Por Leonardo Parrini
Con más vigor que el propio petróleo,
industria que mueve miles de millones de dólares en el mundo, la petrocorrupción en Brasil amenaza con
incendiar el país de la samba ante el escándalo desatado en la industria estatal más grande de
América Latina: Petrobras. Como por un tubo de oleoducto fluía el dinero producto
de contratos amañados, sobornos, sobrefacturación, testaferrismo bancario, negocios privados y compra
de puestos políticos, hasta que los primeros implicados decidieron delatar a
sus compinches en una cadena de soplonaje y delación sin precedentes en el país
carioca.
La policía llamó al operativo Juicio
Final, como premonición de lo que se avecina en Brasil luego de que un expediente
judicial encabezado por el juez Sergio Moro, aplica la delación como mecanismo
de judicialización de autores cómplices
y encubridores del caso de corrupción pública más sonado de la historia del país.
El caso involucra a personeros y directivos de la estatal Petrobras, empresarios
privados, funcionarios de segundo orden y políticos del Partido de los
Trabajadores, en una danza de los millones al ritmo de las revelaciones del
mayor delator del caso, el cambista Alberto Youssef.
La “delación premiada”, o rebaja
de pena a cambio de delatar al resto, ha puesto en la cárcel a 16 implicados,
13 empresarios, directivos, altos ejecutivos, un exdirector de Petrobras y el
cuarto delator, Alberto Youssef guardan prisión en el penal de Curitiba. Los
cargos: alimentar un sistema muy sabido que permitía a los altos directivos de Petrobras
recibir comisiones chuecas, o coimas, por contratos tramitados y aprobados en
favor de contratistas privados y realizar sobornos a destajo. Al final del día
el hombre del maletín jugaba un rol clave en un sistema de corrupción que llegó
a mover más de 10.000 millones de reales, unos cuatro mil millones de dólares,
aunque nadie puede afirmar con certeza la cifra real. Los contratos grandes bordeaban los
25 mil millones de dólares. En la ruta de la corrupción quedaban porcentajes
de comisiones entre el 10% y el 50%, pero el delator Youssef asegura que los partidos
políticos, entre ellos el PSDB y el PT de Lula y Dilma Rousseff, se llevaban su
parte, que ascendía al 3%.
La gigantesca Petrobras, con 86 mil trabajadores, “refina el
98% de la gasolina que se consume en Brasil, comercia con cerca de 20.000
empresas que le surten de todo tipo de productos y ella misma es responsable de
un décimo de todas las inversiones que se acometen en Brasil”, según datos de prensa.
El caso tiene repercusiones graves: solo dos de las diez mayores empresas de ingeniería
y construcción del Brasil no estarían implicadas en el escándalo. Existe un riesgo
cierto de que se paralicen las principales obras públicas en marcha; “en una
palabra: que el país se pare”, según afirman observadores y líderes de opinión brasileros.
La prensa carioca recoge el testimonio
de los implicados, a confesión de partes relevo de pruebas: “el soborno era
inevitable, si no, no salía la obra. Si alguien desconoce esto, desconoce la
historia de este país”. El empresario Ricardo Semler, de 55 años, en una
reciente columna en Folha de São Paulo
titulada Nunca se roubou tão pouco (Nunca se
robó tan poco) escribe: Era imposible vender directamente sin soborno. Lo
intentamos de nuevo en los años ochenta, noventa e incluso recientemente. En 40
años de persistentes tentativas, no hicimos nada”.
De las cifras de una economía corrupta
se pasó a la revelación política con “ramificaciones imprevisibles”. Los
implicados acusan a los directicos del Partido de los Trabajadores, al tesorero
del João Vaccari, de llevarse sobornos
para sufragar las campañas políticas de su partido. La Presidenta Rousseff, con el parche
puesto antes de la herida ha dicho que bajo su mandato “se investiga y se
persigue la corrupción”. ¿Será suficiente esta declaración de principios, cuando
al final del día su partido está acusado de actos de corrupción evidentes? Sin embargo,
cierto es que en su gobierno por primera vez en la turbia historia de Brasil no
habían sido encarcelados empresarios intocables. En una elocuente conclusión el
Fiscal General dijo que antes existía la justicia de las tres pes: putas, prestos
y pobres y que desde hace algunos años ya no es así. En tiempos en los que el Estado
es el referente de la ética pública, la apología de lo estatal no debe obnubilarnos
y más bién tomar, con espíritu crítico, el ejemplo brasilero para no bailar la
misma samba.
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