Por Leonardo Parrini
En el glamoroso mundo de las Relaciones
Públicas -o las iniciales PR en inglés-, suelen haber vacas sagradas. Cómo no,
si el lucrativo negocio de la imagen personal o institucional se ha convertido
en política de Estado y en un tema de estrategia multipolar. Un reciente
informe del periodista Paul Barret de Bloomberg Businessweek, puso en evidencia
que la firma de relaciones públicas en New York llamada MCSquared PR, es una de
las más activas del mercado estadounidense y del mundo en estrategias comunicacionales,
lobby y manejo de imagen. MCSquared PR ha lidiado con la Chevron en el litigio que
sostiene contra la petrolera norteamericana el abogado Steven Donziger.
No es
de extrañarse entonces, que uno de los hallazgos de la prensa de investigación internacional
hecho por el periodista Lachlan Markay del medio digital Washington
Free Beacon, lo constituya el hecho de que la MCSquared PR cuenta entre sus clientes
al Estado ecuatoriano, y que en dicha circunstancia “no había registrado dicha relación con el
Departamento de Justicia, tal como es requerido por la ley de Estados Unidos
para todo aquel que actúa como agente de un gobierno extranjero”. Situación que
ocurrió tres semanas después de que Markay publicara su investigación. Al momento
del registro saltó a la luz el monto del contrato entre el Estado ecuatoriano y
la firma relacionadora pública por 6,4
millones de dólares entre mayo de 2013 y abril de 2014, lo cual equivale a
534.000 dólares al mes.
Esto pone en evidencia
la importancia que el Estado ecuatoriano confiere al manejo de imagen y de lobby
internacional, en el contexto de una no siempre comprensiva opinión pública
internacional a favor de Ecuador. Más aun, tratándose de contrarrestar la
ingente campaña de la Chevron en contra del país. De hecho, el Ecuador es el país de
América Latina más activo en este tipo de contrataciones, superado solamente
por México, según la investigación de Markay.
De acuerdo con
dicha investigación que tuvo acceso a registros oficiales del Departamento de
Justicia, entre principios de 2009 y finales de 2014, “Ecuador habrá gastado en
Washington un total estimado de 10.426.999 dólares en honorarios más 398.191,68
en expensas y gastos de representación, a través de 10 diferentes firmas de
relaciones públicas y relaciones gubernamentales: Brown Lloyd James LDT, DTB
Associates LLP, Fenton Communications, Foley Hoag, Humanitas Global
Development, Patto Boggs LLP, Van Scoyoc Inc., McSquared PR, Ketchum Inc., y
Delahunt Group LLC, esta última contratada pocos días atrás.
Otra de las firmas contratadas por Ecuador
para el manejo de sus Relaciones Publicas internacionales fue
Patton Boggs LLP, que en un periodo estimado
de 39 meses facturó un total de 1.847.932,88 incluyendo expensas. Según los
informes periodísticos “Brown Lloyd James, trabajó con el Gobierno ecuatoriano
18 meses. En ese periodo recibió un total de 848.264,13 dólares, lo que
equivale a un pago mensual estimado de 46.602,72. Van Scoyoc Associates, Inc.
por su parte, trabajó con Ecuador durante 6 meses, facturando un total de
218.578,52 dólares”
Cuáles son los resultados
Visto a la luz
de las cifras, ¿es censurable que el Ecuador invierta en Relaciones Públicas internacionales
en un mundo multipolar con claros propósitos de sostener una relación armónica con
sus pares y con sus impares? Dicho con toda franqueza, no. No es, pues, un pecado
invertir en un tema estratégico como es la imagen del país en el exterior.
Como una forma de
cotejar los resultados de dicha inversión estratégica, hay que señalar que
Ecuador mantuvo 685 contactos con el Gobierno Americano, la prensa internacional
y otros actores relevantes. En persona se sostuvieron 177 contractos, 196 vía mail, 30 telefónicos y 282 clasificados como “otros” medios”. Las firmas que más resultados
dieron son: Brown Lloyd James con un total de 242, seguido por Fenton con 136, Patton
Boggs con 133 y Van Scoyoc con 124 contactos logrados.
El lobby
realizado por las mencionadas compañías para Ecuador apuntó a lograr reuniones
personales, emails o llamadas telefónicas para la Embajadora Nathalie Cely y otros
visitantes de Ecuador, entre los cuales resalta el nombre de Gustavo Jalkh, Presidente
del Consejo de la Judicatura del Ecuador. Los principales temas tratados en
dichas reuniones con miembros del Congreso, Departamento de Estado,
Departamento de Justicia y la oficina del Representante de Comercio de Estados
Unidos, fueron las relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos y la
extensión de ATPDEA (Tratado Andino de Promoción Comercial). La Embajada
ecuatoriana impulsó además una intensa estrategia de promoción mediática con la
contratación de anuncios en el Washington
Post, a través de la firma Fitzgibbon Media por monto de 85 mil dólares y
con la firma McSquared que colocó 125 mil dólares.
El contrato con
la MCSquared PR fue firmado entre María del Carmen Gray, Directora de la empresa
y la Embajadora Nathalie Cely, en Abril de 2013. La contratación
habría sido solicitada por Fernando Alvarado Espinel, Secretario Nacional de Comunicación
de Ecuador, respondiendo a la estrategia estatal de contrarrestar la campaña que
pretende “destruir la creciente imagen de liderazgo mundial del presidente Correa y aislar al país de la comunidad internacional, a
través de la realización de actividades de comunicación internacional y que
hagan frente a la actividad de organizaciones y corporaciones multinacionales
para menoscabar la reputación del Ecuador”. Un desglose de inversiones con MCSquared
PR permite señalar que la firma destinó “150 mil dólares al mes para la
elaboración de estudios e informes técnicos sobre tácticas de reputación, 90
mil dólares al mes en encuestas de opinión, 100 mil dólares al mes en el
desarrollo de un website y 100 mil dólares al mes y la producción de video y
material multimedia para ser publicado en portales digitales”
No cabe duda que las inversiones en imagen internacional
que hace el Ecuador son ya un tema de Estado, que debe cotejarse contra resultados.
La política pública y la comunicación mediática de ese componente deben ser,
sin duda, tratadas con el máximo rigor por el Estado ecuatoriano, como un tema estratégico,
evitando la improvisación y el descontrol de imagen. La justificación de dicha inversión
es un tema transparentado que tiene que formar parte del dominio público, sin
satanizaciones ni ambages.
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