Fotografia Leonardo Parrini
Por Leonardo Parrini
Ecuador ingresa a una nueva
era de explotación hidrocarburífera con el anuncio hecho esta semana por el
presidente Rafael Correa que señala a la región selvática del suroriente
ecuatoriano como el nuevo destino petrolero del país. El territorio está habitado
por nacionalidades, comunidades y pueblos indígenas que deben alcanzar el
desarrollo gracias a sus recursos no renovables, ya que “necesitamos petróleo,
minería, cobre para salir de la pobreza y eso es una buena noticia”, manifestó
el mandatario.
El anuncio de Correa se
convierte en una premonición factible con la realización de la XI ronda de licitación que deberá contratar los servicios
de empresas interesadas en explorar y explotar 21 bloques hidrocarburíferos en la
región suroriente. El proyecto cuenta con la firme resolución estatal de romper
barreras culturales e integrar a las comunidades indígenas de las zonas de
influencia, donde algunos confunden “folklore ancestral con pobreza”, dijo el mandatario
ecuatoriano en alusión a dirigentes indígenas y fundaciones internacionales ecologistas
que se oponen a la extracción petrolera en la Amazonía ecuatorial.
¿Qué trae de nuevo el petróleo para Ecuador?
La nueva etapa petrolera deja
atrás una historia que se remonta a 1921, cuando la Leonard Exploration
Co. de Nueva York que había obtenido del gobierno
un área de 25 mil kilómetros cuadrados, extrajo
el primer barril de petróleo de la Amazonía ecuatoriana. Años más tarde la Shell
explotó petróleo en el suroriente hasta 1948, año en que decide abandonar el
país aduciendo inexistencia de crudo. Posteriormente, en la década de los
sesenta, Ecuador ingresa al boom
petrolero, en una segunda etapa hidrocarburífera que arranca en marzo de
1967, con la extracción de 2.610 barriles de crudo obtenidos por la Texaco del
pozo Lago Agrio 1, en la frontera nororiental del Ecuador.
El llamado boom petrolero significó para el Ecuador,
según el técnico de hidrocarburos Ricardo Obando, la implementación por parte
del Estado de “políticas entreguistas y serviles que no democratizaban los
beneficios del recurso natural no renovable”. La existencia de contratos
leoninos firmados por el Estado con
empresas petroleras internacionales que obtenían el 80% de la
participación en el negocio, confirma que “el último beneficiado era el pueblo
ecuatoriano”, concluye Obando.
Atrás queda una historia que no estuvo exenta de la tragedia ambiental con la intervención irresponsable de compañías extranjeras que desolaron la Amazonia nororiental de contaminación y muerte. Emblemático es el juicio contra Chevron Texaco, fruto de la lucha y de la reivindicación de las "comunidades que fueron afectadas por los malos niveles de gestión socio ambiental y operativa de una empresa que no cumplió con los estándares" que demanda la industria petrolera.
Atrás queda una historia que no estuvo exenta de la tragedia ambiental con la intervención irresponsable de compañías extranjeras que desolaron la Amazonia nororiental de contaminación y muerte. Emblemático es el juicio contra Chevron Texaco, fruto de la lucha y de la reivindicación de las "comunidades que fueron afectadas por los malos niveles de gestión socio ambiental y operativa de una empresa que no cumplió con los estándares" que demanda la industria petrolera.
Indomables contra la miseria
Con la reforma a la ley de hidrocarburos emprendida por el
gobierno del economista Correa la
situación dio un vuelco sustancial, a través de la nacionalización y
democratización de los beneficios obtenidos del petróleo. Al migrar los
contratos a prestación de servicios ahora las empresas internacionales que
operan hidrocarburos en Ecuador obtienen ganancias “por cada barril de crudo
producido”, cuyo precio es fijado previamente. Las transnacionales “ahora trabajan
para el Estado ecuatoriano”, que recupera el rol protagónico de control y
administración del petróleo y obtiene la totalidad de la utilidad, en tanto exista
sobreprecio del barril tasado a nivel internacional.
La premonición presidencial
que anuncia la nueva era petrolera ecuatoriana se enmarca en un “proyecto muy
ambicioso y responsable de Estado”, con la puesta en marcha de una política de
justicia social y redistribución equitativa de la renta del petróleo que deberá
romper el paradigma de marginalidad y postergación del Ecuador amazónico, cuyo
paisaje de verde interminable no tiene que ser sinónimo de miseria endémica o
triste locación para románticas filmografías ecologistas.
El nuevo modelo de desarrollo
hidrocarburífero del Ecuador deberá fomentar y potenciar el patrimonio de los recursos no renovables nacionales, con vigencia de un estatus diferente, según lo
establece el plan gubernamental del buen
vivir. Prerrogativa contemplada en la Constitución con claros mecanismos de
reivindicación de derechos de la ciudadanía y de la propia naturaleza. El
destino está trazado: Ecuador deberá echar mano de la riqueza que proviene de la
extracción de petróleo que va a financiar educación, salud, comunicaciones, tecnología
y aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y un manejo turístico
sustentable en la Amazonía, territorio que se muestra indomable contra su histórica
marginalidad y abandono.
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