Por Leonardo Parrini
Una
vieja canción de los años sesenta del español Manolo Galván, versaba:
Hubo una hermosa doncella que tenía 15 años y una belleza muy fresca.
Se bañaba junto al río en un rincón de la alberca
Un día tres mozos llegan para sin ser vistos y al verla se
excitan ante esa flor rebosante de pureza
Y entre los tres y a la fuerza destruyeron de la niña la más
grande de sus prendas…
Y de aquel salvaje acto lleno de horror y violencia saliste
tú mi hijo para alegrar mi tristeza.
Solo viví para ti, no me entregué fue a la fuerza…Madre,
muchas gracias por ser una madre entera…
Galván
se hizo famoso con ese tema y la canción se convirtió en un clásico, porque la
historia es recurrente: adolecentes violadas, convertidas en madres a la fuerza.
Mientras
reviso mis apuntes -y repiquetea esa canción en mi cabeza-, me sorprende una estadística
reveladora: 3.800 violaciones terminaron en embarazos durante el 2010 en el
Ecuador. El reporte del censo de ese año indica que el Carchi es la provincia
con mayor incidencia, con el 69% de los casos de madres adolescentes entre los
12 y 19 años. Marcia, de 13 años, oriunda de Tulcán, protagonizó la canción del español,
cuando luego de una fiesta de su colegio fue asaltada y violada por dos
individuos mientras regresaba a casa. La espesura de la noche ni la vergüenza
familiar, pudieron silenciar el hecho: la niña decidió denunciar el caso a las
autoridades y a los pocos días la menor sintió los síntomas del embarazo
forzado. La adolescente pasó a engrosar la lista de madres adolescentes que, según datos del
Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), en 2010, reportan que un
total de 3.864 niñas menores de 14 años fueron madres.
Voces
de alerta
La relación violación aborto fue un tema
debatido por la Asamblea Nacional en el 2012 imponiéndose la tesis del aborto legal
solo en casos de mujeres con discapacidad mental. Esta decisión no tomó en cuenta
una realidad: el aborto es un problema de violencia y de
derechos, que del 25% al 40% de los abortos son provocados y en pobreza. Hoy día,
el Código
Integral Penal del Ecuador COIP, en su artículo 171, tipifica como delito de violación
“al acceso carnal con introducción total o parcial del miembro viril
cuando la persona sea menor de 14 años”, aun cuando sea con el consentimiento
de la mujer.
Verónica Vera del Colectivo Salud Mujeres,
concluye en que “se podría decir entonces, que todos estos
embarazos al tratarse de niñas menores de 14 años, son producto de una
violación”. La fuente menciona que, a nivel internacional, el 30% de los asaltos
sexuales dejan en estado de gravidez a las víctimas mujeres, pero el caso en el
Ecuador no arroja datos certeros. No obstante, según el último censo del 2010, se
revela que entre los 12 y 19 años, suman 122.301 las adolescentes embarazadas
que se convirtieron en niñas madres en el país.
El COIP, en su artículo 149 señala la penalización
para el aborto, aun en casos de violación, dejando abierta la posibilidad de que
una menor que resulta embarazada, luego de ser violada, no tiene otra
alternativa que ser madre a la fuerza. Excepto el aborto no punible, tipificado
en el artículo 150: El aborto practicado por un médico u otro profesional de la
salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge,
pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando ella no se
encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos:
Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer
embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Si el
embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de
discapacidad mental.
Organizaciones
de mujeres y feministas reclaman la despenalización total o, al menos para
casos de violación. El argumento es enteramente atendible, puesto que las legislaciones
restrictivas nunca han impedido que las mujeres aborten, únicamente obligan a
que lo hagan clandestinamente, a costos exorbitantes y en pésimas condiciones.
Es más, las actitudes culturales cargan la culpa del embarazo no deseado
a las mujeres y dejan a los hombres libres de responsabilidad.
Encuestas realizadas en el país indican que el 64 %
de la población ecuatoriana está a favor de despenalizar el aborto por
violación. Se conoce que una de cada cuatro mujeres en el Ecuador sufre
violencia sexual, y cada cuatro minutos una mujer aborta en el país en
condiciones inseguras e infrahumanas. Los colectivos femeninos sugieren con
justa razón que “si un embarazo es producto de una violación o de
un acto violento, la mejor solución sería recurrir al aborto terapéutico. De este modo, “las mujeres tienen derecho a asumir su propia vida y
tomar decisiones que le den bienestar y serenidad”.
El aborto es un derecho
privativo de toda mujer que la ley o norma penal debe regular. "Mantener
la ley tal como está es un retroceso. Y ustedes (asambleístas) tienen la
obligación de que nuestros derechos no retrocedan", afirmó en su momento Margarita
Carranco, del Movimiento de Mujeres. También en esa ocasión se hizo oír la voz
de su colega Sarahí Maldonado: "Nos están obligando a tener el hijo de un
violador. Con esta ley se legitima la violencia”. Virginia Gómez de la Torre,
del Frente de Defensa de los Derechos Reproductivos, manifestó en su
oportunidad que “en el país hay 0,80 % de casos que se enmarcan en la violación
a una mujer con discapacidad mental. Mientras que "el nuevo Código no
amparará al otro 99,2 % de mujeres violadas".
En opinión de
los colectivos femeninos “Ecuador perdió la
oportunidad histórica de despenalizarlo en casos de violación. Era una
posibilidad de responder a una demanda de las mujeres y a una realidad concreta
del país, "porque en Ecuador la violencia sexual es un dato de todos los días”.
Por tanto existe una deuda pendiente con las mujeres, si bien el debate
pone en la palestra un tema polémico, éste debería ser discutido y resuelto sin
otro interés que restituir un derecho colectivo de las mujeres a discenir sobre
su propia vida reproductiva. Cuando la ley no se ajustaba a la realidad, se corre el riesgo de
legislar al margen de la vida.
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