Por Leonardo Parrini
La política pública,
ese quehacer del Estado en función de gobernanza y gobernabilidad que se
traduce en planes y programas estatales, tiene algunas aristas cuando se la
relaciona con la moral. La ética puesta a la orden de la lucha contra la
corrupción es una virtud de todo Estado que se precie de honestidad y transparencia;
pero la moral puesta al servicio de la represión sexual es una inconsecuencia
de todo Estado que se precie de revolucionario. Es que de hecho existe un matiz
considerable entre moral y ética, como normativas válidas para la aplicación en
las políticas públicas de un Estado. Y de hecho la ética hace referencia a las
normas de conducta de una sociedad, mientras que la moral se queda en el ámbito
de las normas de conducta del individuo. La moral constituye un “marco básico
de conducta personal, es decir, lo que es correcto o no, en tanto, la ética
supone un conjunto de directrices o leyes que definen las prácticas aceptadas,
así como el comportamiento de un grupo de personas o sociedad". Y lo curioso es
que ambas categorías, en la práctica, se suelen contradecir. Por ejemplo, puede
ser ético para una sociedad progresista el control natal, pero puede resultar
inmoral para una persona conservadora el practicar el aborto. Confundir ética y
moral en un mismo saco a la hora de implementar una política pública de salud reproductiva,
es un error conceptual de un Estado laico, plurinacional e intercultural,
puesto que dicha confusión es producto de un enfoque más ideológico político
que científico técnico. Dado que una de las diferencias es que mientras la moral
dicta normas y criterios de actuación, la ética trata de fundamentar
racionalmente dichas normas. En otras palabras, la ética debería
ser la reflexión de la moral.
La carencia de reflexión
nos lleva, por lo general, a un dogma por la vía de la aceptación axiológica de
un valor moral proyectado como un principio ideológico. Hacer política es
normar, hacer moral es juzgar. Y allí parece estar el fondo del enfoque
irracional, ideológico y político en que incurre el régimen revolucionario
ecuatoriano al convertir en política de salud pública los preceptos morales de una
funcionaria de claro corte conservador que hoy dirige el Enipla, programa emblema del
Ministerio de Salud para la Planificación Familiar y la Prevención del Embarazo
Adolescente. Según una nota de prensa de Sebastián Vallejo, publicada en el diario
estatal El Telégrafo, Mónica Hernández, asesora del Presidente Rafael Correa
que regenta el Enipla, es una funcionaria “perteneciente al Opus Dei”. Hasta allí
no hay pecado, el pecado se comete cuando -según el mismo periódico- Rafael
Correa “peca de traducir su conservadurismo
moral en política pública”. La mencionada funcionaria en carta dirigida al Ministerio
de Salud, con fecha 24 de octubre de 2014, adjunta un documento en el que “analiza
a fondo” los Cuadernos Metodológicos de la Caja de Herramientas para la Promoción
de la Salud Sexual y Salud Reproductiva. En dicho adjunto, Hernández se explaya
en su posición anti feminista y alega que “hay un cruce amplio de mensajes propios de la ideología de género, corriente
del pensamiento del feminismo radical, no científico sino ideológico”, según
señala Hernández. El documento abunda en alusiones al origen de la sexualidad señalando
que “la
ideología de género busca desconstruir los roles aceptados socialmente y que el
ser humano sea considerado sexualmente neutro”.
En el mencionado
texto, Hernández “descontextualiza la sexualidad y la lleva al plano de la moral”,
-según el enfoque de El Telégrafo- y “se invisibiliza todo aquello que no cae
sobre lo ‘natural’, explicitado a lo largo de ambos documentos y que considera
dentro de este parámetro solo aquello que encaja en las relaciones
heterosexuales tradicionales. La idea del ‘género’ se la trata como ‘ideología
de género’ (lo cual no existe), y se la acusa de no ser científica sino
ideológica, lo cual es tautológico, porque se basa en un concepto (’ideología
de género’) acuñado específicamente para atacar a los estudios de género. Y
todo justificado desde la premisa que “el señor Presidente no está de acuerdo”
que esto sea parte de una política de Estado, aunque sea parte de la
Constitución”.
Una editorial
del mismo periódico público, escrita de puño y letra por el doctor Cesar Paz y
Miño, señala: Como médico y genetista,
enfrento la falta de políticas públicas congruentes en estos temas. El manejo
oficial lastimosamente evitó enfoques reales de asuntos complejos como:
infecciones de transmisión sexual, mayor riesgo de malformaciones congénitas,
suicidios; el embarazo no intencionado en adolescentes o por violación, que son
problema de salud pública mundial. No tomar acciones preventivas generará
ingentes costos sociales. Reducir los riesgos del embarazo en las adolescentes
es una prioridad clara para los países que se esfuerzan por alcanzar los
objetivos de Desarrollo del Milenio (OMC).
El médico que
editorializa alerta de que la Enipla cae en errores conceptuales “como que la
píldora del día después es abortiva o asociar el uso de condón y otros
anticonceptivos con pecaminosidad. La Enipla debe liderar sin prejuicios los
objetivos para los cuales fue creada y cumplir con el compromiso social del
Gobierno de prevenir y solucionar problemas de salud. El Gobierno debe atender
este problema considerando las políticas de salud internacionales; a más de las
campañas de educación, debe contemplar la interrupción terapéutica y segura del
embarazo, la eugenesia, el diagnóstico prenatal, anticoncepción,
esterilización, etc.”
Algo huele mal
en Dinamarca, cuando el énfasis está en retrasar las relaciones sexuales, en la
abstinencia como método anticonceptivo, entonces la educación sobre estos
métodos se estigmatiza en un segundo plano, como denuncia El Telégrafo. Ojala no estemos a destiempo de comprender que
de este modo peculiar de gobernar, con la moral como política pública salpicada
de moralina, difícilmente avanzamos Patria.
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