Por Leonardo Parrini
Siempre
hemos creído en la diversidad como uno de los valores trascendentes que deben mantener
vigencia en la sociedad. Diversidad que no es otra cosa que la existencia de distintas
miradas a un mismo tema, múltiples lecturas posibles de la realidad. La inclusión,
cuando se trata de políticas públicas requiere de esa coherencia necesaria que
proporciona la unidad en la diversidad. Sin embargo, la inclusión en el tema de
los derechos de la mujer a decidir sobre su intimidad personal y sus derivados,
-sexualidad, reproducción y maternidad-, no tiene plena expresión en la convivencia
nacional. Esta omisión deviene por una imprecisa postura del Estado, que ya no
es diversidad, sino ambigüedad pura y dura.
¿Las
opiniones vertidas por los funcionarios acerca de los temas de educación sexual,
reproducción y abstinencia son emitidas oficialmente o son opiniones personales?
La pregunta es pertinente, puesto que sobre esos temas se advierten mentises entre
los burócratas del Estado. Respetables opiniones, si se tratase de versiones emitidas
a título personal, pero contradictorias si son parte de las políticas públicas.
La
primera opinión que saltó a la palestra fue formulada por Mónica
Hernández, responsable del ex Enipla y actual Plan Familia Ecuador. Hernández se
pronuncia por la abstinencia y por una educación sexual que
omita todo criterio de anticoncepción o aborto, como medidas preventivas del
embarazo y/o maternidad adolescentes. “Nosotros
estamos hablando de postergación del inicio de la vida sexual. Abstinencia
viene de la palabra abstenerse y de pronto para que se le quite un poquito ese
contenido, porque es real, se está mencionando que en Plan Familia lo que vamos
a hacer es promover la abstinencia como una de las maneras de anticoncepción.
Vamos a dar mucho énfasis a la abstinencia o a la postergación del inicio de la
vida sexual, pero no vamos a forzar a nadie”.
La
opinión de Hernandez que se manifestó en contra de la fruición sexual como
derecho de la mujer adolescente, no sólo provocó polémica, sino además el rechazo
de diversos sectores de la población femenina del país. Sin embargo, Hernández
reitera su desdén a la anticoncepción por uso del condón: “yo tengo estudio en grupos focales como adolescentes en que los
mencionan. (Que) el sexo es seguro con preservativo, no hay tal en un
adolescente, puede ser que sí en un matrimonio en que toman sus decisiones”.
En
seguida, otra declaración emitida por un funcionario de alto nivel, el
Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera afirmaba que “el Estado debe enseñar a las mujeres que es preferible que retrasen su
vida sexual y retrasen la concepción para que puedan terminar una carrera”.
Esta afirmación fue considerada machista por sectores feministas e impertinente
por el propio Presidente Rafael Correa, que la desautorizó como versión oficial
sobre el tema.
Luego la opinión
de máximas autoridades del parlamento ecuatoriano terminó por sepultar en el
rechazo las afirmaciones del Secretario Jurídico, por considerarlas peligrosas.
Rosana Alvarado, primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, señaló:
“Las declaraciones del Secretario
Jurídico (Alexis Mera) entrañan un doble peligro: porque son machistas y porque
fueron dichas por un funcionario de alto nivel. La tragedia es mayor porque ese
criterio está presente en la Iglesia, en la política, en la academia, en la
cultura, en los medios de comunicación. Por eso yo no me quedo en la
personalización de las declaraciones sino que cuestiono las tesis que hay de
por medio: ‘las mujeres no se valoran’, ‘hay que enseñar a las mujeres’, ‘si
las violentan es por responsabilidad de ellas’. Eso es puro machismo. Y el
machismo es el peligro mortal al que estamos expuestas las mujeres”. Alvarado aclara que “no existe desde el Estado disposición
alguna sobre la iniciación sexual”, y que “más bien la postura es proporcionar a los adolescentes y a la familia
información adecuada sobre sexualidad”. Y concluye con una frase lapidaria: “Si el
machismo mata, el feminismo emancipa, libera, dignifica a la humanidad. Yo
reivindico el feminismo.”.
Algo huele mal si en las altas esferas del Estado
las opiniones subjetivas, es decir personales, por más respetables que aparezcan,
contradicen las categorías de la política pública. En el Estado laico deben predominar
los valores no confesionales, la educación promotora de una integral responsabilidad
frente a las decisiones particulares. Si los adolescentes deciden iniciarse
sexualmente, lo menos que se puede esperar es que estén bien informados/as ante
los mitos y tabúes, porque no es la moral represiva la que los salvará de
cometer errores, sino la sabiduría frente a la ignorancia que desemboca en caminos
equivocados.
En medio del vaivén de opiniones -personales y/u
oficiales-, amerita con urgencia remitirnos
al texto Constitucional que establece, más allá de machismos y feminismos contrapuestos,
los derechos sexuales y derechos reproductivos como valores diferenciados. Y
frente a esta normativa aceptada por la mayoría de los ecuatorianos, cuando apostaron
en las urnas por la vigencia de nueva Constitución en el 2008, es la máxima ley
y la política pública la encargada de hacer que se cumplan los derechos colectivos
de la mujer.
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