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miércoles, 6 de enero de 2016

ARGENTINA Y VENEZUELA: REGRESO AL PASADO

Por Leonardo  Parrini

Cuando niño esta frase infundía miedo: ojo por ojo. Equivalía a decir, por cada ojo que me golpees te sacaré uno a uno los tuyos. Esa sentencia amenazante y vengativa cobra vigencia en la política continental. La sed de venganza crece como espuma en la forma de revanchas constitucionales que dan paso a un ajuste de cuentas que anima a la derecha latinoamericana. La realidad de los triunfos electorales de la derecha en Argentina y Venezuela, producto del deterioro de las políticas progresistas de dichos países, parece dar la razón al análisis del sociólogo norteamericano James Petras: “Ante el hecho de que el deterioro empieza a afectar el bolsillo de la gente, la idea de ir más allá del populismo y del nacionalismo hacia el socialismo, estaba sobre la agenda”, pero “cuando los gobernantes no toman ese camino, terminan preparando el camino para que vuelva la derecha” que “aprovecha las dificultades económicas que afectan a los sectores populares y -obviamente- con el gran respaldo del capital nacional e internacional. Eso ha pasado en Argentina”.

La vertiginosidad de esta tendencia es tal que, a pocos días de nombrados Mauricio Macri como flamante Presidente de  Argentina y Henry Ramos Allup, como el nuevo presidente del Parlamento venezolano, la revancha política en ambas naciones está tomando tintes dramáticos. En la tierra gaucha, la derecha que encumbró en el poder a Mauricio Macri no pierde tiempo en proclamar un “cambio” de escenario político y económico, caracterizado por medidas de regresión al pasado. En el terreno económico argentino comenzó a funcionar una suerte de aplanadora que echa por tierra todo lo conquistado por los sectores populares, como el subsidio a la electricidad y al gas de uso doméstico. Esta medida, según el ministro de economía J. José Aranguren “aumentara las ganancias de las empresas de energía”. El impacto se hizo sentir en diciembre con un aumento del 6% del índice de inflación con incremento de precios en productos de la canasta básica como pollo, carne, leche, harina y aceite. El gobierno de Macri se propone normalizar la relación con los mercados para acceder a créditos obtenidos con arreglos con los llamados fondos buitres en Nueva York. También está en carpeta la renegociación de la deuda externa argentina con el FMI, organismo que apoyó económicamente a la dictadura última en Argentina y otorgó  créditos a cambio de medidas que desmejoraron a la población, entre ellas aumentar la edad de jubilación de los adultos mayores.

En el plano político el gobierno de Macri, a solo dos semanas de asumir el poder, intervino a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación (AFTIC), entes que regulan las telecomunicaciones y los medios audiovisuales de Argentina. La Ley de Medios de Argentina llevó a la apertura y democratización del sistema de medios audiovisuales que permanecía bajo control de los grandes conglomerados mediáticos, especialmente del Grupo Clarín.

Las tintas fuertes de la revancha política se hacen sentir en la decisión de dictar una declaración de emergencia nacional en materia de seguridad, y el nombramiento de funcionarios vinculados al terrorismo de Estado. Sectores de DDHH han denunciado en Argentina que estas medidas “esconden un intento de criminalizar la protesta social, lo cual representa una flagrante violación a los derechos y garantías individuales que nos retrotrae a los momentos más oscuros de nuestra historia como así también el nombramiento de funcionarios nacionales y provinciales vinculados al terrorismo de Estado y a hechos de violencia institucional.”

Los organismos de DDHH pidieron “garantía de continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad en todo el territorio; sostenimiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia; y la puesta en función de la comisión bicameral para la investigación de la participación civil-empresarial durante el terrorismo de Estado”. La simple plumada a los procesos en contra de los involucrados en crímenes de las dictaduras implica un atropello a los derechos humanos y la pérdida de las conquistas de justicia social en Argentina.

Vendetta venezolana

La vendetta política en Venezuela tiene rasgos peculiares. Con el reciente triunfo electoral, la derecha logró el control del Parlamento venezolano, con una correlación de fuerzas que le permite instaurar cambios políticos por mayoría. La propuesta de “cambiar” al gobierno de Nicolás Maduro no se hizo esperar y el Presidente del Parlamento, Harry Ramos Allup, acérrimo antichavista, prometió "en un lapso de seis meses" una vía "para cambiar el gobierno por vía constitucional" y de impulsar "la emblemática ley de amnistía para los 75 presos y exiliados políticos".

Por su parte los sectores oficialistas venezolanos han declarado: "La Asamblea puede aprobar las leyes que quiera, pero las refrenda el presidente, y en caso de que haya alguna contradicción el presidente puede vetarla o acudir al TSJ", afirmó Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea. La pugna de poderes es el escenario que se avizora, tanto en Argentina como en Venezuela.

La actual situación de ambos países resulta paradigmática para las intenciones de la derecha política ecuatoriana que busca el retorno al pasado partidocratico y neoliberal. Las propuestas de "cambio" político sugeridas por una oligarquía con sed de venganza, son análogas en el continente: conculcar las conquistas sociales, suprimir las medidas económicas de carácter popular, echar por la borda todo signo de protagonismo político ciudadano. La pregunta es: ¿a cuál pasado nos quieren retrotraer?: al país represivo de Febres Cordero, al Ecuador corrupto de Bucaram o al feriado bancario de Yamil Mahuad. Tres conocidos escenarios de un país que tiene prohibido olvidar.  

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