CENSURA DE PRENSA EN ECUADOR

Por Leonardo Parrini

La 68 Asamblea General de la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, gremio que agrupa a las empresas mediáticas latinoamericanas, reunida esta semana en Sao Paulo, Brasil, emitió un categórico pronunciamiento acerca de la situación del ejercicio periodístico en Ecuador. La SIP manifestó que “la auto censura está ganando terreno, ya que varios responsables de medios de comunicación han decidido cerrar programas que puedan incomodar al Gobierno”, puesto que “no existe plena libertad de expresión y de información. Todas las funciones del Estado están tomando decisiones que la deterioran”. La evidente intencionalidad política de dicha afirmación, al margen de la autoridad que le atañe o no a un organismo privado para juzgar el ejercicio de política pública comunicacional de un gobierno del continente, remite necesariamente a la polivalente palabra censura.

Estudios sobre el origen de la palabra censura establecen que ésta se relaciona con la “reprobación o descalificación moral” ejercida como instrumento de control que ha funcionado históricamente en todas las sociedades “para sancionar la transgresión del orden establecido”. Surgida como medio de control del poder político, la censura emerge en “las sociedades con relaciones de parentesco en que el predominio de las relaciones igualitarias dan paso bruscamente a las relaciones de tipo jerárquico”. Sociedades jerárquicas que se rigen por el principio de la segmentaridad del valor, es decir, que si  a la totalidad del poder le corresponden la totalidad del valor jerárquico  el resto de la comunidad va perdiendo ese valor a media que desciende en la escala social. Esto significa que quien ejerce el poder se convierte en referente de la verdad y de los valores socialmente impuestos y/o aceptados. 

De este modo la jerarquía, o autoridad superior, abarca todos los poderes y asume todas las funciones frente al colectivo social como autoridad política institucionalizada. Así la jerarquía, erigida en ideología dominante está obligada a legitimar su poder, para lo cual ejerce la potestad de “afirmar con autoridad la verdad; decir lo que es conforme a la naturaleza de las cosas y enunciar la norma de conducta” que se convierte en ley.

Esta capacidad de la autoridad de calificar -o cualificante- tiene origen en la India en la función de los poetas panegirista encargados de elogiar, calificar o censurar a los aspirantes al poder. La censura como tal, es adoptada luego por los romanos en el Censo, que consistía en la “elaboración  de listas de ciudadanos con sus respectivos honores et onera (honor y responsabilidad política y militar) para su distribución en clases fundadas en la dignitas o en la fortuna, dos cualidades necesarias para la promoción o degradación social. La función del censo era censurar, acción que proviene del sánscrito çamsa, y del latino census o situar. En este sentido, censurar significa poner en su lugar a un hombre, acto u opinión, dándole su lugar jerárquico, por elogio o reprobación.

La prensa en su lugar

Cierto es que la prensa ecuatoriana ha sido puesta en su lugar por decisiones jerárquicas al censurar opiniones ofensivas o difamatorias contra representantes del poder, publicación de imágenes atentatorias a la dignidad de los niños y niñas o difusión de información no fundamentada. Hechos por lo demás sancionados en juicios de imprenta y con la prohibición ministerial de dar información a los medios “mercantilistas”, cierre de canales y radios locales por razones técnicas o separación  de periodistas y opinaderos de determinados espacios periodísticos opuestos al poder.

¿Y cuál pudo ser desde siempre el lugar de la prensa sino informar, entretener y educar, según su propia y voluntaria función asignada como medio de comunicación? Lugar que difícilmente puede ser compatible con el ejercicio de una actividad política como ente agitacional, promotor o detractor de tal o cual ideología o proyecto político. Sin temor ni favor la prensa debe ser el ejercicio que precautele la diversidad informativa por sobre la libertad de empresa, derecho atingente a otro ámbito de la gestión corporativa privada. Diversidad no siempre practicada por los medios en un auto atentado a su propia prerrogativa de incluir todas las versiones en sus realizaciones de prensa. Diversidad informativa que constituye, eso sí, un derecho irrenunciable de la ciudadanía en el discernimiento de la verdad.