SARAYACU ¿UN TERRITORIO AUTÓNOMO?

 
Por Leonardo Parrini

El territorio de Sarayacu, ubicado en la provincia de Pastaza, siempre nos pareció una tierra mítica en la que se han sucedido hechos inéditos en la historia y geografía amazónica ecuatoriana. Primero fue el intento de la petrolera argentina CGC de explotar el rico yacimiento de crudo que subyace bajo su frondosa selva viva, como suelen llamar a la Pachamama sus habitantes. Luego el juicio planteado por el pueblo de Sarayacu ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, contra la CGC Argentina, y que ganó en buena lid, en defensa de su territorio. La sentencia implicó el pago de 1,4 millones de dólares a la comunidad de Sarayaku por daños ambientales causados por la petrolera argentina en el año 2002. Dentro de la sentencia de la CIDH, se estableció que el Estado, a través de sus máximos representantes, debe dar disculpas públicas al pueblo de Sarayacu por el atropello a sus derechos y proceder al retiro de la pentolita, explosivo con que la compañía CGC buscó petróleo en el suelo de Sarayacu. Adicionalmente, la CIDH sentenció que en el territorio de Sarayacu no puede existir militarización ni incursión armada. Además, en un plazo razonable y con la respectiva disposición presupuestaria, se deberán implementar programas, o cursos obligatorios, en derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, dirigidos a funcionarios, militares, policiales y judiciales, así como a otros cuyas funciones involucren relación con pueblos amazónicos. También el Estado deberá organizar y financiar un acto público e internacional de reconocimiento de la responsabilidad que le fue imputado, el mismo debe ser efectuado en la comunidad.

En la actualidad, está pendiente el cumplimiento cabal de la sentencia, en términos del retiro de la pentolita, y aun se discute quién debe representar al Estado para ofrecer las disculpas al pueblo de Sarayacu. Hoy día este territorio se ha convertido en una especie de Estado dentro del Estado con medidas de libre determinación, como cobijar a tres prófugos de la justicia ecuatoriana. Al respecto, el Presidente Rafael Correa ha manifestado que “Están provocando, están deseando la violencia y si eso llegara a ocurrir, la responsabilidad es de aquellos que desafiaron el estado de Derecho, los tres fugitivos, que en lugar de enfrentar sus responsabilidades exponen a esa comunidad”.  

Asilo indígena

El ex asambleísta Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el activista Carlos Figueroa, se encuentran al amparo del territorio de Sarayacu, provincia de Pastaza por decision de sus dirigentes. La medida responde al presupuesto de que la fuerza pública no puede ingresar a territorio de Sarayacu, conforme las medidas cautelares que dicta la sentencia del CIDH. Frente a la resolución de proteger a los 3 fugitivos de la justicia, el presidente Rafael Correa ha señalado que la estrategia de los dirigentes de Sarayacu “es desconocer el Estado de derecho”.

La CIDH, en su informe a favor del asambleísta Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio, y Carlos Figueroa, -condenados a 6 y 18 meses de prisión y al pago de $145.000 por el delito de injuria en contra del presidente Rafael Correa,- consideró que la afectación sobre el derecho a la libertad de expresión no es “susceptible de reparación, restauración o de adecuada indemnización”.  Las medidas cautelares a favor de los tres sentenciados, se  basan en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH que le permite “a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares”. Ante esto, el experto en derechos humanos Salim Saidan, en entrevista con diario El Telégrafo, expresó que la CIDH comete un error en su análisis porque evalúa que la irreparabilidad de ese derecho no es semejante a lo que podría suceder con el derecho a la vida o a la integridad personal.

Es de Perogrullo decir que Sarayacu no constituye un Estado dentro del Estado; sin embargo, no está por demás recordar que el separatismo es un delito político e inconstitucional en un Estado unitario, plurinacional e intercultural, como el que está vigente en el territorio ecuatoriano, y al cual pertenece Sarayacu como parroquia de la provincia de Pastaza. La sentencia de la CIDH no es patente de corso para acciones ilegales reñidas con la justicia, como amparar a personas que se encuentran al margen de la ley. Políticamente los dirigentes de Sarayacu, con representación ante sus bases no pueden convertir en una charada el legítimo derecho del pueblo Kichwa a sus reivindicaciones sociales. 

Autonomía forzada

Para entender qué está pasando en Sarayacu es necesario tomar en cuenta algunos elementos que se advierten en el panorama político nacional e internacional. Detrás de la declaración de brindar “asilo” a los tres sentenciados, subyace una estrategia de desconocer el Estado de derecho nacional vigente y esta acción se enmarca en la estrategia de la derecha internacional, llevada a cabo por ONGs, que buscan desestabilizar al Estado y gobierno ecuatorianos mediante la balcanización del territorio amazónico de Sarayacu. Es decir, pretender el reconocimiento de Sarayacu como enemigo dentro de la lógica de la guerra entre estados, y no buscar ese reconocimiento mediante la conciliación. Es tal la actitud de esta estrategia de separatismo que, incluso, se pide mediación frente al conflicto. Arbitraje que no corresponde, en ningún caso, puesto que no se trata de dos Estados en guerra, sino de la insubordinación de una comunidad frente a la autoridad del Estado nacional. 

Sarayacu, por decisión de sus dirigentes locales se declara en “alerta máxima”, bajo un “Estado de excepción”, medida que no le corresponde asumir a la dirigencia indígena local, ni menos impedir el normal desenvolvimiento de clases, de la actividad económica y de la vida cotidiana en la zona como lo han hecho. En Sarayacu se está dando un proceso de discriminación positiva, que desvirtúa la lucha por los derechos colectivos y desconoce el Estado nacional. Cabe señalar que la autodeterminación de los pueblos no implica, en este caso, desconocer el Estado vigente y autoridad de ese Estado.

El mensaje de los dirigentes de Sarayacu es claro: provocar una disputa y constituir un enemigo, que es el Estado, para vigorizar su lucha y su identidad. Es un caso de desobediencia civil, con desconocimiento a la autoridad nacional. Se busca protagonismo mediante confrontación con el Gobierno por una lucha política de identidad y de liderazgo en la Amazonía. En el fondo, en Sarayacu, existe una disputa entre actores políticos que provienen del Pachakutik más radical que platean un desafío provocador y pretenden medir fuerzas para encontrar mayor espacio de poder político. Se trata de una disputa para ganar adhesiones que pone a los protagonistas en un ámbito de dramatización frente a los medios de opinión pública que dramatizan, histérizan el tema y lo presentan como elemento en contra del Estado.

Así se va ensuciando un proceso de lucha histórica de los pueblos amazónicos que desvirtúa la reivindicación indígena, porque la arrastra a la demagogia. El separatismo indigenista de Sarayacu quita contenido y sentido a la lucha por los derechos fundamentales de los pueblos colectivos. Declararse un “Estado aparte” y desconocer el ordenamiento jurídico del Estado de derecho, no representa la reivindicación de un derecho político. No puede un acto, supuestamente humanitario, ejercido en nombre de los derechos humanos de presuntas víctimas como los tres “asilados”, convertirse en trampolín político. Hay hechos supuestamente humanitarios que pueden llevar a un detrimento de un bien mayor, que es el reconocimiento del Estado unitario, y que van en desmedro de la construcción del Estado plurinacional. Sarayacu vive el desprestigio de sus principios y paradigmas, que se contaminaron de demagógica politiquería.