Plebiscito: El quid del asunto

Fotografia Leonardo Parrini

Por Leonardo Parrini

Cuando se arranca de premisas falsas,  las conclusiones a que se pretende arribar también corren el riesgo de serlo. La Asamblea de Montecristi no renuncio al Estado de Derecho por el hecho de privilegiar el presidencialismo en los contenidos de la nueva Constitución. Varios países de América Latina, entre ellos Chile, tienen un régimen llamado presidencialista matizado por la existencia de un variopinto organismo legislativo, y no por ello han desdeñado el orden jurídico constitucional establecido.

Toda formación político social apela a la consulta popular para afianzar posiciones cuando intuye o sabe a ciencia cierta que los resultados le serán favorables; la correlación de fuerzas ha cambiado en el país y ello no deslegitima el mecanismo plebiscitario.

Lo importante es que se debe poner énfasis en el análisis contenido de las preguntas de la consulta formulada por el Presidente Correa y no solo en la manera de formularlas, es decir, lo más importante es saber qué hay detrás y por delante del condumio de las preguntas que apuntan a un relevo de las formas políticas y culturales del país. 

El lado oscuro del tema es que el pueblo se pronuncie sin conocer lo que elige o rechaza. Por ello es fundamental acentuar el debate en los contenidos. En este aspecto los medios de información silencian buena parte del tema para poner en el tapete aspectos formales del asunto, como discutir los ribetes legales, o si la consulta cabe o no dentro de los linderos de un plebiscito o un referéndum. ¿Qué trascendencia tiene aquello? Esa no es la madre del cordero. Ese es un mero pleonasmo jurídico que hace felices a quienes no tienen más que pasar la vida buscando las ramas y no el tronco.

Los temas de fondo:

Estamos o no de acuerdo en agilitar la justicia que arrastra más de un millón de casos sin respuesta procesal y para que ésta deje de ser una silla de Ionesco, un absurdo que deja libre al culpable y condena al inocente que no dispone de recursos para sobornar a sus sentenciadores.

Estamos o no de acuerdo en cambiar el sentido contemplativo del sistema jurídico por uno comprometido con la justicia, renovando cuadros y funcionarios que administran la jurisprudencia como si fueran un oráculo de ancianos.   

Estamos o no de acuerdo en poner fin a una cultura de violencia que, a pretexto de espectáculo divertido o de lucrativo negocio de farándula medieval, exterminan especies animales.

Estamos o no de acuerdo en poner término a la lucrativa actividad de enriquecimiento, a través de juegos de azar que solo engorda las arcas de las mafias organizadas del juego.

Estamos o no de acuerdo que los monopolios de la información dejen de formar parte de grupos vinculados a los negocios financieros, en desventaja de aquellas empresas mediáticas que desvinculadas de negocios ajenos a su actividad, no pueden competir en el mercado de la comunicación en igualdad de condiciones. 

Estamos o no de acuerdo en incrementar la lucha contra el enriquecimiento ilícito, una expresión de corrupción que se ha convertido en una forma de ser del país, en perjuicio de la mayoría de sus habitantes. 

Estamos o no de acuerdo en limitar los contenidos de los medios masivos para reducir la difusión de formas de violencia y manifestaciones sexuales explicitas o discriminatorias.

Estamos o no de acuerdo en hacer más justa las relaciones laborales, protegiendo a los trabajadores bajo el amparo de la seguridad social.

Una Constitución es un mandato avalado por la voluntad popular que responde a una determinada correlación de fuerzas políticas y sociales que, en un momento dado, se expresan y tienen lugar en la formación social del país. La carta de Montecristi no es una excepción. Con todas sus fallas limitaciones o omisiones, es un reflejo de la voluntad política del Ecuador en esta coyuntura histórica. 

En definitiva, esta coyuntura pone de relieve el hecho de que cuando se trata de cuestiones de fondo los detractores del proceso de consulta popular distraen al país del tema proponiendo una discusión formal del asunto. No en vano salieron a la palestra sectores desplazados del poder, y sus adláteres, en patética apariencia de zombis políticos a defender las ramas cuando ven perdido el tronco. Una antología de políticos profesionales que otrora también propusieron al país una constitución que, dicho con la mano en el corazón, no hizo para nada más justo, digno y vivible a mi lindo Ecuador.

El quid del asunto es que si nos detenemos a pensar con serena ecuanimidad en el trasfondo de las 10 preguntas presidenciales, lo más probable es que se produzca un mayoritario consenso en torno a la necesidad de responder afirmativamente a la consulta popular. Esto por el simple hecho de hacer del Ecuador un territorio más viable, desde el punto de vista de la justicia y de ciertas manifestaciones sociales que ameritan ser superadas, porque representan obsoletas expresiones culturales o prácticas económicas que aventajan solo a quienes añoran con seguir regentando los destinos del país desde una casa de hacienda.