Por Aitor Arjol
La realidad de un
país, de sus gentes o de sus particulares circunstancias, muchas veces, no es
la que pregonan los políticos, ni la que escenifican los medios de
comunicación. Con frecuencia, por no decir siempre, detrás de ese magnífico
telón, se esconde la verdadera realidad social. Esa realidad que unos pocos
profesionales de la crítica, o de la información, se atreven a revelar, porque
así lo exige su ética, que es un poco la de todos.
Cuando se
construyen esas realidades artificiales, no cuesta mucho darse cuenta de que
son paraísos construidos por los propios medios, por quienes los controlan y
por quienes, finalmente, están interesados en vendernos una determinada imagen,
en controlarnos y en asegurar nuestra presunta ineptitud.
Dicen que el
verdadero rey es quien controla los medios, la realidad y la opinión pública.
En ese sentido, para ese rey lo mejor es disponer de una ciudadanía ignorante,
torpe, ociosa y preocupada por problemas inventados por el mismo rey para
entretenimiento de sus súbditos. El entrenamiento asegura la ausencia de voces
críticas, desde luego, así como el aborregamiento generalizado. Además, impulsa
una sensación de ensimismamiento que permite mantener toda una caterva de
mangantes, ladrones, corruptos, espontáneos, listillos, malandrines y
mentecatos en el manejo de nuestras vidas. Un manejo moral en toda regla.
Para asegurar la
efectividad de ese sistema, por si acaso todavía queda alguna voz
sobresaliente, basta con establecer las oportunas medidas legales para
legitimar ese control arbitrario. Con voces sobresalientes nos podemos imaginar
a toda una masa de ciudadanía cabreada, con la paciencia agotada y hartos de
tanta mezquindad. Asimismo, a toda suerte de organizaciones, movimientos
sociales y ciudadanos más o menos organizados, que amenazan con tomar el pulso
de las manifestaciones en contra del sistema. También a los pocos profesionales
o medios de comunicación que denuncian públicamente toda la miseria que el
poder, con la convivencia de los medios que controlan, pretenden esconder. Y
cuando las protestas amenazan, finalmente, con ponerles en evidencia, es
suficiente con utilizar la ley hecha a medida del poder.
En ese contexto es
como surge la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, apodada “ley mordaza” por
cuanto convierte una excepción en regla. Hay que tener cuidado en cómo se hace
uso normativo de la función de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
De la protección del orden público al desmadre hay un largo trecho. Si se
suprimen las verdaderas garantías de un Estado democrático de Derecho, es como
si volviéramos a recordar los viejos fantasmas de largas décadas de dictadura,
que todo español, fuera de la edad que fuera, recuerda bien.
La “ley mordaza” no
hace sino simplificar ese proceso de arbitrariedad punitiva o, para que me
entienda hasta el pastor que regresa con sus ovejas al pueblo, o el niño que
masca chicle junto a la puerta de tienda de chuches, da absoluta libertad al
Estado para acabar con el poco espacio que quedaba a la ciudadanía. Con que
usted, mengano, fulano o zutano, protesten o le llamen ladrón al que lo es, le
podrá caer un azote tal de euros que quedará bien escarmentado. Sanciones
económicas que son más aptas para que las paguen los caciques que para haga
frente a ellas un humilde ciudadano en paro o con una nómina que no alcanza el
Salario Mínimo Interprofesional. Y si usted decide solidarizarse con quienes
están siendo desahuciados de sus inmuebles, por impago o por las cuestiones que
sean, ese asunto también le convertirá en prófugo de la justicia.
En un país con más
de cuatro millones y medio de desempleados, con un nivel preocupante de
violencia de género, con un número inimaginable de imputados por casos de
corrupción, lo más inaudito es que todo un presidente del gobierno, de repente,
saque pecho, aparezca en todos los canales de televisión, en pleno diciembre de
este año, y se atreva a decir que la crisis económica ha concluido. Es más,
incluso añade que eso se percibe claramente en la actitud de la gente en estas
fechas, en los ojos del dependiente, de quien reparte las cervezas, de cómo te
atienden en los estantes de los supermercados, en la sonrisa del reponedor o en
la que nos sirve los cafés con el pincho de tortilla en el bar. Es evidente que
esa visión de la justicia, con la venda en los ojos, como si fuera ciega, es
totalmente disculpable ante semejante atentado contra la sensatez. Sea cual
fuere, también es la realidad social, concreta y palpable, que todos los
ciudadanos de a pie, los paseantes, los currantes, los viajeros o caminantes,
se toman de un solo trago, sin que fuera del país se advierta a comprender
realmente lo que sucede.
De lejos, España
parece un hazmerreir. Es cierto. Nadie lo esconde. Es lo que exportan los
medios de comunicación, una vez más, con estas informaciones tergiversadas,
alarmistas o emocionales. Es más de lo que cuentan. Es peor de lo que
transfieren. Es mucho más dramática. Pero también mejor, mucho mejor. Aquí se
esconden ciudadanos a los que nadie presta la voz y todos los días ofrecen la
mejor de sus sonrisas. De esos que son capaces de seguir con su vida, como si
tal cosa. El jubilado que se va a pescar. El carcinero que reparte cuchillazos
a su filete. Una amplia masa de jóvenes que advierten que su futuro está lejos
de aquí. La televisión que sigue exponiendo su basura al intelecto. Los
imputados judiciales que están pendiente de juicio. El juez que lleva adelante
los tres procesos de corrupción más importantes y que, paradójicamente, a
instancias del poder, terminará siendo apartado de los mismos porque está de
paso y la plaza saldrá a concurso público, para que la lucha contra la delincuencia
de joda y en vez de prosperar. Y todos los días sigue aumentando la lista de
personas anónimas, a cuál con la situación económica más deprimente, a las que
despojan de sus viviendas, porque no pueden hacer frente al pago de la
hipoteca.
Un simple esbozo
del país donde vivo. España. Donde a diario se confunde nuestra verdad, la de
todos, con las declaraciones oficiales donde se afirma, con la mano puesta
sobre las tapas de la Biblia, que la crisis ya es pasado, que todos son
honrados y que la función de las instituciones públicas es velar por el
bienestar de todos. Un genocidio moral en toda regla por parte de quienes
tienen la responsabilidad de decir la verdad, asumir los problemas sociales y ofrecer
una solución a los mismos. Quién sabe si nos amordazarán de nuevo.
