Por Leonardo Parrini
El control de precios de los
productos es tan antiguo como la humanidad y está estrechamente ligado al tira
y afloja entre productores, comerciantes y consumidores por establecer los
márgenes de ganancia. La acción de ejercer control sobre los mercados ha
contado con promotores y detractores como expresión de las relaciones de poder
existentes en cada época.
En la antigua Babilonia, hace
4.000 años, el Código de Hammurabi impuso un férreo sistema de control de
precios, y en Atenas, la fuerte demanda de alimentos obligó a los dirigentes a
controlar los precios de los granos, medida que contó con la aprobación del
propio Aristóteles que se mostraba a favor de un precio justo de los víveres.
En la ciudad de Amberes, sitiada por los españoles en 1584, se generó escasez y
aumento en el precio de los alimentos. El gobierno de la ciudad decidió
establecer severas penasen contra de quienes especularan con el valor de los
productos. El resultado fue doblemente negativo: por un lado, desalentó la
llegada de productos desde el exterior ya que ningún comerciante quería correr el
riesgo y por otro redujo el consumo.
Control de la especulación
Recientemente, el 22 de febrero,
el Presidente Rafael Correa, firmó el Decreto Ejecutivo 1438 que establece un
mecanismo referencial de precios de los productos de consumo de primera
necesidad, con el propósito de evitar la especulación de comerciantes
mayoristas y minoristas. El mecanismo consiste en que los cinco primeros días
de cada mes serán publicados los precios referenciales de los productos sujetos
a control en la página web del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca (Magap) y del Ministerio de Industrias y Productividad
(Mipro).
El precio referencial resultará de
la aplicación del promedio de los precios –entre el central, el más alto y el
más bajo- de cada producto vendido en los mercados mayoristas del país. Los
administradores deberán anunciar los precios referenciales en lugares visibles
de los establecimientos que administran. Entre los productos sujetos a
regulación están la carne de res, cerdo
y pollo, la leche, los plátanos, las cebollas, los pimientos, el frejol y las
lentejas, arroz, verduras, tubérculos y frutas. La decisión gubernamental busca
mantener control sobre la inflación que en el año 2012 fue del 4,16% anual,
impulsada por el incremento de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. La
inflación en enero de este año se ubicó en el 1.5% y se proyecta a una cifra anual del 6.0%
hasta fines del 2013.
No obstante que la medida de
controlar los precios cuenta con la aprobación mayoritaria de la ciudadanía, representantes de los comerciantes aducen que el control de precio de
bienes y servicios termina desalentando las inversiones y la oferta de los
productos.
Blasco Peñaherrera, Presidente de
la Cámara de Comercio de Quito, señala que la medida es "nociva" para
la economía, puesto que los controles de precios "exageran la informalidad
y generan mercados negros”. El representante empresarial dice que “la prueba está
en Cuba y Venezuela, donde esos controles han generado desabastecimiento, dado
que ningún productor venderá a precios menores a los precios de costo”. Si los
precios que establecen las autoridades suenan adecuados para los consumidores y
asoman políticamente rentables pero no satisfacen a los productores,
simplemente dejarán de producir y no habrá estos productos. Puesto que nadie habla
de que los comerciantes deban producir y vender por debajo de los precios de costo,
no deja de ser sorprendente la impúdica posición de fuerza que reconoce que el
abastecimiento y fijación de precios no es consecuencia automática del mercado,
sino de una decisión deliberada de los vendedores.
Diego Ordoñez afirma en un
editorial: “cuando se proscribe un producto, la demanda que no disminuye, lo
procura en el mercado negro”. ¿No es este un tácito reconocimiento de que los vicios
del mercado impiden a los comerciantes honestos actuar dentro de la ley y, al
mismo tiempo, procurar ganancias razonables? Como argumento político se señala
que la medida de control de precios surge como “una necesidad ideológica,
persistir en el uso de la retórica demagogia populista con la que el gobernante
se asume capaz de erradicar una conducta y práctica inevitable en una persona
que tiene una mercancía en sus manos: especular en la búsqueda del mejor
precio”.
¿Por qué la decisión de los
comerciantes de anunciar la negativa a invertir en el negocio y de ofertar sus
productos a precio regulado y justo? La respuesta es sencilla: desmedido afán
de lucro o insensibilidad social, como concurrentes a un mercado que,
presuntamente, regula los precios y el abastecimiento de los productos. Si la
regulación automática de precios en el mercado fuera una realidad, no
existirían nocivos monopolios que imponen la distribución y los precios
de bienes y servicios con prácticas anticompetitivas de concentración y
acaparamiento de los recursos mercantiles.
La mayor parte de las mercancías
se intercambian en mercados donde el comerciante fija las condiciones de pago
al consumidor. Tanto en bienes manufacturados, como en la casi totalidad de los
servicios, el productor o el intermediario fijan el precio según su inversión,
elección tecnológica, publicidad y contratación de mano de obra; y, de este
modo, se adaptan a las respuestas de la demanda con el propósito de incrementar
sus ventas. Ese, y no otro, es el quid del negocio. Por esta razón, no deja de
ser una falacia en el sistema capitalista vigente, hablar de mercados libres o
de regulaciones automáticas del precio de los productos.
Eludir el control de precios no es
más que una práctica colusoria y antidemocrática de ciertos comerciantes inescrupulosos
que restringe el consumo masivo a niveles elitistas para aquellos sectores de
mayor poder adquisitivo, en desmedro de la economía popular, prioridad constitucional
establecida en la ley. En ese sentido, el control referencial de precios es una
medida llamada a ser defendida como un derecho adquirido de los consumidores
que con organización, vigilancia y denuncia ciudadana, estamos llamados a hacer
cumplir.
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