PROHIBIDO OLVIDAR

 

Por Leonardo Parrini

Cuando en el artículo primero de la Constitución de la República, vigente desde el 2008, se lee que Ecuador es un Estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico, cuesta imaginar que ese mismo Estado -en un momento aciago para la historia nacional- se haya reconocido a sí mismo como criminal e indemnizado a los miembros de la familia de migrantes colombianos Restrepo Arismendi por el asesinato, en enero de 1988, de Carlos Santiago y Pedro Andrés, quienes al momento de su desaparición contaban con 17 y 14 años de edad, respectivamente.

La efeméride del arresto y desaparición criminal de los hermanos Retrepo pone en el tapete de la reflexión el rol del Estado en relación con la sociedad civil. Si bien las investigaciones –a todo nivel y ejecutadas desde lo privado y lo público- no lograron consumar el informe con la evidencia fehaciente de los cuerpos del delito, es pertinente concluir en un crimen perpetrado por la institución policial bajo un régimen estatal represivo como fue el de León Febres Cordero, durante el periodo presidencial de los años 1984 -1988.

Ese Estado de corte capitalista neoliberal, permisivo con las grandes transnacionales que saqueaban el país y represivo con los ciudadanos llanos, cumplía el rol de salvaguardar los intocables intereses de grupos económicos coludidos con el poder político, nacional y transnacional, interesado en mantener un sistema de privilegios políticos, económicos e injusticia social en Ecuador. Lo significativo es que los hermanos Restrepo, niños aun, no tuvieron absolutamente nada que ver con los sectores que se oponían a ese Estado represivo febrescorderista, motivo por el cual jamás se hubieren convertido en potenciales enemigos del régimen. Y, por el contrario, un fortuito encuentro con la policía en una carretera quiteña, una detención arbitraria, un castigo físico injustificado y, finalmente, la muerte y desaparición de los cuerpos de los dos muchachos para no dejar huella del “exceso policial”, hablan de un Estado sin control sobre sus cuerpos policiales y sus funcionarios subalternos.

La violación de los derechos humanos de los hermanos Restrepo Arismendi inició, según la crónica “en la madrugada del 8 de enero de 1988 cuando Pedro Restrepo y Luz Helena Arismendi, padres de los menores, salen de viaje con rumbo a la ciudad de Bahía de Caráquez, Manabí, en un viaje de vacaciones. Según Darlice Adorita Lara Espinosa -empleada doméstica del hogar de los Restrepo- los menores salieron a las 06h30, en el vehículo de propiedad de la familia con la finalidad de dejar a su hermana en el Colegio ecuatoriano-suizo en el que ella estudiaba^. Luego de regresar a su casa volvieron a salir aproximadamente a las 10h00, con rumbo a la ciudad de Quito, sin que se vuelva a saber nada de ellos. Según el padre de los menores, Pedro Restrepo, en horas de la mañana de ese día se llevaba a cabo un operativo policial en Tumbaco, por lo que presumiblemente fueron detenidos en ese momento, lo cual también es mencionado en las declaraciones del ex agente del SIC-10, Hugo España Torres quien dice que en esa mañana, los menores fueron detenidos ilegal y arbitrariamente por la Policía Nacional y fueron puestos a órdenes del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha, donde él trabajaba, según el mismo testigo los menores fueron torturados durante varios días por miembros del SIC-10. En las declaraciones que Hugo España publicó en su libro, El Testigo, dice que el hermano mayor Carlos Santiago Restrepo Arismendi falleció a causa de las torturas de las cuales fue víctima, debido esto a que la policía le había puesto una funda plástica llena de gas lacrimógeno en su cabeza, procediendo a golpearle fuertemente en el estómago. Según Hugo España, esto habría agravado el ataque de asma que tenía en ese momento el menor. Según las declaraciones del mismo testigo, el segundo menor Pedro Andrés fue asesinado días más tarde para eliminar al único testigo del crimen y así nadie podría darse cuenta"   

La sentencia del caso Restrepo fue dictada en junio de 1995 por la Corte Suprema de Justicia. Los policías en servicio activo cabo segundo Víctor Camilo Badillo, subteniente Doris Morán, teniente Juan Sosa y teniente coronel Trajano Barrionuevo, fueron sentenciados a 16 años de prisión, en el caso del primero de ellos, y a 8 años los restantes. Fueron encontrados inocentes los coroneles Gustavo Gallegos y Gustavo Zapata. A pesar de estas sentencias, aún se discute la culpabilidad de muchos sindicados. En mayo 14 de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos arriba a una resolución mediante la cual el Estado ecuatoriano reconoce su responsabilidad en el crimen y se compromete a pagar una indemnización de dos millones de dólares a la familia Restrepo y a la búsqueda de los cuerpos de los menores Carlos Santiago y Pedro Andrés.

El rol del Estado

Quienes hemos seguido con interés periodístico y ciudadano este infausto acontecimiento de la historia política y policial del Ecuador, no salimos del asombro del rol criminal jugado en esos años por el Estado ecuatoriano. Más aun, queda sin respuesta una pregunta esencial: ¿Qué resulta más repudiable, el crimen en sí o el andamiaje montado con posterioridad por un Estado encubridor, para soslayar su responsabilidad y borrar de la memoria colectiva el asesinato de los Restrepo?  

Queda flotando un cuestionamiento de fondo en el espeso magma de la duda: el crimen de Estado cometido en la humanidad de los hermanos Restrepo, su complicidad, encubrimiento y silencio estatal, estuvo a cargo de instituciones llamadas a esclarecer los hechos a la luz de la verdad, como el sistema judicial, los ministerios del Interior y de Justicia, la policía, entre otras instancias del Estado que, increíblemente, coadyuvaron a silenciar y echar una cortina de humo sobre el caso Restrepo.   

El quid del asunto parece estar en un hecho que matiza la diferencia: el Estado no es un ente abstracto que se rige solo, que funciona automáticamente, o regido por leyes incontrolables. El Estado es un instrumento en manos de un determinado sector de la sociedad y sus aparatos ideológicos, represivos, informativos, educativos y de tales, responden a una voluntad política que refleja el matiz ideológico de quienes regentan y administran ese Estado en un momento histórico concreto.

El 27 aniversario del crimen cometido contra dos inocentes ciudadanos extranjeros en un país que se jactaba de ser “democrático”, -pero que nunca definió su rol ante la sociedad con mayor precisión y responsabilidad-, permite formular una cuestión de fondo: ¿Qué aprendió Ecuador, a la luz del trágico caso Restrepo, y hasta dónde las enseñanzas calaron hondo en la conciencia de su pueblo para que nunca más se repitan hechos tan execrables como el crimen de Estado que segó la vida de Carlos Santiago y Pedro Andrés? Prohibido olvidar, parece ser el imperativo necesario que mantenga viva la frágil memoria de los ecuatorianos. La didáctica de la historia de los hermanos Restrepo señala un valor esencial que sí está claro: un país se reivindica a sí mismo y ennoblece cuando el Estado ejerce el respeto de los derechos colectivos e individuales, más allá de la letra constitucional y de la sombra del olvido.