Por Leonardo Parrini
Siempre tuvimos la esperanza de que la
dictadura de Pinochet durara poco. Que el dictador debía irse por la presión mundial, fue la expectativa de muchos, pero el mundo contempló diecisiete
años de tiranía sin lograr sanción para el dictador que murió en la impunidad
ante las leyes chilenas y del derecho internacional. Se cumplen 25 años del fin
del régimen militar acaecido en 1990 y la sociedad chilena todavía convive con
el fantasma del dictador y su herencia en un turbio y complejo sistema
económico levantado sobre el tinglado de una constitución hecha a la imagen y
semejanza de la dictadura, para sobrevivirla.
El fantasma de la dictadura deambula por esa
larga y angosta faja de territorio chileno y proyecta una sombra del pasado que
nadie quiere asumir. En esa sociedad inamovible tiene lugar un ritual político
de oscuras reminiscencias y los responsables esconden el rostro, se cambian de
domicilio y se camuflan en el olvido. Como si la dictadura hubiese sido un
hecho fortuito, un acontecimiento emergido de la nada, nadie quiere hoy
reivindicar “la gestión de un régimen de
terror” y reconocer su responsabilidad. Hoy los herederos de la dictadura militar
tratan de echar tierra sobre los escombros de un régimen oprobioso que dejó una
secuela todavía sin desmantelar. La lógica de una economía privatizadora que convirtió en lucrativo
y excluyente negocio servicios básicos
como la salud, educación y pensiones sigue intacta.
Los intentos de los gobiernos democráticos
que sucedieron a la dictadura, no han sido suficientes para democratizar en sus
bases a la sociedad chilena post dictadura. Poco o nada han hecho gobernantes posteriores al régimen militar por desarmar el tinglado institucional heredado
de Pinochet, que mantiene intacto el sistema educacional y laboral que
proscribió el derecho a huelga. El régimen militar que irrespetó los derechos
ciudadanos continúa sin saldar cuentas a cabalidad, luego de que provocó la muerte
a más de 3.200 personas y castigó unos a 28.000 torturados en las cárceles y
lugares de confinamiento.
Los golpes de pecho
A la sombra de
un periodo vergonzante de la historia de Chile, ciertos políticos piden perdón
a un país que aún no restañe del todo las heridas. En el Chile actual se oyen exhortaciones
para que actores, cómplices y encubridores de la dictadura se arrepientan
públicamente de sus acciones y omisiones. Pero esas voces no consiguen justicia. Si bien
la transición ha cumplido con lo previsto en el reemplazo de los actores políticos
en el poder, la sociedad chilena carga la culpa de una democracia inconclusa, con enclaves heredados de la dictadura aun insuperados. La mayor contradicción hoy
día en el país de Bachelet, es la debilidad constitucional, electoral y
ciudadana que se antepone a los avances conseguidos en dos décadas de gobiernos de la centroizquierda. La falta de una
mayor participación ciudadana en la
sociedad acusa la ausencia de mecanismos verdaderamente democráticos de inclusión
política. Una situación caracterizada por “la
existencia de instancias informales y esporádicas de participación, combinada
con la inexistencia de una legislación e institucionalización de la misma a
niveles locales, regionales y nacionales”.
La causa radica en la vigencia de una Constitución
hecha a la medida de la dictadura, cuya legitimidad y representación
no surgió de la voluntad del pueblo y más bien constituye un obstáculo para la
democracia y movilización social. La Constitución vigente fue impuesta por
Pinochet en un plebiscito fraudulento en 1980, sin embargo esa misma
institucionalidad dio paso a la sucesión de gobiernos democráticos en una democracia
formal a medias tintas. En tres dimensiones Chile tiene asignaturas pendientes.
Un sistema electoral que consagra un empate entre la primera minoría constituida
bajo la dictadura y la mayoría, y otorga poder de veto a dicha minoría para
impedir romper con el modelo institucional económico y social heredado del régimen
militar. Al sistema electoral chileno le falta componentes claves para un
ejercicio de mayor plenitud democrática, como el derecho a voto de los chilenos
en el extranjero y el nuevo proyecto que
consagra el voto voluntario de los chilenos en el país. En el ámbito de los
derechos colectivos Chile poco avanza en términos de los derechos laborales y
mantiene pendientes aspectos esenciales de los derechos de la mujer, minorías
sexuales y pueblos indígenas.
Estos indicadores demuestran que el fantasma del dictador subyace en la memoria de los chilenos en forma contradictoria. Sondeos de opinión señalan que un 76% de los entrevistados
considera que Pinochet fue un dictador, mientras que un 63% lo culpa de haber
destruido la democracia. Un 7% de chilenos cree que la dictadura fue buena
y un 9% considera que Pinochet fue “uno de los mejores gobernantes del siglo XX”. En tanto, un 18% dice que la dictadura liberó al país del marxismo.
Chile se debe a
sí mismo una nueva oportunidad constitucional que refleje los cambios de una
sociedad pendiente de restaurar su ser democrático, acorde con la voluntad
popular de sus habitantes Para los observadores el pueblo chileno no ha
recuperado "su derecho de libre determinación", en cuya virtud los
pueblos "establecen libremente su condición política y proveen asimismo a
su desarrollo económico, social y cultural". En otras palabras, existe en
Chile un reflejo de democracia que se expresa como el aspiracional de
disolver, en el olvido y en la realidad, el fantasma de la herencia de Pinochet
y su nefasta dictadura.
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