LA SELVA ENSANGRENTADA

Por Leonardo Parrini

El impenetrable follaje del bosque del Yasuní en la geografía más biodiversa del mundo, la selva amazónica ecuatoriana, es el escenario de una historia ancestral escrita con sangre. Cuando el anciano Ompure, guerrero Waorani del clan Gabarón se adentró en la selva, -para él fuente de vida y sabiduría-, jamás imaginó que encontraría la muerte a manos de sus propios hermanos de sangre: los Taromenane. En la espesura selvática fue atacado cuando caminaba con su congénere Buganey. El asalto fue tan sorpresivo y certero que nada pudieron hacer antes de ser atravesados por las gigantes lanzas de chontaduro, probablemente envenenadas con curare, como dicta la ley indígena.

Este fratricidio étnico ocurrido el 5 de marzo pasado, abrió la herida de ancestrales retaliaciones entre clanes amazónicos. Ompure y Buganey habían sido sentenciados a muerte hacía ya algunos años por enemigos Tagaeri. Ompure se internaba en la selva por períodos de dos a tres meses y era uno de los pocos interlocutores entre pueblos aislados y waoranis que tienen su habitat en los asentamientos Kawimeno, Dícaro, Peneno y Yarentaro.

La venganza indígena, ley suprema de una dialéctica ancestral vigente, a través de los tiempos, no se hizo esperar. En represalia, los Waorani atacaron la semana pasada a un grupo no contactado Taromenane con un saldo -no confirmado oficialmente- de al menos treinta indígenas muertos en las inmediaciones de Yarentaro. Cawetipe Yeti, Presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador dijo en entrevista que “de seguro hay más de treinta muertos, más de treinta”. La venganza había sido ejecutada.

El Estado ecuatoriano, en una declaración del Presidente Rafael Correa, caracterizó la situación como una “lucha entre clanes”, que dio lugar a un hecho “extremadamente complejo”. Y esta complejidad forma parte de la cultura atávica de estos pueblos amazónicos que tiene raíces históricas profundas en el tiempo. Su habitat es el Parque Nacional Yasuní, un área de 9.820 km2, declarado Reserva de la Biósfera por la UNESCO debido a su extensa biodiversidad y la presencia de indígenas Waorani y dos facciones, Tagaeri y Taromenane, que viven al interior de la selva no contactados.

El Waorani -que literalmente significa humano en lengua huao terero- es un pueblo que habita el  territorio localizado entre el rio Curaray y el rio Napo, en un área de 30.000 km2 de las provincias de Orellana y Pastaza. En las últimas cuatro décadas unos dos mil individuos se han asentado en forma sedentaria en la selva, territorio que dominan con extraordinaria sabiduría del entorno biodiverso, animales, plantas medicinales y alimenticias. Se supone que los Waorani descienden de la unión de un jaguar y un águila y que las serpientes son un presagio muy malo y la matanza de ellas es un tabú de gran alcance. Sus chamanes son expertos en la elaboración de una neurotoxina llamada curare con la que envenenan lanzas y cerbatanas para uso en la cacería y defensa territorial. El primer contacto con los waoranis data de 1955, pero sólo en 1990 lograron el reconocimiento de su propiedad colectiva sobre una reserva indígena de 6.125 km², donde llevan una existencia semi-autónoma con prácticas grupales que incluyen la poligamia entre los hombres y relaciones de incesto familiar.

Sus descendientes, Taromenane y Tagaeri, viven en el aislamiento voluntario del mundo externo a su habitat selvático. Considerados un tesoro humano y cultural, al igual que el entorno ecológico donde viven en la selva virgen del Ecuador, los grupos no contactados incluyen unos 300 Taromenane y unos 30 Tagaeri sobrevivientes. Su territorio, rico en biodiversidad, ha sido destruido paulatinamente desde hace 30 años por compañías petroleras y desde hace 15 años por madereras que talan bosques en el corazón del parque nacional Yasuní. La defensa que los Taromenane Y Tagaeri hacen de su entorno los llevó a aislarse, en la década de los años sesenta, en un territorio impenetrable que demarcan con señales en los árboles. A partir de entonces su fama de bravura y fiereza trasciende el habitat que defienden con su vida y donde practican la caza y la guerra, el amor por la naturaleza, el puntual pacto entre clanes e incluso el robo de mujeres para la continuidad del grupo.  

Visión estatal de una realidad ancestral

El ataque waorani a los grupos no contactados puso en alerta a toda la región amazónica ecuatoriana y ha causado diversas reacciones nacionales e internacionales. La cobertura mediática no ha estado exenta de polémica, a partir de una publicación del matutino quiteño La Hora que publicó fotografías de los guerreros waoranis atravesados por lanzas. El hecho periodístico reñido con las normas legales está tipificado en el numeral 1 del artículo 212-A del Código Penal, que señala que "será sancionado con prisión de seis meses a tres años quien por cualquier medio, difundiera ideas basadas en la superioridad o en el odio racial". Este acápite legal dio lugar a una demanda del Estado contra el mencionado periódico, al considerar que  “la publicación de estas fotos pueden aumentar la desgracia que involucra a las comunidades Waorani y Taromenane, puesto que si las imágenes publicadas de manera tan irresponsable fuesen vistas por integrantes de la agrupación Waorani, o quienes comparten o apoyan su posición, muy posiblemente se estimularía la violencia, el odio y el deseo de venganza", según afirma la Secom en un comunicado oficial. Esta posición es ratificada por el mandatario ecuatoriano quien argumenta que “la publicación atenta contra los derechos humanos consagrados en el Pacto de San José y contra la ley ecuatoriana”.

La historia de los pueblos ancestrales Waorani, Taromenane y Tagaeri se repite como tragedia. Consideraciones de índole sociológica de algunos sectores de opinión insinúan que esa historia y la situación presente de estos pueblos, no puede ser abordada “tratando de aplicar una Constitución o leyes no aptas”. Por su parte el Estado ecuatoriano debe observar medidas cautelares señaladas por la CIDH “para implementar la protección de los Pueblos Libres”, las mismas que incluyen la prohibición de realizar sobrevuelos en el área donde se habría producido el ataque waorani. Estas medidas son concomitantes con el segundo inciso del numeral 21 del artículo 57 de la Constitución, referente a que el Estado adoptará medidas para garantizar la vida en territorios de los pueblos en aislamiento voluntario, para hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento. La violación de esos derechos constituiría el delito de etnocidio, tipificado en el Código Penal.

A la luz de los hechos el conflicto étnico de los pueblos ancestrales implica, en primer término, el respeto a sus autodeterminaciones en el marco de la convivencia que garantiza el Estado plurinacional y multiétnico, en un ámbito como el amazónico donde el Estado, antes del Gobierno actual, nunca estuvo presente. Esto supone el reconocimiento a sus territorios y la decisión de evitar contactos para no ahondar la “falta de posicionamiento del Estado en un escenario territorial, social, político, económico y cultural que es nuestra Amazonía, donde el Estado no ha hecho presencia durante décadas". La política pública hace bien en apuntar a lo que ya es una decisión oficial: considerar estos ataques, entre waoranis y pueblos en aislamiento, "como parte de un circuito, de una espiral de retaliaciones que permanentemente suceden y que difícilmente se pueden establecer con arreglos provenientes de la legislación, de la normatividad o las formas de ejercicio de la política pública", que son comunes para quienes estamos en las ciudades y en el mundo rural que no es el amazónico.