Foto Oxfam America
Por Leonardo Parrini
El litigio entre las comunidades amazónicas ecuatorianas por la contaminación de su territorio contra la Texaco-Chevron tiene varias aristas que, a manera de inventario, es preciso consignar, acorde con una reveladora investigación de Santiago Roldós.
En la actual etapa del juicio, luego de trece años de una ardua batalla en las cortes ecuatorianas y estadounidenses, las partes entran en una dinámica de confrontación caracterizada por un dialogo de sordos. Mientras las comunidades afectadas mantienen una firme actitud de denuncia y demostración del daño ecológico, social y sanitario causado por la intoxicación petrolera debido a malas prácticas industriales ejercidas entre 1964 y 1990 por la transnacional demandada, ésta intenta revertir el dictamen de la justicia a su favor con argumentos de expoliación que evidencian la posición de criminal cinismo observada por la Texaco Chevron. La petrolera, luego de reconocer que bajo su gestión se derramaron 18 mil millones de galones de aguas tóxicas o residuales sobre el suelo selvático ecuatoriano, ahora intenta convencernos de su inocencia, trasladando la culpabilidad al propio Estado ecuatoriano, no obstante que entre sus irresponsables prácticas industriales dejó de “implementar sistemas de re-inyección de esas aguas, dando paso a unas mil piscinas toxicas que continúan contaminando los suelos y agua de la zona”.
Frente a esa devastación, treinta veces mayor que la provocada por el consorcio petrolero, Exxon Valdez, la Texaco-Chevron se burla del Ecuador y del mundo destinando el 0,1% de sus utilidades, es decir 40 millones de los 30 mil millones de dólares ganados en suelo ecuatoriano, en una “limpieza” del medio ambiente contaminado que consistió en rellenar las piscinas cancerígenas con tierra para hacerlas desaparecer de la vista de los denunciantes y medios interesados en registrar las imágenes y evidencias del crimen ecológico. En medio de esta escandalosa situación, llama la atención que la descrita limpieza respondió a un convenio entre Texaco y el Estado ecuatoriano que, en manos de autoridades endebles entre 1995 y 1998, aceptó condiciones nefastas para los intereses del país, permitiéndole a la transnacional petrolera dar una manito de gato allí donde había provocado un auténtico desastre al eco sistema amazónico de país. La cifras son reveladoras: el índice admisible de toxicidad en los EEUU, según el estándar americano, es de 100 ppmm (partículas toxicas por millón de galones), pero la ley ecuatoriana acepta 1000 ppmm, obligándole a Texaco a limpiar la zona por debajo de los 5000 ppmm, es decir, permitiéndole un amplio rango de toxicidad, no obstante la petrolera exige en la corte de Lago Agrio que el índice de contaminación permitida sea por sobre los 10000 ppmm.
Las mediciones de contaminación realizadas en las zonas donde operó la Texaco son del orden de los 300 mil ppmm y, en casos extremos, se han llegado a detectar 900 mil ppmm, es decir crudo en estado puro. Así se explica que la población de las comunidades Cofanes, Shuars, entre otras, exhiban “casos de cáncer, leucemia infantil, abortos prematuros y demás desastres sanitarios en la zona, que son 300 y 500 veces mas altos que en el resto del Ecuador”. La investigación de Roldós establece además que la Texaco Chevron ha desplegado recursos enormes en el litigio para dar vuelta la situación a su favor, enfrentando la demanda con “expoliación, fraude y desprecio”, tratando de dilatar un juicio que lleva trece años y que, aun estimaciones conservadoras, sugieren que todavía restan otros diez años de lucha en las cortes. En este tiempo, la Texaco Chevron, no ha escatimado esfuerzos comprando voluntades mercenarias para desvirtuar la acusación, pagando a científicos, periodistas y voceros a sueldo para confundir a la opinión publica y negar cínicamente su responsabilidad en el chernóbyl amazónico criminalmente provocado contra 30 mil habitantes de la selva ecuatoriana. Por sobre la ignominiosa calamidad ecológica causada por nuestra ex socia petrolera, preciso es que prevalezca la conciencia de que la Texaco debe, legal y económica recibir una sanción que siente jurisprudencial mundial y le obligue a indemnizar, en la proporción del daño, a los afectados, para que el nunca jamás funcione en este caso, y que voces dignas se multipliquen en su clamor por el imperio de la ley y la justicia.
El litigio entre las comunidades amazónicas ecuatorianas por la contaminación de su territorio contra la Texaco-Chevron tiene varias aristas que, a manera de inventario, es preciso consignar, acorde con una reveladora investigación de Santiago Roldós.
En la actual etapa del juicio, luego de trece años de una ardua batalla en las cortes ecuatorianas y estadounidenses, las partes entran en una dinámica de confrontación caracterizada por un dialogo de sordos. Mientras las comunidades afectadas mantienen una firme actitud de denuncia y demostración del daño ecológico, social y sanitario causado por la intoxicación petrolera debido a malas prácticas industriales ejercidas entre 1964 y 1990 por la transnacional demandada, ésta intenta revertir el dictamen de la justicia a su favor con argumentos de expoliación que evidencian la posición de criminal cinismo observada por la Texaco Chevron. La petrolera, luego de reconocer que bajo su gestión se derramaron 18 mil millones de galones de aguas tóxicas o residuales sobre el suelo selvático ecuatoriano, ahora intenta convencernos de su inocencia, trasladando la culpabilidad al propio Estado ecuatoriano, no obstante que entre sus irresponsables prácticas industriales dejó de “implementar sistemas de re-inyección de esas aguas, dando paso a unas mil piscinas toxicas que continúan contaminando los suelos y agua de la zona”.
Frente a esa devastación, treinta veces mayor que la provocada por el consorcio petrolero, Exxon Valdez, la Texaco-Chevron se burla del Ecuador y del mundo destinando el 0,1% de sus utilidades, es decir 40 millones de los 30 mil millones de dólares ganados en suelo ecuatoriano, en una “limpieza” del medio ambiente contaminado que consistió en rellenar las piscinas cancerígenas con tierra para hacerlas desaparecer de la vista de los denunciantes y medios interesados en registrar las imágenes y evidencias del crimen ecológico. En medio de esta escandalosa situación, llama la atención que la descrita limpieza respondió a un convenio entre Texaco y el Estado ecuatoriano que, en manos de autoridades endebles entre 1995 y 1998, aceptó condiciones nefastas para los intereses del país, permitiéndole a la transnacional petrolera dar una manito de gato allí donde había provocado un auténtico desastre al eco sistema amazónico de país. La cifras son reveladoras: el índice admisible de toxicidad en los EEUU, según el estándar americano, es de 100 ppmm (partículas toxicas por millón de galones), pero la ley ecuatoriana acepta 1000 ppmm, obligándole a Texaco a limpiar la zona por debajo de los 5000 ppmm, es decir, permitiéndole un amplio rango de toxicidad, no obstante la petrolera exige en la corte de Lago Agrio que el índice de contaminación permitida sea por sobre los 10000 ppmm.
Las mediciones de contaminación realizadas en las zonas donde operó la Texaco son del orden de los 300 mil ppmm y, en casos extremos, se han llegado a detectar 900 mil ppmm, es decir crudo en estado puro. Así se explica que la población de las comunidades Cofanes, Shuars, entre otras, exhiban “casos de cáncer, leucemia infantil, abortos prematuros y demás desastres sanitarios en la zona, que son 300 y 500 veces mas altos que en el resto del Ecuador”. La investigación de Roldós establece además que la Texaco Chevron ha desplegado recursos enormes en el litigio para dar vuelta la situación a su favor, enfrentando la demanda con “expoliación, fraude y desprecio”, tratando de dilatar un juicio que lleva trece años y que, aun estimaciones conservadoras, sugieren que todavía restan otros diez años de lucha en las cortes. En este tiempo, la Texaco Chevron, no ha escatimado esfuerzos comprando voluntades mercenarias para desvirtuar la acusación, pagando a científicos, periodistas y voceros a sueldo para confundir a la opinión publica y negar cínicamente su responsabilidad en el chernóbyl amazónico criminalmente provocado contra 30 mil habitantes de la selva ecuatoriana. Por sobre la ignominiosa calamidad ecológica causada por nuestra ex socia petrolera, preciso es que prevalezca la conciencia de que la Texaco debe, legal y económica recibir una sanción que siente jurisprudencial mundial y le obligue a indemnizar, en la proporción del daño, a los afectados, para que el nunca jamás funcione en este caso, y que voces dignas se multipliquen en su clamor por el imperio de la ley y la justicia.
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