PUEBLOS INDÍGENAS: LA LEY NO SE PARECE A LA JUSTICIA

Por Leonardo Parrini

La afirmación que titula este artículo me la dijo un joven indígena allá por los años ochenta. Y en su lapidaria afirmación, el muchacho de origen Kichwa, quiso aludir a la injusticia que mantenía marginado a su pueblo y a las otras trece nacionalidades que en ese entonces habitaban y habitan Ecuador. Hoy, cuando el divorcio entre el Estado y las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas parece ser un tema superado, surge una polémica como la punta del iceberg de un asunto de fondo: el local de la calle Granados en Quito, sede histórica de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, debe ser desocupado y sus inquilinos serán desalojados hasta el 6 de enero, por la revocatoria de un comodato que les confería derecho al usufructo del inmueble.

En la punta del iceberg una figura legal ampara la medida del Estado, transmitida en lacónica decisión de poner fin a un derecho contemplado en la ley, y que fenece con la determinación del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES de retirar el comodato a la organizacion indigena. En el fondo del iceberg subyace un problema mayor: la CONAIE no es la misma organización que se hizo acreedora al usufructo del inmueble en cuestión, y el Estado plurinacional tropieza con obstáculos que no le permiten viabilizar una armónica relación con los ecuatorianos de origen indígena, más allá o más acá de las declaraciones constitucionales.  

La arisca relación entre el movimiento indígena y el Estado, el divorcio entre las partes, se dio en la Asamblea de Montecristi que no puso las cosas en claro, en la relación de este importante sector del país con los representantes del Estado, en términos de deberes y derechos. Por ejemplo, quedaron como asignaturas pendientes detalles contradictorios entre la justicia indígena y la justicia del Estado mestizo, no quedó claro una retahíla de aspectos relacionados con las leyes de agua, de suelo, entre otras figuras legales que amparan el derecho a la vida digna de los indígenas y su aplicación práctica. El derecho ciudadano a ser consultado e informado, previamente a que el Estado explote los recursos naturales no renovables subyacentes en la Amazonía, tampoco fue zanjado a favor de los indígenas amazónicos. La consulta previa, libre e informada no es vinculante, por tanto, el trámite de consulta previa es nada más un gesto informativo, según la ley; y es así como fue aprobado en el cuerpo constitucional, a la luz de los convenios internacionales que la amparan.  

Todos estos pendientes están influyendo en una relación ríspida entre indígenas y mestizos estatales, entre los pueblos y nacionalidades y la nación ecuatoriana. No obstante que, históricamente, la movilización indígena de los años noventa, que respondía a la lucha por la nacionalidad, el idioma nativo, la interculturalidad, la territorialidad legal, entre otros derechos ancestrales, consiguió que estos derechos hoy estén claramente contemplados en la Constitución ecuatoriana.

El problema es que todo intento de consenso entre el Estado y los pueblos ancestrales,  cae en el tenor de una caja de resonancia ideológica de no pocas implicaciones. Ambas partes, Gobierno y CONAIE, responden a una agenda política, y ese es el quid del asunto. Acaso por eso no se visibiliza con nitidez un diálogo entre Estado y comunidad indígena, al menos no en los temas polémicos, sino una confrontación entre gobernantes y opositores. Oposición marcada por la agenda partidista de Pachakutik que responde a un ideario ambiguo y a un imperativo electoral; estos elementos, sin duda, contaminan el diálogo, ensucian la relación y echan al traste cualquier intento de entendimiento.

Parodiando al joven Kichwa de que la ley no se parece a la justicia, huelga decir que si la política no se parece a la justicia, las cosas van de mal en peor. Discutir el derecho a comodato de un inmueble parece ser un  tema legal negociable; discutir los derechos de los indígenas es, en sí mismo, un tema político que debe ser abordado, anteponiendo el diálogo de buena fe. Un coloquio sincero, abierto, consensual que sume y que no divida a los ecuatorianos. Ese diálogo debe comenzar por la voluntad política del Estado, puesto que su obligación es ubicarse por encima de las diferencias y gobernar para todos los ecuatorianos; y debe continuar por los dirigentes de la CONAIE llamados a dirigir, responsablemente, a sus bases llevándoles un mensaje objetivo, que refleje sus anhelos colectivos, conforme sus derechos, hoy respaldados en una Constitución construida entre todos los sectores del país. Es hora que en la misma casa de la calle Granados que está en disputa, las partes se sienten a hablar para ponerse de acuerdo en los tema de fondo: los linderos de la justicia indígena, los derechos amazónicos, los usufructos y beneficios provenientes de los recursos naturales en territorios ancestrales, la capacidad de movilización indígena en función del buen vivir, los planes y programas de inversión social en beneficio de los pueblos ancestrales. Y por cierto, el futuro de un país que se declara plurinacional e intercultural, pero que en un rincón del alma nacional todavía existen baladíes fronteras que nos dividen.