LA CONSULTA DEL YASUNI

Fotografía Parrinimagen

Por Leonardo Parrini

Todo trigo es pan, a la hora de crear un movimiento encaminado a conformar un frente opositor único en capacidad de disputar los espacios de poder de la revolución ciudadana en Ecuador. Ayer fue la bronca con el caricaturista Bonil, a quien el régimen victimizó innecesariamente; luego, el infortunado desatino cometido con el cantautor Jaime Guevara que fuera maltratado públicamente. Razones que la oposición al Gobierno del Presidente Rafael Correa, oportunamente, agitó para poner al régimen contra las cuerdas. En los últimos meses de manera silenciosa, pero constante, se viene fraguando otro foco de conflicto con la recolección de firmas para forjar una consulta popular o plebiscito acerca de que si se debe o no dejar el petróleo bajo tierra en el Bloque 43, ubicado en el parque Yasuni.

Este tema que debió formar parte de una agenda de desarrollo del país, se está convirtiendo en bola de nieve que se crece, al punto de que podría dar lugar al próximo impasse entre Gobierno y oposición. En reciente comunicado los organizadores de la recolección de firmas han manifestado que ya cuentan con la cantidad de 480 mil rúbricas, que se acerca a las 584.116 que exige la ley para solicitar una consulta popular, es decir el 5% del padrón electoral, según el artículo 7 del Código de la Democracia.

El asunto siendo de interés nacional y de importancia estratégica para el país no debe politizarse, puesto que no se está discutiendo la acción de un Gobierno, sino una decisión estratégica para el desarrollo del país. El crudo subyacente en las entrañas del Yasuni constituye el 25% de la reserva petrolera nacional, cuyos recursos calculados en 18 mil millones de dólares serán destinados a financiar planes y programas que mejoran la calidad de vida de las provincias amazónicas, en términos de salud, vivienda, educación, comunicaciones, entre otros servicios básicos garantizados por la política pública del sector de hidrocarburos.

No obstante, la discusión no debe desviarse a un tema de aceptación o no del Gobierno, por parte de sectores aupados por el resultado electoral reciente. En el supuesto caso de que se vaya a un plebiscito que dé como resultado dejar sin efecto la actividad petrolera en el Yasuni, éste debería reflejar la voluntad popular por el respeto a la naturaleza y responsabilidad social que implica todo acto de aprovechamiento de los recursos naturales.

Reivindicación de derechos

En cuanto a las condicionantes y obligaciones constitucionales que  se señalan, existe la obligatoriedad de realizar la consulta previa ante proyectos que puedan amenazar a comunidades de las zonas de intervención. La Consulta Previa para el Bloque 43, localizado en el cantón Aguarico de la Provincia de Orellana, ya fue realizada por la Secretaría de Hidrocarburos, adscrita al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, en los meses de noviembre y diciembre del año anterior. El proceso constituyó un logro importante del Estado y de las comunidades que se sentaron a dialogar en un espacio democrático, libre, previo e informado, acerca de las condiciones en que se realizaría una explotación del petróleo en el Yasuni.

Llama la atención que el nivel de beligerancia que mostraron los grupos ambientalistas con zapateos, bombos y platillos en Quito, al oponerse a la explotación de petróleo en el Yasuni, no tiene nada que ver con la voluntad expresada por las comunidades en el Bloque 43. Mientras que un puñado de manifestantes en las calles de la capital, y algunos editoriales de prensa, ponían énfasis en una oposición, a ultranza, a todo tipo de “actividad extractivista”, en las comunidad del cantón Aguarico se discutía, democráticamente, las formas que esta explotación adopte con respeto y cuidado por la naturaleza. El tema de discusión giró esencialmente en torno a los benéficos, compensaciones e indemnizaciones a las que tienen derecho los ciudadanos que habitan las zonas de intervención hidrocarburifera.

La consulta previa del Yasuni se convirtió en un escenario de reivindicación social de otros derechos comunitarios, más allá de los beneficios que les otorga la ley por el hecho de pertenecer a los territorios de explotación petrolera. De este modo, la consulta previa se proyecta como un legítimo mecanismo de información, discusión e inclusión comunitaria para otros temas de interés colectivo y nacional.

En los territorios del Yasuni, la consulta previa sirvió para poner énfasis en el cuidado socio ambiental que debe imperar en todo tipo de actividad en la región. Más aun tratándose de industria petrolera, que está rigurosamente regulada por normas internacionales y nacionales. El Estado señala que está garantizando los derechos y debida atención a “la extremada vulnerabilidad y el elevado riesgo de desaparición que corren”, tanto los pueblos indígenas en aislamiento como los pueblos en contacto inicial de la provincia de Orellana. La ciudadanía debe hacer uso del derecho de veeduría para que esto se cumpla al pie de la letra.

Lo que redunda no daña, dice el dicho, siempre y cuando -en este caso-, la redundancia de una nueva consulta confirme la voluntad de un país consciente de sus derechos al progreso y desarrollo, mediante el aprovechamiento responsable de sus recursos. La armonía social que se requiere para decidir con madurez y sentido de país, es la misma armonía que deberá imperar en la relación de compromiso social y ambiental que implica toda acción del hombre frente a la naturaleza. La sabiduría de los pueblos y nacionalidades ancestrales que ya se pronunciaron, quedó claramente expresada en una consulta cuya respuesta fue categórica: influir en la decisión del Estado en la utilización responsable de los recursos naturales de sus territorios. Ese es el mensaje que enviaron, desde el corazón del Yasuni, la mujer y el hombre amazónicos como hijos de la Pachamama y principales protagonistas de la naturaleza.