YASUNI: DE CONSULTA EN CONSULTA

Por Leonardo Parrini

Las consultas están de moda. Si, se han convertido en el signo de los tiempos incluyentes y democráticos que vive Ecuador. Todo mundo consulta a todo mundo buscando decisiones que emanen de la voluntad popular. La decisión presidencial de explotar los recursos petroleros que subyacen en el Yasuni, y la posterior declaración de interés nacional por parte de la Asamblea a esos territorios amazónicos, debieron ser suficiente para emprender la industria hidrocarburifera del ITT, en tres puntos: Ishpingo, Tambococha y Tiputini que se convierten en la llave que abrirá los flujos de riqueza natural y económica que, se dice, sacará del retraso a la región más empobrecida del país y, al mismo, tiempo la más rica en recursos naturales no renovables.

Dos consultas están en marcha. La Consulta Previa, Libre e Informada para el bloque 43 ITT que lleva a efecto el Estado ecuatoriano a través de la Secretaría de Hidrocarburos y la Consulta Popular, impulsada por el colectivo Yasunidos, prerrogativa constitucional pertinente en casos de polémicas decisiones que emanen del poder. La primera, Consulta Previa, es aplicada por derecho propio se dice, o sea basándose en el privilegio que tienen los pueblos amazónicos por el simple y determinante hecho de haber nacido en ese territorio. La Consulta Popular, es supuestamente vox populi, es decir, relativa a la razón que otorgan las mayorías electorales, -de suyo, cuantitativamente minoritarias- respecto al conjunto de la población. Pero así es la democracia representativa: indirecta y eufemística, funcional a los propósitos políticos originados desde el poder o desde el acervo popular. Manualita la democracia, permite que se estire, se moldee, se encaje como anillo al dedo para todo intento de legitimación política. Y ahí surge el primer escollo de la Consulta Popular. ¿Quién concede certificado de garantía y legitimidad a un hecho político? En el supuesto -no consentido- de que ésta se la ejerza entre un conglomerado mayoritario de la población, es decir la mitad más uno, y ese conglomerado alcance el consenso ¿cómo se podría asegurar que la decisión fue la más justa y la más decorosa? Lo que pretendemos decir, es que la Consulta Popular no necesariamente valida y legitima procesos políticos, sino más bien a los actores que los ejercen ante los ojos del pueblo. 

Nos obstante que la Consulta Popular es una disposición constitucional para dirimir la polémica entre la explotación del Yasuní o la renuncia a esos recursos, nos parece impertinente, puesto que la declaratoria de interés nacional es una figura política, tan política como lo es la consulta popular en sí misma, aun con todo el aroma de democracia renovada que se le quiera dar. El grupo Yasunidos, promotor de la Consulta Popular, ya hizo la cuenta, dice la información de prensa. Diariamente, tienen que recoger 3.334 firmas para alcanzar las 600.120 que requieren, según la Ley de Participación Ciudadana y el Reglamento del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto representa el 5% del padrón electoral, porcentaje mínimo de rúbricas para una convocatoria a nivel nacional. ¿Puede ese ínfimo porcentaje representar la opinión de los 14 millones de ecuatorianos?

En este caso, la Consulta Popular asoma como un derecho ajeno de una minoría, es decir, opino sobre algo que no me incumbe de manera directa y natural, o inherente a mis intereses inmediatos. En tanto que la Consulta Previa es un ejercicio practicado por derecho propio de las comunidades que habitan territorios donde, inminentemente, tendrá lugar la explotación de recursos naturales no renovables. ¿Por qué? Por directo sentido de pertenencia territorial, por heredad cultural y por derecho colectivo a usufrutuar del beneficio de lo propio. La Consulta Previa no tiene una sola pregunta, como la Consulta Popular. No es un cara o cruz categórico y excluyente. Tiene tantas inquietudes y respuestas como el diálogo franco, sincero entre los socios de las comunidades y los representantes del Estado lo permita. En ese sentido, ya en la práctica la Consulta Previa se convirtió en el escenario de reivindicación social directa, sin intermediarios, de las comunidades consultada en el Yasuni que manifestaron una retahíla de necesidades insatisfechas, aspiraciones colectivas y derechos conculcados, históricamente, por los regímenes anteriores inconsultos.

Más allá de que la consulta realizada en el ITT sea previa, antes de la actividad petrolera, libre, es decir, sin presiones e informada, o sea, un intercambio de información entre la comunidad y el Estado; más allá de que sea un diálogo de buena fe, generador de confianza entre las partes, este ejercicio democrático directo se proyecta como un auténtico mecanismo de legitimación política y social válido para la buena gobernanza con políticas públicas enriquecidas por las demandas populares.

Las consultas contrapuestas

En definitiva, ambas consulta se contraponen. La Consulta Previa defiende derechos colectivos ancestrales y ambientales de los pueblos consultados. La Consulta Popular impulsada por ONGs defiende la posición teórica de que hay que proteger la naturaleza a ultranza, sin importar si quienes viven en esa naturaleza se estén muriendo de hambre sobre su riqueza intangible.

Las ONGs que impulsan la Consulta Popular, denunciadas por el Presidente Rafael Correa, no han ocultado sus propósitos. Por el contrario, se han manifestado en diversas ocasiones relacionadas con la XI Ronda Suroriente Ecuador. La ONG Pachamama fue notificada de su impedimento de funcionar porque, según fuentes oficiales, sus activistas agredieron a  diplomáticos extranjeros el día de apertura de sobres de la XI Ronda. Otros argumentos de las ONGs en contra de la industria petrolera se manifiestan con vocerías identificadas, según publicación de El Comercio: Natalie Greene de la coordinadora ecuatoriana para la defensa de la naturaleza y del medioambiente, afirma: "El Yasuní ya está afectado. Decir que se va a perjudicar solo el 1% es mentira, porque ya hay mucho daño en el parque". Un km de carretera destruye 120 hectáreas de bosques y esa tierra va a la agricultura. En un mapa con datos de los ministerios del Ambiente, y de Energía y Minas, se demuestra que hay cinco bloques petroleros con operadoras diferentes, y en un área de 120 478 hectáreas de la zona intangible. Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, ubica los efectos colaterales: "Las empresas impulsan la colonización por la necesidad de mano de obra, incentivan a los Waorani a que construyan casas al lado de la carretera y esto genera la tala de bosques".

Las ONGs también han hecho conocer sus intenciones en las propias audiencias y asambleas populares que la Consulta Previa implementó en el Cantón Aguarico, Provincia de Orellana. Según denuncias de moradores de la comunidad de Llanchama, ONGs como Acción Ecológica promueven proyectos turísticos comunitarios bajo los cuales amparar acciones proselitistas de supuestos turistas españoles, argentinos o gringos que visitan la región. Los moradores reclaman que estos advenedizos no les dejan discutir libremente sus asuntos comunitarios y, por el contrario, han dividido a los comuneros entre quienes se benefician de su financiamiento externo y quienes ven como única posibilidad de desarrollo económico y social a la actividad petrolera que impulse la profesionalización de la mano  de obra local y la industrialización del campo. La denuncia planteada por moradores de Llanchama estaría dando razón al Presidente Correa acerca de que algunas ONGs están usando permisos de funcionamiento otorgados para fines distintos de los solicitados originalmente y entrometiéndose en asuntos de política pública interna.  

De consulta en consulta, el Yasuni representa una riqueza biodiversa de interés mundial y nacional, que debe ser protegida sin siquiera preguntar a nadie. Consulta Previa y Consulta Popular en marcha mostrarán sus resultados el próximo año. Para cuando eso ocurra ya habrá pasado agua bajo el puente y la opinión de una y de otra, expresada por los consultados, no debería contraponerse al devenir histórico del país, ni menos a los derechos colectivos e individuales de los habitantes del Aguarico, allá en el principio y fin de la patria, en el último bastión del Yasuní.