Por
Leonardo Parrini
Cuando niño esta
frase infundía miedo: ojo por ojo. Equivalía a decir, por cada ojo que me golpees
te sacaré uno a uno los tuyos. Esa sentencia amenazante y vengativa cobra
vigencia en la política continental. La sed de venganza crece como espuma en la
forma de revanchas constitucionales que dan paso a un ajuste de cuentas que
anima a la derecha latinoamericana. La realidad de
los triunfos electorales de la derecha en Argentina y Venezuela, producto del
deterioro de las políticas progresistas de dichos países, parece
dar la razón al análisis del sociólogo norteamericano James Petras: “Ante el
hecho de que el deterioro empieza a afectar el bolsillo de la gente, la idea de
ir más allá del populismo y del nacionalismo hacia el socialismo, estaba sobre
la agenda”, pero “cuando los gobernantes no toman ese camino, terminan
preparando el camino para que vuelva la derecha” que “aprovecha las
dificultades económicas que afectan a los sectores populares y -obviamente- con
el gran respaldo del capital nacional e internacional. Eso ha pasado en
Argentina”.
La
vertiginosidad de esta tendencia es tal que, a pocos días de nombrados Mauricio
Macri como flamante Presidente de
Argentina y Henry Ramos Allup, como el nuevo presidente del Parlamento
venezolano, la revancha política en ambas naciones está tomando tintes
dramáticos. En la tierra gaucha, la derecha que encumbró en el poder a Mauricio
Macri no pierde tiempo en proclamar un “cambio” de escenario político y
económico, caracterizado por medidas de regresión al pasado. En el terreno
económico argentino comenzó a funcionar una suerte de aplanadora que echa por
tierra todo lo conquistado por los sectores populares, como el subsidio a la
electricidad y al gas de uso doméstico. Esta medida, según el ministro de
economía J. José Aranguren “aumentara las ganancias de las empresas de
energía”. El impacto se hizo sentir en diciembre con un aumento del 6% del índice
de inflación con incremento de precios en productos de la canasta básica como
pollo, carne, leche, harina y aceite. El gobierno de Macri se propone
normalizar la relación con los mercados para acceder a créditos obtenidos con
arreglos con los llamados fondos buitres en Nueva York. También está en carpeta
la renegociación de la deuda externa argentina con el FMI, organismo que apoyó
económicamente a la dictadura última en Argentina y otorgó créditos a cambio de medidas que desmejoraron
a la población, entre ellas aumentar la edad de jubilación de los adultos
mayores.
En el plano
político el gobierno de Macri, a solo dos semanas de asumir el poder, intervino a la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC), entes que regulan las
telecomunicaciones y los medios audiovisuales de Argentina. La Ley de Medios de
Argentina llevó a la apertura y democratización del sistema de medios
audiovisuales que permanecía bajo control de los grandes conglomerados
mediáticos, especialmente del Grupo Clarín.
Las tintas
fuertes de la revancha política se hacen sentir en la decisión de dictar una
declaración de emergencia nacional en materia de seguridad, y el nombramiento de
funcionarios vinculados al terrorismo de Estado. Sectores de DDHH han denunciado en Argentina que estas medidas
“esconden un intento de criminalizar la protesta social, lo cual representa una
flagrante violación a los derechos y garantías individuales que nos retrotrae a
los momentos más oscuros de nuestra historia como así también el nombramiento
de funcionarios nacionales y provinciales vinculados al terrorismo de Estado y
a hechos de violencia institucional.”
Los organismos
de DDHH pidieron “garantía de continuidad de los juicios por delitos de lesa
humanidad en todo el territorio; sostenimiento de las políticas públicas de
Memoria, Verdad y Justicia; y la puesta en función de la comisión bicameral
para la investigación de la participación civil-empresarial durante el
terrorismo de Estado”. La simple plumada a los procesos en contra de los
involucrados en crímenes de las dictaduras implica un atropello a los derechos
humanos y la pérdida de las conquistas de justicia social en Argentina.
Vendetta venezolana
La vendetta
política en Venezuela tiene rasgos peculiares. Con el reciente triunfo
electoral, la derecha logró el control del Parlamento venezolano, con una
correlación de fuerzas que le permite instaurar cambios políticos por mayoría.
La propuesta de “cambiar” al gobierno de Nicolás Maduro no se hizo esperar y el
Presidente del Parlamento, Harry Ramos Allup, acérrimo antichavista, prometió "en un lapso de seis
meses" una vía "para cambiar el gobierno por vía constitucional"
y de impulsar "la emblemática ley de amnistía para los 75 presos y
exiliados políticos".
Por su parte los sectores oficialistas venezolanos han declarado:
"La Asamblea puede aprobar las leyes que quiera, pero las refrenda el
presidente, y en caso de que haya alguna contradicción el presidente puede
vetarla o acudir al TSJ", afirmó Diosdado Cabello, expresidente de la
Asamblea. La pugna de poderes es el escenario que se avizora, tanto en
Argentina como en Venezuela.
La actual situación de ambos países
resulta paradigmática para las intenciones de la derecha política ecuatoriana
que busca el retorno al pasado partidocratico y neoliberal. Las propuestas de
"cambio" político sugeridas por una oligarquía con sed de venganza, son análogas en
el continente: conculcar las conquistas sociales, suprimir las medidas
económicas de carácter popular, echar por la borda todo signo de protagonismo político
ciudadano. La pregunta es: ¿a cuál pasado nos quieren retrotraer?: al país
represivo de Febres Cordero, al Ecuador corrupto de Bucaram o al feriado
bancario de Yamil Mahuad. Tres conocidos escenarios de un país que tiene prohibido
olvidar.
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