DESPENALIZAR EL ABORTO: UNA REALIDAD INAPLAZABLE

 

Foto El Comercio

Por Leonardo Parrini

Un grupo de mujeres con el torso desnudo exhibe leyendas por la despenalización del aborto, en medio del debate del proyecto del Código Orgánico Integral Penal de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional ecuatoriana. Ante la mirada expectante de los asambleístas, la Presidenta del parlamento, Rosana Alvarado, pide “absoluto respeto” para la intervención de este puñado de mujeres que protestan porque el aborto sigue siendo un delito en un país que se jacta de ser revolucionario y en el que se producen, según la OMS, 125 mil abortos por año, es decir un aborto cada cuatro minutos.

Las mujeres con pancartas y cuerpos pintados enarbolaron la consigna de rechazar el artículo 148 de la nueva normativa que hace referencia al aborto consentido. Dicho artículo dice: “La persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. Además plantea que “la mujer que permita esa práctica, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años”.  

El informe aprobado por la Comisión de Justicia de la Asamblea sólo despenaliza el aborto cuando la vida de la madre está en riesgo y cuando el embarazo es producto de la violación a una mujer con discapacidad mental. Pero se sabe que solo el 0,80% se enmarca en este caso, mientas el 99,2% de mujeres violadas queda en la indefección. Para Sarahí Maldonado, líder del grupo Movimiento de Mujeres “la prohibición del aborto sólo causará que estas prácticas se realicen de forma clandestina en sitios inseguros con personal mal capacitado, lo cual contribuirá a que se disparen los índices de muertes por abortos mal hechos”. Las estadísticas hablan por sí mismas: en el Ecuador citadino y revolucionario, el 18% de las muertes maternas son causadas por abortos clandestinos y se producen 330 muertes por cada 100 mil abortos, cifra muy superior al 0.1 y 0.2% de tasa de mortalidad en los países donde el aborto es legal.

Según investigadores, las estadísticas demuestran que el aborto se reduce cuando se despenaliza de la mano de una política integral de educación sexual. Para el analista Héctor Pérez Martínez, “bajo los parámetros contemporáneos del Derecho Constitucional y Penal, el Estado ecuatoriano sólo puede imponer penas privativas de libertad cuando le es imposible combatir una conducta con otros medios que no anulen la libertad personal”

El meollo de la discusión se centra en torno a la idea de la vida como un hecho y como un derecho. Las posturas opuestas al aborto legal parten de la premisa que el embrión es vida, y esa idea concede de entrada una ventaja moral a los opositores del aborto. La pregunta es: ¿dónde empieza y termina la frontera de la vida y si ésta es una mera relación micro celular o, por el contrario, responde a un estado desarrollado de células vivientes en capacidad de relacionarse con el entorno en niveles de auto conciencia propia?

“El argumento estrella de quienes promueven la penalización del aborto es que con ello se defiende la vida y, sin embargo, nunca he visto a ninguno de ellos presentar una sola evidencia para corroborar esa afirmación. No es verdad que la penalización salve la vida de cigotos o fetos indefensos. Lo único que ha demostrado reducir el aborto —y, por tanto, salvar esas vidas— es la educación sexual”, concluye Martínez.  

Ecuador país abortista

Investigaciones realizadas por LAPALABRABIERTA establecen que de hecho casi no existen mujeres denunciadas en la Fiscalía por cometer aborto. Esto revela que la postura moral de oponerse a la despenalización del aborto se queda en el discurso y no pasa a la práctica: “nuestra sociedad, incluyendo a su facción más conservadora, no cree seriamente que una mujer deba pudrirse en la cárcel por haber abortado”. Los estudios realizados en el país determinan que el 33% de las mujeres ecuatorianas han experimentado algún tipo de aborto y se estima que “95.000 abortos se practican anualmente, sin embargo sólo se registran 200 con curso legal”.

Una encuesta sobre hábitos sexuales realizada en el Ecuador a 13.349 personas entre 18 y 55 años, por la empresa Tendencias Digitales, para el Grupo de Diarios de América (GDA), establece que “el 32,6% de las mujeres ecuatorianas ha experimentado algún aborto”. Este indicador convierte al país en el primero con más abortos, entre 11 países de Latinoamérica. Ecuador encabeza la lista de los países abortistas seguido por México, Puerto Rico y Perú. Costa Rica que es el país con menos abortos. La investigación reveló que “en América Latina, el 29% de las mujeres ha tenido algún aborto”, mientras que en Ecuador, el grupo de mujeres “que más declara que tuvo algún tipo de aborto se ubica entre los 30 y 55 años. Pero con un pico alto del 75%, desde los 41 a 45 años. Desde los 18 a 21 años, en cambio, solo se registra el 14,3% de mujeres que abortaron.”

No obstante esta realidad, el Presidente Rafael Correa ha dicho en su cuenta de Twitter que va a vetar cualquier forma legal que modifique la normativa vigente en la actualidad. Esto contradice la tendencia revolucionaria del Ecuador como país, cuyos preceptos democráticos de igualdad y justicia social deben legitimar los derechos de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y maternidad; sobre los métodos anticonceptivos que utilizan y sobre si desean o no abortar. Para los colectivos de las mujeres que protestan con dorsos desnudos, también se desnuda un hecho real: el discurso gubernamental es sencillamente "inoperante", en palabras de las ecuatorianas que buscan mejorar sus condiciones de vida y el de sus congéneres.

Los analistas coinciden en declarar que en virtud del principio de intervención penal mínima, “el Estado está obligado a despenalizar todas aquellas conductas que puede combatir, con igual o mayor eficacia, utilizando mecanismos distintos al derecho penal, y si está demostrado que la penalización no es una medida idónea para proteger la vida del no nacido, entonces el Estado no sólo que bien puede despenalizar, sino que tiene la obligación jurídica de hacerlo”. Visto así, en este punto, la despenalización del aborto es una realidad inaplazable en el país. Mientras tanto, las mujeres de torsos desnudos claman porque, liderada por un Estado incluyente, también la sociedad se desnude de prejuicios y moralismos que contradicen una auténtica defensa de la vida de todas y cada una de las mujeres ecuatorianas.