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lunes, 18 de marzo de 2013

LOS DERECHOS HUMANOS ¿UN ARMA POLITICA?



Por Leonado Parrini

La defensa de los derechos humanos, condición inalienable de la persona, implica la perentoria necesidad de precautelar bajo cualquier circunstancia su integridad física y espiritual, tanto de manera individual como colectiva. No obstante, este mandato de la conciencia atraviesa la zona densa de las ideologías imperantes en cada época histórica.

Cuando la Organización de Estados Americanos, OEA convocó en 1969 a sus miembros a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, eran tiempos de liberación del pensamiento crítico latinoamericano que daría origen a una encarnizada batalla entre regímenes despóticos y las fuerzas democráticas del continente. Los 24 países sur y centro americanos, (sin EEUU), en esa oportunidad “se comprometieron internacionalmente a respetar y dar garantías para que sean respetados lo derechos humanos”. Así, esta instancia regional jugó un rol vital en la defensa de los derechos ciudadanos atropellados por las dictaduras imperantes en el cono sur durante las décadas de los años 70 y 80.

Iniciado el nuevo milenio, EEUU, sin haber suscrito la Convención de 1969, comenzó ejercer una influencia unilateral en los organismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos -creada en 1959- que ya no vio como prioridad la defensa de derechos civiles en los países que retornaban a la democracia representativa. Bajo el predominio norteamericano, la lucha por los derechos humanos se focalizó entonces, en las naciones que habían definido su derrotero por la senda del socialismo del siglo XXI. Regímenes como Cuba, Ecuador, Venezuela, Argentina y Bolivia han sido frecuentemente cuestionados por la CIDH por presuntas violaciones a los derechos humanos y libertades ciudadanas. 











¿Comisión independiente?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, con sede en Washington, está integrada por siete miembros que deben “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia”. En la actualidad, la CIDH recibe dineros del gobierno norteamericano para financiar sus actividades. La relatoría especializada en la defensa de derechos de la niñez recibe cien mil dólares anuales, la de migrantes percibe 50 mil dólares; en contraste, la relatoría de defensa de la libertad de prensa recibe un millón de dólares al año. Para el Gobierno ecuatoriano este desequilibrio es inaceptable por considerárselo tendencioso.

El Presidente Rafael Correa ha señalado la necesidad de que la CIDH tenga su sede en uno de los países miembros que deben financiar su presupuesto, para no permitir injerencias de naciones no suscritas. La Comisión “debe ser financiada por los estados que hemos firmado la Convención”, convertida hoy en “instrumento de la política exterior” estadounidense contra los gobiernos críticos con la Casa Blanca. El gobierno ecuatoriano ha invitado a los miembros de la OEA a aportar con los 15 millones de dólares que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos requieren para funcionar.

Los fuegos ecuatorianos se centran en la Relatoría Especial para la Libertad de expresión de la CIDH, que es financiada por Washington, la Unión Europea y ONG norteamericanas, ya que aquello “supone la supremacía del capital que está detrás de las empresas dedicadas a la comunicación”, ha dicho Correa. La CIDH, a su vez, ha criticado la relación de Correa con la prensa nacional y se ha opuesto a los fallos en contra de los medios de información sancionados por los tribunales ecuatorianos.

Con estos antecedentes Ecuador ha solicitado una reunión especial de cancilleres que la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará el 22 de marzo próximo para debatir un plan de "fortalecimiento" de los organismos regionales encargados de la defensa de los derechos humanos. Sectores de la prensa nacional consideran que el propósito de esta reunión es “cortar las alas de esos organismos” de derechos humanos y “cercenar severamente su capacidad de ejercer la delicada misión que les ha sido encomendada, en defensa de las libertades esenciales”.

Dicho encuentro diplomático deberá poner en el tapete de la discusión el hecho indiscutible de que los derechos humanos no son un botín político de ninguna ideología, o no deberían serlo. Por tanto, su uso como pretexto de un país, o de un sistema para sus propósitos e intereses particulares, debe ser el primer punto que los cancilleres deben esgrimir en su denuncia. No les asiste autoridad moral ni política alguna a aquellas potencias, amparadas en el poder del dinero y la hegemonía geopolítica, que hoy se quieren erguir en paladines de la defensa de derechos que antes no suscribieron y libertades que nunca han defendido desinteresadamente.

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