LA HIPOCRESÍA NORTEAMERICANA

Por Leonardo Parrini

No sorprende, pero indigna, el “informe” de EE.UU que “denuncia las restricciones a la libertad de expresión en Ecuador”, y mete en el mismo saco “la represión de disidentes en Cuba y China, la concentración de poder en Venezuela”. No sorprende, porque habitualmente el Gobierno norteamericano juzga la situación de los derechos humanos en aquellos países con los cuales quiere tener, o tiene, conflictos de orden político o económico. Así esta vez el informe hace referencia a lo que sucedió en el 2013 en relación a “la falta de elecciones libres en Irán, la situación de derechos en Corea del Norte y los atroces abusos en Siria, que consideró deplorables”.

La pregunta obvia es ¿quién confiere autoridad moral, legal o política a los EEUU para arrogarse el derecho de juzgar a otros países? El documento emitido por el Departamento de Estado norteamericano, destaca 24 países en los que los DDHH “se deterioraron más durante 2013”, sin que exista organismos internacional alguno que haya solicitado dicho juzgamiento. Al presentar el informe, el  secretario de Estado, John Kerry, señaló "Hoy reafirmamos nuestro compromiso de mantenernos del lado de los muchos que buscan dignidad y contra aquellos que se la niegan".

La dignidad es una palabra que en boca del funcionario estadounidense suena a una ironía que raya en la burla. La potencia capitalista del norte es, precisamente, el país menos indicado para pretender darnos lecciones de dignidad, cuando su historia indica que el propio país ha sido construido sobre la explotación de razas y pueblos sojuzgados por los gobiernos norteamericanos. Es más, su sistema político y económico, es expresión de la indignidad y atropello a los países del mundo en los que la geopolítica de EEUU ha intervenido por la fuerza, en detrimento de la libre autodeterminación de los pueblos.

La prestigiosa revista estadounidense Foreign Policy, cuestionó las sanciones unilaterales impuestas contra Irán bajo el pretexto de violaciones de derechos humanos y escribió: "Desde luego, no importa que Estados Unidos haya invadido dos países extranjeros (Afganistán e Irak) y que soldados estadounidenses hayan torturado y violado a miles de personas en las cárceles de Guantánamo, Bagram y Abu Ghraib, porque la atención y las miradas están dirigidas a Irán y no a los prisioneros en Afganistán y Guantánamo que, esposados, son colgados del techo y son golpeados hasta dejarlos sin vida". La publicación concluye en que esta es una muestra de “algunos ejemplos de violaciones de los derechos humanos en EEUU y la realidad de que los militares norteamericanos ignoran los derechos más elementales en otros países”. No es casual, entonces, que los informes anuales del Departamento de Estado norteamericano sobre las violaciones de los DDHH siempre están concentrados en los países con los que Estados Unidos busca tener una confrontación. 

El sistema de justicia norteamericano no es precisamente una muestra de transparencia y equidad. Bajo el imperio de leyes antiterroristas el Gobierno norteamericano mantiene un régimen de terror en cárceles fuera de su territorio, como el caso del campo de concentración de Guantánamo, en Cuba. Informes de la ONU señalan que “existen evidencias de que algunos detenidos han sido torturados y denuncian alimentación forzosas a prisioneros en huelga de hambre -docenas de ellos protestaron de este modo en 2006 - e interrogatorios llevados a cabo tras confinamientos solitarios prolongados o en condiciones extremas de temperatura, luz y ruido”. Guantánamo es sólo una parte del sistema de campos de detención que mantiene Estados Unidos en el exterior, y que incluye otros campos en Irak y Afganistán, como lugares de detención secretos de la CIA.

Numerosas Organizaciones No Gubernamentales norteamericanas, como el Centro de Información sobre la Pena de Muerte y la American Bar Association, y juristas prestigiosos, en los últimos tiempos, han prestado particular atención a las violaciones de los derechos humanos en Estados Unidos. Las Naciones Unidas nombraron un Relator para investigar lo concerniente a las irregularidades en relación con la aplicación de la pena de muerte. Y todas las investigaciones y estudios permiten llegar a la conclusión de que Estados Unidos es el «mayor violador» de los derechos humanos en el mundo.

El sistema de justicia norteamericano incluye la pena de muerte abolida en la mayoría de los países del mundo. Desde que se restableció la pena máxima -hoy está vigente en 38 estados de los 50 de la Unión-, le ha sido impuesta a 3.660 acusados, de los cuales 360 fueron ejecutados y 3.300 se encuentran pendientes de ajusticiamiento, entre ellos 49 mujeres. El pasado año fueron ejecutadas 74 personas. Entre los que perdieron la vida a manos del verdugo en las cárceles norteamericanas, el 59% era afronorteamericano, hispano o perteneciente a otras minorías, cuyo conjunto no sobrepasa el 20% de la población del país. Y en Alabama el 69% de los ejecutados es negro. Por ejemplo, en juicios por homicidio de 1.000 personas blancas fueron condenados a la pena máxima 93 afronorteamericanos, en tanto que por la muerte de 1.000 negros no fue condenado a esa pena ningún blanco.

La represión y ejecución aplicada a las mujeres en los EE.UU, universalmente proscrita, no es precisamente ejemplo de dignidad. Un método de tortura practicado es el denominado “atadura como un cerdo»” que consiste en esposar manos y pies del detenido y atarlos a su espalda, para después arrojarlo al suelo como un balancín. Este tormento ha producido numerosas muertes por asfixia posicional. Los «cinturones de electrochoque» que producen grandes dolores y terror y el uso del gas lacrimógeno que es utilizado por 3.000 departamentos de policía, ya ha producido la muerte a más de 60 personas que fueron rociadas con él.  En el caso de las prisiones de mujeres, EE.UU ocupa un lugar preponderante dentro de estos maltratos y violaciones por parte de los guardianes que, igualmente, cuando son denunciados siempre escapan a la sanción.

La violación de los derechos humanos es un problema que muchos sectores estadounidenses no aceptan, o al menos, minimizan. En el ámbito nacional, el gobierno de Estados Unidos permite la violación sexual en las cárceles de los hombres como atestigua Human Rights Watch. Hombres que violan a otros hombres y las autoridades penitenciarias a lo largo y ancho del país lo desmiente, no lo reconocen y no hacen nada para evitar dichas violaciones. No hay una legislación al respecto. Cada año miles de empleados son despedidos o se toma represalia por intentar sindicalizarse. Especialmente, después de la tragedia del 11 de Septiembre, leyes como la Ley Patriótica son un instrumento que permite violar el derecho a disentir y la privacidad de grupos o personas que denuncian la política de Estados Unidos. Antes de juzgarnos como país, el Departamento de Estado norteamericano debería investigar si en Ecuador existe la pena de muerte, se practica la tortura en las cáceles y cuántos presos políticos reprimidos, fuera de la ley, existen en el país. La presunta denuncia de EE.UU contra Ecuador, no pretende sino ver la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en el ojo propio en un flagrante e inaceptable acto de hipocresía.