DILEMAS DEL YASUNÍ

Por Leonardo Parrini

Muchos habrán amanecido con las mismas expresiones de cariacontecidos que tenían los funcionarios públicos ayer en la pantalla del televisor durante la cadena en la que el presidente Rafael Correa anunció el fin de la utopía Yasuní. Decisión motivada por la falta de aportes de “un mundo hipócrita” que prometió, demagógicamente, aportar con 3.600 millones de dólares para que el Estado ecuatoriano renuncie a otra cantidad similar y dejar el petróleo bajo el suelo del Yasuní. La resolución,  “la más dificil de mi gobierno” según el Presidente Rafael Correa, se inscribe en la necesidad del país de enfrentar los planes de desarrollo con recursos del petróleo que, hasta hoy, sigue siendo el sueldo del Ecuador. Este modelo estará vigente hasta que los propios dineros provenientes de los hidrocarburos financien el cambio de modo de producción hacia industrias no extractivistas, generadoras de industrias tecnológicamente avanzadas y altamente productivas  necesarias para el país.

La explotación del Yasuní no es tan mala noticia, si se toma en cuenta que Ecuador podría colapsar su economía en corto plazo, si no apela a nuevas fuentes de recursos para el desarrollo. Este es el fondo estratégico del problema o de la solución, como se quiera ver. La decisión entonces, pese al costo político, responde a un gesto responsable con el progreso del país, y en particular con los propios pueblos que viven en las áreas de influencia en condiciones de extrema subsistencia. Se sabe que los territorios del Yasuní son habitados por nacionalidades indígenas huaorani y grupos no contactados ancestrales, dueños del suelo, pero no del subsuelo donde yace el crudo, propiedad del Estado por definición constitucional. 

Una vez declarado sin efecto el fideicomiso que se proponía reunir 3.600 millones hasta el 2023 -y que en seis años sólo reunió el 0,37% de lo esperado a la fecha, es decir 12 millones,-  queda por delante que la Asamblea declaré de interés nacional la zona del Yasuní o parte de ella. Existen varias interrogantes frente al tema. Una de ellas se refiere a qué tipo de empresa explotará el Yasuní; privada por licitación o pública por asignación.  No es mera inquietud, sino un tema de fondo. 

El Yasuní se encuentra muy distante de la infraestructura petrolera actual: pozos, estaciones de bombeo, oleoductos, refinerías, sistemas de embarque, etc. Infraestructura que supone enormes inversiones de dinero que deberían asumir los interesados. ¿Las empresas privadas estarán dispuestas a hacerlo a riesgo o el Estado deberá invertir en los planes de exploración y explotación hidrocarburífera? Esta es una decisión estratégica que debe tomar el gobierno, considerando  que es políticamente correcto que sea la empresa EP Petroamazonas la asignada para explotar el Yasuní; mientras que, económicamente, es obvio que lo haga una transnacional, previa licitación.  

Los beneficios del Yasuní

La explotación, sobre la base de los precios del petróleo, arrojaría un valor actual de $ 18.292 millones, $ 11.000 millones adicionales a lo originalmente estimado. De estos recursos se beneficiarán los Gobiernos Autónomos Descentralizados Amazónicos, que percibirían $ 258 millones. Además, por distribución del 12% de excedentes petroleros percibirán 1.882 millones, lo que hace un total 1.568 millones que recibirían todos los GAD del país, por su participación en la renta petrolera.

La Constitución en el artículo 407 prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en áreas protegidas, pero se puede hacer una excepción por solicitud de la Presidencia, previa declaratoria de interés nacional de la Asamblea.  Esto implica una segunda decisión de fondo: qué parte del Yasuní será declarada zona de interés nacional, el crudo, las plataformas, el subsuelo, el Parque Yasuní en su conjunto o parte mínima que equivalga al uno por mil que se dijo se vera afectado.

El tercer dilema es el de la bronca con los “yasunizados” que quieren hacer plataforma política de un ecologismo a ultranza, con los cínicos que ahora piden explotar a como dé lugar el Yasuní, después de que se opusieron, con los mercantilistas extractivistas que les vale un trozo de yuca la naturaleza, cómplices de voraces transnacionales petroleras que estarán frotándose las manos. Todos se quedaron esperando que el régimen de la revolución ciudadana fuera consecuente con su declaración inicial de “dejar intacto el Yasuní” o, una vez asumida la decisión presidencial, que le cueste muy caro en términos políticos.

Técnicamente la explotación del Yasuní se la haría primero en los campos Tiputini y Tambocha, que generían 150 y 270 millones de barriles, respectivamente. Para este propósito se deberá construir una vía de acceso hasta la plataforma Tiputini, además, un oleoducto desde Tambococha hasta llegar a las infraestructura petrolera del Bloque 31.

El petróleo de Tambococha será transportado por un tubo de 10 kilómetros de largo y 60 centímetros de ancho hasta Tiputini, lo que implica cruzar 7 kilómetros dentro del Parque y 3 fuera del área protegida. La ocupación total será de 16,8 hectáreas dentro del parque. La operación del desarrollo de los pozos de Tiputini y Tambococha durará aproximadamente 15 meses. La suerte está echada. Los responsables de la decisión de explotar el Yasuní dieron la cara al futuro. La historia los juzgará.