Por
Leonardo Parrini
Como flores en primavera estos días retoñan ecologistas por doquier. Los
hay aquellos de viejo cuño que mantienen un discurso defensista de pajaritos y flores,
mezclado con la tendencia consumista de usar productos de marca -que sí contaminan
el ambiente-, como aerosoles, plásticos y líquidos conductores de electricidad,
entre otros. También los hay de nuevo cuño que, en la comodidad de su hogar,
oficina y ONGs, proclaman preocupaciones "ecologistas" por sobre las demás necesidades
humanas como alimentarse, asistir a un buen colegio, vestirse, educarse, tener
salud y, por cierto, disfrutar de unas vacaciones en contacto con la naturaleza.
Y están los deudores de la naturaleza, morosos de una deuda que
no cobran ni pagan, atrincherados en la comodidad de sus bufetes industriales
que controlan la producción de bienes y servicios de consumo masivo. Ellos son los
países capitalistas desarrollados, llamados a pagar la deuda ambiental por concepto
de enriquecimiento -¿ilícito?- en el lucrativo negocio de producir insumos
contaminantes a nivel mundial.
Estos depredadores industriales adquirieron una deuda - además de moral-, que está legalmente basada en el principio
de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, adquiridas en corresponsabilidad
planetaria por el uso del espacio atmosférico que, como se sabe, es un bien público.
Los países industriales, como morosos ambientales, se enriquecieron e inflaron
sus economías apropiándose de un espacio de uso común y público: la atmósfera.
De allí que mantienen una deuda planetaria de proporciones incalculables.
El Ecuador, bajo el actual régimen, propuso en la Convención Contra el Cambio
Climático, CCCC, un mecanismo denominado Emisiones Netas Evitadas, ENE, que fue
aprobado en la CCCC. El mencionado mecanismo consiste en el reconocimiento a un
país que de manera libre decide disminuir, o abandonar, actividades industriales que ocasionan emisiones a la
atmósfera. El país que así actúa puede pedir una compensación a los países desarrollados
contaminadores como parte de pago de la deuda ambiental adquirida.
Esa modalidad de compensación ya estaba contemplada en la REDD o Reducing Emissions from Defosrestation and
Forest Degradation que sostiene que un país que decide no deforestar sus bosques
tiene derecho a recibir una compensación por su decisión. Es en ese contexto
que el Ecuador propuso la Iniciativa Yasuní ITT de dejar bajo tierra 25% de la
reserva petrolera del país y recibir en compensación 3.600 millones de dólares en diez años
que representan la mitad del valor económico a que renunciaba el Estado. Han transcurrido tres años de la formulación de la propuesta
ecuatoriana –la tercera parte del plazo de diez años- y sólo recibimos 10 millones,
es decir el 0,37 de lo presupuestado a la fecha. Ante la falta de responsabilidad
y compromiso de parte de los deudores industriales que debieron compensarnos y así pagar su onerosa
deuda planetaria, el Ecuador decide dejar sin efecto la Iniciativa ITT y valerse
de los recursos allí existentes.
Entonces los ecologistas de viejo y nuevo cuño saltaron a la palestra en
defensa del Yasuní, y se olvidaron de denunciar a los verdaderos responsables de la contaminación
planetaria, es decir, los países industriales que, demagógicamente, hablan de defensa
ambiental. Los ecologistas incapaces de ver el panorama completo, reducen el
tema a un asunto ambientalista aislado
de los problemas sociales que se inscriben en una lucha global contra la
inequidad y desequilibrio social y ambiental. No pueden comprender en su
reduccionismo ideológico que la defensa real de la naturaleza no consiste en declaraciones
de escritorio, sino en la aplicación de una política pública de defensa
constitucional, práctica e integral de la naturaleza, incluido el recurso tanto
humano como natural.
En el Yasuní no hay riesgos inminentes, excepto los propios de toda
actividad humana. Ese tesoro nacional, tanto por su riqueza ambiental como hidrocarburífera,
está ya siendo explotado desde hace muchos años en cinco bloques petroleros (14,
15, 16, 17 y 31) que se encuentran muy distantes de las áreas intangibles
protegidas. ¿Por qué entonces ahora saltan a la palestra los
oportunistas o es que ignoraban dicha realidad?
El Estado ecuatoriano actual
ha redoblado esfuerzos de cuidado ambiental, inspirado en la Constitución más
proteccionista del mundo. Y lo hace con plata y persona. El presupuesto para
apoyar el sistema nacional de áreas protegidas PANE, Patrimonio de Áreas
Naturales del Estado, era de apenas 2.7 millones de dólares en el 2005, el día de
hoy asciende a 21 millones de dólares. Ya es un avance significativo, tomando en
cuenta que se requieren 44 millones para cumplir con el cabalmente con el programa.
La verdadera preocupación ecológica se debe insertar en el conjunto de reivindicaciones
humanas que sólo una sociedad incluyente de la diversidad social y ambiental
puede garantizar. Proclamar, sin demagogia, el nuevo sostenimiento de un
sistema de organización más racional y justo, no sólo “sostenible” en las
palabras, implica ir más allá de los discursos a los hechos, para avanzar
hacia un nuevo orden social. En este
sentido, a industriales morosos y ecologistas oportunistas, los árboles no les dejan ver el bosque.
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