Por
Leonardo Parrini
La mano del Presidente ecuatoriano Rafael Correa,
embetunada de petróleo, recorrió el mundo en la imagen de una fotografía reveladora
que registró la prensa en los campos contaminados de petróleo de la selva amazónica. Aquel acto mediático de
denuncia respondía a la necesidad solidaria del Estado de apoyar una causa privada
justa, emprendida por 30.000 ciudadanos amazónicos de la provincia de Sucumbios, afectados por la acción de la petrolera
internacional Texaco Chevron, hace ya veinte años.
No cupo duda, en ningún sentido, de la
legitimidad del acto, puesto que la foto era elocuente y la credibilidad del
mandatario era garantía de veracidad testimonial sobre el daño ambiental
provocado por la empresa norteamericana y que nunca remedió debidamente. A
pocos meses de esos hechos un tribunal de Manhattan, Nueva York, dicta un fallo
condenatorio al procedimiento judicial de una corte ecuatoriana de la ciudad de
Lago Agrio, argumentando que el juez Nicolás Zambrano, que sustanció la causa, habría
sido sobornado por la defensa de los indígenas demandantes afectados por la contaminación
para obtener un fallo en contra de Texaco Chevron. Efectivamente, la sentencia
se dio en el año 2011 cuando la petrolera estadounidense fue condenada al pago
de más de 19.000 millones de dólares de indemnización por los “graves daños
ambientales” a la Amazonía entre 1964 y 1990, años en que operó la Texaco, luego
adquirida por Chevron.
Con posterioridad
la sentencia fue rebajada a la mitad, 9.500 millones, por la Corte Nacional de
Justicia de Ecuador. En octubre de 2013, Chevron demandó en Nueva York a los
colonos ecuatorianos y solicitó que se reconozca que ese fallo había sido
dictado de manera fraudulenta. El Juez Lewis Kaplan acogió la demanda de Chevron y sentenció: “Este tribunal reconoce
que sí ha habido contaminación pero el caso aquí no es lo que ocurrió en
Ecuador, hace más de 20 años, o quien es el responsable, sino si la sentencia condenatoria
fue adoptada por medios corruptos, más allá de si la causa era justa o no”. El petróleo
vertido por la compañía Texaco Chevron ha cobrado más de un millar de vidas por
enfermedades derivadas de los mismos. Muchos indígenas y agricultores siguen
afectados por las secuelas.
Según la corte de Nueva York, el abogado defensor de los ecuatorianos, Steven
Donziger, sobornó con 500 mil dólares al juez Nicolás Zambrano para que dicte sentencia
en contra de Texaco Chevron. Durante el proceso que duró tres meses, la
petrolera presentó pruebas del soborno de Donziger al juez Zambrano y de cómo otro magistrado, Alberto Guerra -que testificó en el proceso-, fue quien
redactó parte de la sentencia a cambio de 1.000 dólares mensuales pagados por
el abogado estadounidense. Por lo tanto, "los demandantes aquí no pueden
beneficiarse bajo ningún concepto de esa sentencia y esta decisión de hoy
prevendrá que puedan hacerlo", concluyó el juez Kaplan. Los demandantes apelarán
el fallo de Nueva York, aseguró el abogado Juan Pablo Sáenz, quien destacó que
las demás acusaciones presentadas contra Chevron ante las justicias de
Argentina, Brasil y Canadá no se ven afectadas por la decisión de este martes
del juez estadounidense.
Un mal
juicio
El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha hecho del caso una cruzada nacional, denunciando a Chevron por
su negativa a pagar los daños y llegando a asegurar que se trata de una
cuestión de “honor nacional”. Al parecer una parte de un documental realizado sobre el tema, ha
servido como pruebas para Chevron. La compañía tuvo acceso a las cientos de
tomas descartadas de la cinta Crude,
que denuncia la contaminación de las compañías de petróleo en las que aparecería Donziger
en conductas legalmente inapropiadas.
Las interrogantes
caen por su propio peso. En primer lugar ¿cómo es que un fallo que se dice que
es fruto de la corrupción y el soborno a un juez, es ratificado por la Corte
Nacional de Justicia de Ecuador, sin que haya existido sospecha de la sentencia
forjada como ilícita? Quiere decir entonces que se ha puesto en cuestionamiento la probidad del sistema judicial ecuatoriano, lo cual amerita un aclaración. El juez Kaplan reconoce que el daño ambiental existió ¿por
qué la estrategia ecuatoriana no logró concentrar en ese punto el alegato de la
defensa y se dio lugar a juzgar el procedimiento de la sentencia contra Texaco Chevron? Si las pruebas para sentenciar de ilegal
y corrupto el fallo del Juez Zambrano fueron obtenidas del propio material
audiovisual de la defensa ecuatoriana ¿Cómo es que las tomas de video en bruto de esos documentales
caen en manos de la Chevron y son usadas como prueba en el juicio?
El Gobierno ecuatoriano,
a través del Estado, manifestó su apoyo solidario con los demandantes privados amazónicos,
al punto que el propio Presidente Rafael Correa compromete su gestión personal y
credibilidad en la causa ecuatoriana ¿No habrían detectado los abogados del Estado
el incumplimiento del debido proceso y los actos corruptos -o es que hubo complicidad-,
lo cual es una posibilidad frente a la que nada se ha dicho en ese sentido? La acusación de Chevron
es audaz, y si es confirmada por el juez neoyorkino, ¿no amerita una investigación por
parte del Estado ecuatoriano? Es el momento de llevar el caso a otras
instancias judiciales internacionales, incluso a tribunales como el de La Haya,
para que se compruebe o descarte la irregularidad que motivó el fallo contra
los ecuatorianos amazónicos. Más allá de los procedimientos de la ley, está la justicia.
Esta debe brillar por su transparencia y probidad. Sólo entonces habremos hecho
todo lo pertinente para salvaguardar el “honor nacional”.
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