 122 radios.  


Sin recursos no hay derechos

Nueve son los derechos contemplados en la Ley de Comunicación. Derecho a la información, al respeto y a la honra, a la privacidad y a la transparencia. Protección de grupos vulnerables, el acceso igualitario a los medios y el derecho a la participación ciudadana y derecho al ejercicio pleno de su actividad profesional del comunicador con protección laboral. Pero, por ejemplo, hay hechos contradictorios: El uso de frecuencias privadas, públicas y comunitarias, según la nueva ley, debe ser repartido en 33% igualitario. Actualmente existe un desequilibrio a favor de la empresa privada en un 85%. Hoy día la ley ordena que un tercio de las radios sean comunitarias. La realidad indica que eso supone presupuestos, auspicios e inversiones que no son rentables, sino amortizables en el tiempo y que el factor riesgo en ese tipo de inversión es alto, puesto que la recuperación podría ser lenta o simplemente no existir. Ahí ya se ha conculcado un derecho por falta de recursos materiales, un hecho que forma parte de la realidad inmediata de cientos de comunidades que no pueden financiar un proyecto de radio comunitaria. 

Otro aspecto donde la ley sigue siendo una declaración teórica, se relaciona con el manejo de fuentes. En un balance después de un año de promulgada la ley, se advierte que la Infodiversidad es una realidad ausente en los medios regulados por la ley de comunicación. Si bien la ley no habla de esta categoría, es un imperativo ético reconocer la diversidad de versiones frente a un hecho, y ejercer el contraste de fuentes originaria de dichas versiones. Pero esto dista mucho de ser ese ejercicio real, incluyente, consensual y solidario que invoca el espíritu de una ley incumplida desde el aspecto de la diversidad informativa. En tal sentido, la ley de comunicación se mantiene como derecho solo a nivel de los usuarios profesionales de la comunicación, pero no incide en la vida cotidiana de las personas de una comunidad.

No deja de ser sintomático que el discurso central de una campaña sobre una ley que consagra derechos sea, precisamente, recordarnos como una vieja melodía que la comunicación es un derecho. Para que la comunicación sea un derecho verificable en la práctica consuetudinaria de la comunidad, debería estar articulada a los proyectos de desarrollo social de una comunidad. Y esas son palabras mayores, porque implica definir la fuente de financiación de esos proyectos, la administración de los mismos y el tipo de beneficiarios. En síntesis, si la comunicación es un derecho humano, debería garantizarse en la misma ley de que aquello se cumpla, pero la garantía de cumplimiento está y estará siempre en la participación y vigilancia ciudadana.

sábado, 21 de junio de 2014

UNASUR Y LOS DESAFIOS REGIONALES SURAMERICANOS


Por Leonardo Parrini

Por lo general se han mostrado inoficiosos los gestos declarativos de los organismos internacionales o regionales, en cuanto a su eficacia y eficiencia para dar soluciones a corto y largo plazo a las inmensas desigualdades, injusticias y necesidades imperantes en la región suramericana.

Un reciente encuentro del Cosiplan, Consejo planificador de UNASUR reunido en Quito, puso en el tapete de la discusión la necesidad de contar con una planificación estratégica regional con visión de futuro para ayudar a erradicar la pobreza como un desafío ético y moral de Suramérica. Este objetivo loable desde todo ángulo, sonaría ampuloso de no ser porque los delegados al encuentro regional se detuvieron largamente en indicar el cómo hacer posible ese desafío continental. Al tenor del encuentro se dijeron algunas verdades y denunciaron ciertos hechos que llaman la atención en el panorama de la región. Unida a la vocación integracionista suramericana se enunció el propósito de hacer ejercer una planificación integral, que no sea la suma de las partes aisladas o de esfuerzos nacionalistas por separado. En esa tónica se concibió a la planificación como una ilusión movilizadora en la perspectiva de una integración regional soberana.

Con mirada integracionista, el Secretario de Plantificación de SENPLADES, Pabel Muñoz, valoró como un acierto gubernamental ecuatoriano haber recuperado la planificación y el rol del Estado y ponerlos en una instancia protagónica. El “regreso del Estado” implica que han regresado algunas facultades esenciales: la rectoría estatal. Existe cada vez una mayor experticia para diseñar política pública como un ejercicio de soberanía política. “Hacer lo que el país necesita y no lo que otros nos plantean o que hagamos, creo que superamos la etapa de las recetas para pensar nuestros países con cabeza propia”, señaló Muñoz.

Como resultado del proceso de recuperación del rol planificador del Estado en el Ecuador se mencionó un buen desempeño económico, con la inversión pública más alta de la región: 15% del PIB. El país, luego de renegociar la deuda externa, ahorró 8 mil millones de dólares que fueron transferidos al pago de la deuda social. Se han invertido 9 mil millones de dólares en el sector social ecuatoriano y se ha mejorado la red vial que hace al país más productivo. Se evidencia una caída del 12% en el índice de pobreza por ingresos y una disminución de 8 puntos de la brecha entre ricos y pobres, lo que ha generado igualdad. Detrás estos logros están el sentido de la planificación y de lo público.

El diagnóstico regional

Un panorama regional de asignaturas pendientes se enunció en el foro de UNASUR. En el marco del diagnóstico suramericano se reconocieron déficits en el avance del cumplimiento de objetivos relacionados con la concreción de una justicia social y equidad económica en la región. Las estadísticas presentadas durante las intervenciones son evidentes. En la región suramericana existe no menos de 90 millones de personas en situación de pobreza. Algunos países suramericanos mantienen niveles mayores al 10% de su población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria. Aproximadamente el 10% más rico de la población regional recibe 42% de los ingresos totales, mientras que el 40% más pobre recibe menos del 11%. La región aún registra tasas de desempleo entre el 11.5% y 4.4%. Existen notorios déficits de recursos necesarios para cubrir necesidades de demanda en servicios de infraestructura. La región evidencia importantes pérdidas per cápita por falta de mantenimiento y reparación de infraestructura de riego, energía, caminos pavimentados y otra infraestructura. 

Las contradicciones regionales son evidentes. En el continente el capital prevalece sobre el trabajo, y las condiciones mínimas laborales no se cumplen, mientras que la región mantiene una tasa de desempleo entre 11.5% y el 4.4% y la organización sindical está criminalizada. Siendo excedentaria en términos de liquidez, la región tiene 760 mil millones de dólares depositados en EE.UU e invertidos en bonos de inversión. No hemos superado la paradoja del subdesarrollo: países pobres, con sus reservas internacionales y excedentes de liquidez, financian a países del ricos del norte. Los países de la región se encuentran entre el puesto 30 y 134 de un total de 148 naciones en el Índice de Competitividad Global. Este panorama no es otro que el de la injustica social. Como muestra un botón: la Seguridad Social cubre menos de 66% en todos los países de la región. Esto es un reto por enfrentar. 

En Suramérica en el año 2012 existían 90 millones de personas pobres, 22% del continente. Esta cifra que debe escandalizar, es una alerta de que no se ha planificado la erradicación de la pobreza en la región. Es una alerta, además, en la no consecución de los logros de la política pública de nuestros países. Todavía en la región suramericana existen cinco países que mantienen un nivel superior del 10% de su población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria. El hambre en la región sigue siendo una preocupación y debe estar contemplado en la agenda de la planificación. El desafío es cómo resolver las gigantescas contradicciones de Suramérica que exhibe cifras alarmantes: el 10% más rico de la población recibe 42% de ingresos totales. El 40% de los pobres recibe menos del 11%. Esta alerta habla de un desarrollo desequilibrado e inequitativo, entre sectores urbanos y rurales, entre elites y pueblos. En la región se requieren 127 mil millones de dólares para cubrir las necesidades de demandas en servicios de infraestructura, según estudio conjunto de CEPAL Y UNASUR.

En contraste con Suramérica, Europa u los EE.UU muestra síntomas de crisis. El Desempleo en 2013 en la Unión Europea fue de 11,9% en zona de Euro y de 10,7%  y en la Unión Europea. Existe pleno empleo en Alemania y Austria, pero hay tasas de paro del 27% en Grecia y 26% en España con 6 millones de desempleados. La Organización Internacional del Trabajo, OIT,  dijo en el 2013 que la  crisis deja en la desocupación a 197 millones de desempleados en el mundo. Simultáneamente, la economía de EE.UU y UE viven un evidente ciclo de declive económico y han surgido grandes dudas de su solvencia y estabilidad, puesto que no se visualiza en el corto plazo que el dinamismo de recuperación sea similar al de los años precedentes.

Frente a esta realidad surgen las economías emergentes de los BRICS, -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se prevé que China será la mayor economía del mundo y de Europa e India será el tercer gigante, mientras que Brasil será la cuarta economía mundial. Este fenómeno traslada el centro de la realidad económica a estos países. El contexto geopolítico en estas naciones muestra que se plantean la reconfiguración del poder, en términos del protagonismo de nuevos actores y su influencia en los espacios geográficos territoriales económicos y políticos a nivel mundial. Esto implica ver con claridad los cambios políticos y las relaciones de poder -y su redistribución en el orden internacional actual-, colocando en primer plano nuevas alianzas en la hegemonía mundial y sus implicaciones en los sistemas de gobierno internacional.

Planificación para la integración soberna

Cuando se habla de una planificación estratégica se hace referencia a una planificación prospectiva, sobre el futuro, y hacían dónde marcha el modelo y la plataforma de integración. El Plan debe tener viabilidad y piso político. No es un plan de carácter administrativo, es un plan político, en un formato de estructura de acción operativa en términos estrategicos. Lo que le da la posibilidad de aplicación es su viabilidad política y esto se lo da el consenso político y el consenso político se construye en el diálogo político.  
En definitiva, no hay capacidad de incidir en el comportamiento mundial de las lógicas de poder mundial, si la región no se consolida como un actor en capacidad, en unidad, de integración para incidir en los grandes temas. El debate frente a estos temas expresó la preocupación por el futuro de UNASUR, con gobiernos de diversa índole ideológica. Se valora la voluntad política de debatir, de colocar las diferencias sobre la mesa y un elemento de confianza importante fundamentado sobre el respeto. El debate incluye las dos palabras: unidad en la diversidad. Hay un punto: qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos defender, qué permite dar referencia de poder en la estructura de poder mundial. Hay tres elementos que nos unifican, en términos de importancia: la paz, la democracia y la soberanía. Necesítanos la paz como dinámica particular de los países, el desarrollo democrático y la defensa de la soberanía. Estos valores que nos unifican  desde el punto de vista político e ideológico, desde luego pueden concatenarse en términos de desarrollo como el común denominador de un futuro digno como región. 

jueves, 5 de junio de 2014

YASUNI - ITT: LICENCIA AMBIENTAL Y LICENCIA SOCIAL


Fotografía Leonardo Parrini
Por Leonardo Parrini

Una noticia consignada por la cadena de televisión Ecuavisa da cuenta de que en los territorios Waoranis del Yasuni, en la provincia de Orellana, donde se encuentra localizado el proyecto hidrocarburífero Bloque 43 ITT (Ishpingo, Tambococha Tiputini), tuvo lugar un proceso de consulta previa, libre e informada a las comunidades del área de intervención petrolera por parte de la Secretaría de Hidrocarburos Ecuador, SHE, entidad adscrita al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Dicho mecanismo de diálogo entre el Estado y la comunidades amazónicas que se realizó el año pasado se convirtió, según la información, en un espacio de reivindicación social comunitario en el que las comunidades del Yasuni tuvieron la oportunidad de expresar sus observaciones, objeciones y requerimientos a las autoridades del Estado frente a una eventual intervención hidrocarburifera en la zona. La nota de televisión muestra asambleas comunitarias concurridas de ciudadanos de toda condición expresando sus criterios y recibiendo información de parte de los representantes de la SHE. Ricardo Obando, representante de la SHE manifestó en la Asamblea comunitaria de Tiputini: “Que vivamos en una sociedad mucho más digna con un entorno y un habitat adecuado, con nuestra necesidades satisfechas. Comencemos a pensar en grande ustedes van a ser beneficiados de la explotación de uno de los bloques más importante del mapa catastral petrolero. La comunidad expresó sus criterios en los siguientes términos: “Es la primera vez en la historia que se ve participación de la comunidad, con el Estado presente en Aguarico”, dijo José Miguel en la Audiencia Pública realizada en la localidad de Tiputini. La Audiencia Pública representa un nuevo espacio de diálogo intercultural entre el Estado ecuatoriano y los pueblos amazónicos, para hablar de las necesidades sociales de la comunidad en relación con la política pública hidrocarburifera que impulsa la Secretaría de Hidrocarburos, promotora del proceso.

Esta noticia es complementaria de aquella que daba cuenta, días pasados, del otorgamiento de la licencia ambiental concedida por el Ministerio del Ambiente MAE a la empresa petrolera estatal ecuatoriana Petroamazonas. La ministra del Ambiente, Lorena Tapia, firmó la licencia ambiental correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental y al Plan de Manejo Ambiental del Proyecto de Desarrollo y Producción en los campos Tiputini y Tambococha. El campo Tiputini se encuentra fuera de los límites del Parque Nacional Yasuní, en tanto que Tambococha está dentro de esta reserva de la biosfera. Según la información oficial, una vez suscrito el documento, Petroamazonas EP "podrá iniciar las actividades preparatorias como la instalación de campamentos y la apertura de accesos".  

El otorgamiento de la licencia ambiental a favor de la estatal Petroamazonas para la explotación de los campos Tambococha y Tiputini, en el bloque 43 o bloque ITT, supone 15 obligaciones para la empresa petrolera. Entre otras, “en caso de existir remoción de la capa vegetal por cualquier actividad, como disposición de tuberías, campamentos, etc., Petroamazonas deberá obtener y presentar la aprobación del inventario de recursos forestales con su respectivo método de valoración económica de los bosques y vegetación nativa”. De igual manera, el MAE expresa que “antes y durante la actividad petrolera en la zona se hará un levantamiento de bienes y servicios ambientales con el fin de construir el diagnóstico ambiental o línea base, que estará controlado mediante auditorías y monitoreos periódicos”. Petroamazonas será absolutamente responsable “de las actividades que cumplan sus contratistas o subcontratistas”. Además, la empresa “estará sujeta a auditorías ambientales de parte del Ministerio del Ambiente y deberá mitigar cualquier derrame en la zona”. Se estima que bajo el subsuelo del Bloque 43 en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) existen reservas por 919 millones de barriles de petróleo pesado.

La información consigna que los tres campos (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) formaron parte de la extinta iniciativa Yasuní ITT que “buscaba mantener el petróleo bajo tierra”. Ecuador lanzó el proyecto hace seis años en la sede de Naciones Unidas, cuando pidió la "corresponsabilidad" económica de la comunidad internacional para no explotar el crudo del ITT, lo que también suponía evitar la emisión a la atmósfera de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono, que se generaría con la combustión del hidrocarburo. El Gobierno de Ecuador anunció públicamente el año pasado la decisión de explotar el petróleo del ITT una vez que fracasó la iniciativa por falta de apoyo internacional.

Sectores opositores al proceso de explotación hidrocarburifera en la zona del Yasuni expresaron  que el “"Ministerio de Ambiente firma licencia para explotar Yasuní ITT. Sin consulta, sin democracia", según escribió Yasunidos en su cuenta de Twitter, en la que adelantó una campaña llamada "democracia en extinción". Al respecto, en su cuenta en la misma red social, la ministra de Ambiente invitó "a la ciudadanía a ejercer una veeduría activa" para la cual, dijo, se ha activado una página de "veeduría ciudadana". Por su parte el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, “ha asegurado que la extracción de petróleo en la zona del Yasuní se efectuará con la mejor tecnología disponible para minimizar el impacto ambiental”.

Una licencia comunitaria

Dichas informaciones sugieren de que estamos en presencia de algunos hechos significativos, concatenados en un acontecimiento inédito y esencial para los destinos del Ecuador y los habitantes de la región amazónica. El Ecuador asume por primera vez la explotación responsable de su riqueza natural, bajo cuatro ejes de la política estatal: soberanía del Estado sobre los recursos naturales no renovables; estímulo a la inversión estatal y privada para exploración y explotación petrolera; concesión de beneficios sociales comunitarios, amparados en la ley; y la sostenibilidad y sustentabilidad ambiental de los proyectos hidrocarburíferos implementados en la Amazonía ecuatoriana. Esta es una nueva era petrolera, caracterizada por un distinto rol del Estado en la administración de sus recursos naturales no renovables existentes en la zona de mayor biodiversidad planetaria. Esta realidad diversa se distingue por el otorgamiento de una anuencia política y social que viene a enriquecer y complementar la licencia ambiental y que confiere un nuevo sentido al aprovechamiento de los recursos naturales. Ambas licencias son suplementarias: Una licencia ambiental otorgada por la máxima autoridad de control socioambiental del país, el MAE; y, por una licencia social concedida en genuino diálogo por la comunidad del Yasuni al Estado interventor.

Dicha licencia social consiste en que la ciudadanía de las comunidades amazónicas de las áreas de intervención es informada, escuchada y respetada en sus privilegios colectivos y ambientales por derecho propio. Esto quiere decir que ese derecho propio es la natural prerrogativa que tienen las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y mestizas por el simple hecho histórico de pertenecer a la Pachamama de un territorio rico en recursos naturales. Estos recursos, si bien otorgan derecho a beneficios y compensaciones, no concede propiedad explicita sobre dichos recursos en su conjunto, siendo el Estado el soberano administrador de los yacimientos hidrocarburíferos que se encuentran en el subsuelo. Mientras que el espacio superficial del territorio es el escenario en el cual tiene lugar la reivindicación de derechos comunitarios, con prioridad para los pueblos amazónicos, como ha manifestado el Presidente ecuatoriano Rafael Correa, por ser ésta la región que subvenciona y financia con sus recursos naturales el futuro y progreso del país. Este panorama dista mucho de ser el nuestros vecinos, Perú y Colombia, donde los procesos de consulta no existen -o no se realizan de manera previa, libre o informada- antes ni durante las intervenciones estatales o privadas en procesos de exploración de recursos petroleros o mineros. La puesta en práctica de la Consulta Previa, Libre e Informa llevada adelante por el Estado ecuatoriano para intervenciones de extracción hidrocarburifera y minera, convierte al país en el pionero mundial en procesos de esta naturaleza. Esta consulta influyente, más no vinculante, es un soporte vital que viene a convertirse en herramienta básica de la política pública y social de los sectores estrategicos en la implementación de la explotación industrial hidrocarburifera. Cabe señalar que la Consulta Previa, Libre e Informada se ha realizado en tres procesos anteriores, a saber: XI Ronda suroriente Ecuador (provincias amazónicas de Pastaza, Morona Santiago y parte de Orellana y Napo), en las que se licitaron 17 bloques y adjudicaron 4; Ampliación del bloque 10 en Jimbikiti, Pastaza; y en intervención en el IIT bloque 43 Yasuní, provincia de Orellana.

La consulta previa es vital por algunas razones. En primer lugar consagra un derecho del ciudadano a ser informado, previa y oportunamente, sobre qué sucede en sus territorios en caso de explotación petrolera o minera. En segundo lugar se genera un espacio democrático y participativo en que la comunidad tiene la oportunidad de manifestar sus necesidades básicas en materia de salud, trabajo, educación vivienda, transporte y comunicaciones, entre otros, siendo entonces la consulta un mecanismo de reivindicación social. Y algo fundamental para una buena gobernanza: la Consulta Previa, Libre e Informada se ha mostrado eficaz como un mecanismo reductor de conflictividad social. Es decir, si tenemos a una comunidad informada, escuchada e influyente en las políticas estatales, que ahora tiene como interlocutor dialogante a un Estado incluyente y democrático que reivindica sus derechos colectivos, significa que se reduce a cero el conflicto social o político con dicha comunidad. Allí se genera, entonces, una licencia social fruto del diálogo y la observancia estricta de derechos ciudadanos.

De allí emanan responsabilidades compartidas entre Estado y dirigentes comunitarios de verificar que este diálogo genuino y de buena fe, haga posible en la práctica la convivencia plurinacional e intercultural que consagra la Constitución en el actual Estado nacional único e indivisible. Es a partir de estas buenas noticias que podemos decir que la patria avanza hacia nuevos rumbos en la relación Estado-sociedad civil, a través de un proceso justo y necesario, que profundiza la democracia como la única, aunque siempre perfectible forma de convivir en la sociedad armónica e incluyente que todos reclamamos.