viernes, 27 de junio de 2014
lunes, 23 de junio de 2014
¿LA COMUNICACIÓN, UN DERECHO?
Por Leonardo Parrini
A un año de promulgada la Ley de
Comunicación en el Ecuador una campaña de difusión oficial quiere vender las bondades de la
ley. Y lo hace apelando a una Idea-Fuerza central: la comunicación es un
derecho. ¿De quién o de quiénes? La comunicación así concebida, debería ser un
derecho humano comunitario, pero los derechos colectivos no son gratuitos,
cuestan dinero alguien tiene que financiarlos en su ejecución como prerrogativa social. Y para
que no existan equívocos, se trata del
derecho a la libertad de expresión que
garantiza que todas las personas tienen la posibilidad de expresarse y opinar
libremente de cualquier forma y por cualquier medio.
Otro de los
derechos consagrados en la ley es el derecho colectivo de la sociedad a estar
debidamente informada. Derecho a la prohibición de censura previa, es también
una de las prerrogativas que asigna la
ley, en el entendido que está prohibida dicha censura por parte de la autoridad, funcionario
público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en
ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los
contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación.
Todas las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen
la información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los
asuntos a su cargo, cuando existan deficiencias en la verificación,
contrastación y precisión de la información de relevancia pública.
Si la comunicación es concebida como un servicio público, debería ser regulada por el Estado como los demás servicios públicos, para “asegurar la satisfacción del interés social”. La comunicación, en primer lugar, es un bien público, patrimonio de una sociedad democrática. Un bien público se antepone al bien privado, por definición de esa misma democracia. Si la comunicación es un derecho humano, esos derechos prevalecen como derechos colectivos, es decir, la comunicación debe ser un derecho protegido y un servicio garantizado con calidad y oportunidad, del mismo modo con que la ley exige cumplimiento a cualquier otro servicio público.
En términos estadísticos, durante el primer año de vigencia la aplicación de la Ley de Comunicación registra una denuncia por linchamiento mediático, 5 amonestaciones a medios informativos, 2 disculpas públicas, 122 denuncias, 22 de ciudadanos y el resto de instituciones; 25 amonestaciones, 3 demandas por insconstitucionalidad. Actualmente se realiza una radiografía a 31 medios impresos, 9 canales de televisión y 122 radios.
Sin recursos no hay derechos
Nueve son los
derechos contemplados en la Ley de Comunicación. Derecho a la información, al
respeto y a la honra, a la privacidad y a la transparencia. Protección de
grupos vulnerables, el acceso igualitario a los medios y el derecho a la
participación ciudadana y derecho al ejercicio pleno de su actividad
profesional del comunicador con protección laboral. Pero, por ejemplo, hay hechos
contradictorios: El uso de frecuencias privadas, públicas y comunitarias, según la nueva
ley, debe ser repartido en 33% igualitario. Actualmente existe un desequilibrio
a favor de la empresa privada en un 85%. Hoy día la ley ordena que un tercio de las
radios sean comunitarias. La realidad indica que eso supone presupuestos,
auspicios e inversiones que no son rentables, sino amortizables en el tiempo y
que el factor riesgo en ese tipo de inversión es alto, puesto que la
recuperación podría ser lenta o simplemente no existir. Ahí ya se ha conculcado un derecho por falta
de recursos materiales, un hecho que forma parte de la realidad inmediata de
cientos de comunidades que no pueden financiar un proyecto de radio comunitaria.
Otro aspecto donde la ley sigue siendo una declaración teórica, se
relaciona con el manejo de fuentes. En
un balance después de un año de promulgada la ley, se advierte que la
Infodiversidad es una realidad ausente en los medios regulados por la ley de
comunicación. Si bien la ley no habla de esta categoría, es un imperativo ético
reconocer la diversidad de versiones frente a un hecho, y ejercer el contraste
de fuentes originaria de dichas versiones. Pero esto dista mucho de ser ese ejercicio real, incluyente, consensual y
solidario que invoca el espíritu de una
ley incumplida desde el aspecto de la diversidad informativa. En tal sentido, la
ley de comunicación se mantiene como derecho solo a nivel de los usuarios
profesionales de la comunicación, pero no incide en la vida cotidiana de las
personas de una comunidad.
No deja de ser sintomático que el discurso central de una campaña sobre
una ley que consagra derechos sea, precisamente, recordarnos como una vieja
melodía que la comunicación es un derecho. Para que la comunicación sea un derecho
verificable en la práctica consuetudinaria de la comunidad, debería estar
articulada a los proyectos de desarrollo social de una comunidad. Y esas son
palabras mayores, porque implica definir la fuente de financiación de esos
proyectos, la administración de los mismos y el tipo de beneficiarios. En
síntesis, si la comunicación es un derecho humano, debería garantizarse en la
misma ley de que aquello se cumpla, pero la garantía de cumplimiento está y
estará siempre en la participación y vigilancia ciudadana.
sábado, 21 de junio de 2014
UNASUR Y LOS DESAFIOS REGIONALES SURAMERICANOS
Por Leonardo
Parrini
Por lo general se han mostrado inoficiosos los gestos declarativos de los organismos internacionales
o regionales, en cuanto a su eficacia y eficiencia para dar soluciones a corto
y largo plazo a las inmensas desigualdades, injusticias y necesidades
imperantes en la región suramericana.
Un reciente
encuentro del Cosiplan, Consejo planificador de UNASUR reunido en Quito, puso
en el tapete de la discusión la necesidad de contar con una planificación
estratégica regional con visión de futuro para ayudar a erradicar la pobreza
como un desafío ético y moral de Suramérica. Este objetivo loable desde todo
ángulo, sonaría ampuloso de no ser porque los delegados al encuentro regional
se detuvieron largamente en indicar el cómo hacer posible ese desafío continental.
Al tenor del encuentro se dijeron algunas verdades y denunciaron ciertos hechos
que llaman la atención en el panorama de la región. Unida a la vocación integracionista
suramericana se enunció el propósito de hacer ejercer una planificación integral,
que no sea la suma de las partes aisladas o de esfuerzos nacionalistas por
separado. En esa tónica se concibió a la planificación como una ilusión
movilizadora en la perspectiva de una integración regional soberana.
Con mirada integracionista,
el Secretario de Plantificación de SENPLADES, Pabel Muñoz, valoró como un
acierto gubernamental ecuatoriano haber recuperado la planificación y el rol
del Estado y ponerlos en una instancia protagónica. El “regreso del Estado”
implica que han regresado algunas facultades
esenciales: la rectoría estatal. Existe cada vez una mayor experticia para
diseñar política pública como un ejercicio de soberanía política. “Hacer lo que
el país necesita y no lo que otros nos plantean o que hagamos, creo que
superamos la etapa de las recetas para pensar nuestros países con cabeza
propia”, señaló Muñoz.
Como resultado
del proceso de recuperación del rol planificador del Estado en el Ecuador se
mencionó un buen desempeño económico, con la inversión pública más alta de la
región: 15% del PIB. El país, luego de renegociar la deuda externa, ahorró 8
mil millones de dólares que fueron transferidos al pago de la deuda social. Se
han invertido 9 mil millones de dólares en el sector social ecuatoriano y se ha
mejorado la red vial que hace al país más productivo. Se evidencia una caída
del 12% en el índice de pobreza por ingresos y una disminución de 8 puntos de
la brecha entre ricos y pobres, lo que ha generado igualdad. Detrás estos
logros están el sentido de la planificación y de lo público.
El
diagnóstico regional
Un panorama
regional de asignaturas pendientes se enunció en el foro de UNASUR. En el marco del
diagnóstico suramericano se reconocieron déficits en el avance del cumplimiento
de objetivos relacionados con la concreción de una justicia social y equidad
económica en la región. Las estadísticas presentadas durante las intervenciones
son evidentes. En la región suramericana existe no menos de 90 millones de
personas en situación de pobreza. Algunos países suramericanos mantienen
niveles mayores al 10% de su población por debajo del nivel mínimo de consumo
de energía alimentaria. Aproximadamente el 10% más rico de la población
regional recibe 42% de los ingresos totales, mientras que el 40% más pobre
recibe menos del 11%.
La región aún registra tasas de desempleo entre el 11.5% y 4.4%. Existen notorios déficits de
recursos necesarios para cubrir necesidades de demanda en servicios de
infraestructura. La región evidencia importantes pérdidas per cápita
por falta de mantenimiento y reparación de infraestructura de riego, energía,
caminos pavimentados y otra infraestructura.
Las contradicciones regionales son evidentes. En el continente el
capital prevalece sobre el trabajo, y las condiciones mínimas laborales no se
cumplen, mientras que la región mantiene una tasa de desempleo entre 11.5% y el
4.4% y la organización sindical está criminalizada. Siendo excedentaria en
términos de liquidez, la región tiene 760 mil millones de dólares depositados
en EE.UU e invertidos en bonos de inversión. No hemos superado la paradoja del
subdesarrollo: países pobres, con sus reservas internacionales y excedentes de
liquidez, financian a países del ricos del norte. Los países de la región se
encuentran entre el puesto 30 y 134 de un total de 148 naciones en el Índice de
Competitividad Global. Este panorama no es otro que el de la injustica social.
Como muestra un botón: la Seguridad Social cubre menos de 66% en todos los
países de la región. Esto es un reto por enfrentar.
En Suramérica en
el año 2012 existían 90 millones de personas pobres, 22% del continente. Esta
cifra que debe escandalizar, es una alerta de que no se ha planificado la
erradicación de la pobreza en la región. Es una alerta, además, en la no
consecución de los logros de la política pública de nuestros países. Todavía en la región suramericana existen
cinco países que mantienen un nivel superior del 10% de su población por debajo
del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria. El hambre en la región
sigue siendo una preocupación y debe estar contemplado en la agenda de la
planificación. El desafío es cómo resolver las gigantescas contradicciones de
Suramérica que exhibe cifras alarmantes: el 10% más rico de la población recibe
42% de ingresos totales. El 40% de los pobres recibe menos del 11%. Esta alerta
habla de un desarrollo desequilibrado e inequitativo, entre sectores urbanos y
rurales, entre elites y pueblos. En la región se requieren 127 mil millones de
dólares para cubrir las necesidades de demandas en servicios de
infraestructura, según estudio conjunto de CEPAL Y UNASUR.
En contraste con
Suramérica, Europa u los EE.UU muestra síntomas de crisis. El Desempleo en 2013
en la Unión Europea fue de 11,9% en zona de Euro y de 10,7% y en la Unión Europea. Existe pleno empleo en
Alemania y Austria, pero hay tasas de paro del 27% en Grecia y 26% en España
con 6 millones de desempleados. La Organización Internacional del Trabajo,
OIT, dijo en el 2013 que la crisis deja en la desocupación a 197 millones
de desempleados en el mundo. Simultáneamente, la economía de EE.UU y UE viven
un evidente ciclo de declive económico y han surgido grandes dudas de su
solvencia y estabilidad, puesto que no se visualiza en el corto plazo que el
dinamismo de recuperación sea similar al de los años precedentes.
Frente a esta realidad surgen las economías emergentes de los BRICS,
-Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se prevé que China será la mayor
economía del mundo y de Europa e India será el tercer gigante, mientras que
Brasil será la cuarta economía mundial. Este fenómeno traslada el centro de la
realidad económica a estos países. El contexto geopolítico
en estas naciones muestra que se plantean la reconfiguración del poder, en
términos del protagonismo de nuevos actores y su influencia en los espacios
geográficos territoriales económicos y políticos a nivel mundial. Esto implica ver con claridad los cambios políticos y las
relaciones de poder -y su redistribución en el orden internacional actual-,
colocando en primer plano nuevas alianzas en la hegemonía mundial y sus
implicaciones en los sistemas de gobierno internacional.
Planificación para la integración
soberna
Cuando se habla
de una planificación estratégica se hace referencia a una planificación
prospectiva, sobre el futuro, y hacían dónde marcha el modelo y la plataforma
de integración. El Plan debe tener viabilidad y piso político. No es un plan de
carácter administrativo, es un plan político, en un formato de estructura de
acción operativa en términos estrategicos. Lo que le da la posibilidad de
aplicación es su viabilidad política y esto se lo da el consenso político y el
consenso político se construye en el diálogo político.
En definitiva,
no hay capacidad de incidir en el comportamiento mundial de las lógicas de
poder mundial, si la región no se consolida como un actor en capacidad, en
unidad, de integración para incidir en los grandes temas. El debate frente a
estos temas expresó la preocupación por el futuro de UNASUR, con gobiernos de
diversa índole ideológica. Se valora la voluntad política de debatir, de
colocar las diferencias sobre la mesa y un elemento de confianza importante
fundamentado sobre el respeto. El debate incluye las dos palabras: unidad en la
diversidad. Hay un punto: qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos
defender, qué permite dar referencia de poder en la estructura de poder
mundial. Hay tres elementos que nos unifican, en términos de importancia: la
paz, la democracia y la soberanía. Necesítanos la paz como dinámica particular
de los países, el desarrollo democrático y la defensa de la soberanía. Estos valores que nos unifican desde el punto de vista
político e ideológico, desde luego pueden concatenarse en términos de desarrollo como el común denominador de un futuro digno como región.
jueves, 5 de junio de 2014
YASUNI - ITT: LICENCIA AMBIENTAL Y LICENCIA SOCIAL
Fotografía Leonardo Parrini
Por Leonardo Parrini
Una noticia
consignada por la cadena de televisión Ecuavisa da cuenta de que en los
territorios Waoranis del Yasuni, en la provincia de Orellana, donde se encuentra localizado
el proyecto hidrocarburífero Bloque 43 ITT (Ishpingo, Tambococha Tiputini), tuvo lugar un proceso de consulta previa, libre e informada a las
comunidades del área de intervención petrolera por parte de la Secretaría de
Hidrocarburos Ecuador, SHE, entidad adscrita al Ministerio de Recursos
Naturales No Renovables. Dicho mecanismo de diálogo entre el Estado y la
comunidades amazónicas que se realizó el año pasado se convirtió, según la información, en un espacio de reivindicación social
comunitario en el que las comunidades del Yasuni tuvieron la oportunidad de
expresar sus observaciones, objeciones y requerimientos a las autoridades del
Estado frente a una eventual intervención hidrocarburifera en la zona. La nota
de televisión muestra asambleas comunitarias concurridas de ciudadanos de toda
condición expresando sus criterios y recibiendo información de parte de los
representantes de la SHE. Ricardo Obando, representante de la SHE manifestó en
la Asamblea comunitaria de Tiputini: “Que vivamos en una sociedad mucho más
digna con un entorno y un habitat adecuado, con nuestra necesidades satisfechas. Comencemos
a pensar en grande ustedes van a ser beneficiados de la explotación de uno de los bloques más importante del mapa
catastral petrolero. La comunidad
expresó sus criterios en los siguientes términos: “Es la primera vez en la historia que se ve participación de la
comunidad, con el Estado presente en Aguarico”, dijo José Miguel en la
Audiencia Pública realizada en la localidad de Tiputini. La Audiencia Pública
representa un nuevo espacio de diálogo intercultural entre el Estado
ecuatoriano y los pueblos amazónicos, para hablar de las necesidades sociales
de la comunidad en relación con la política pública hidrocarburifera que
impulsa la Secretaría de Hidrocarburos, promotora del proceso.
Esta noticia es complementaria
de aquella que daba cuenta, días pasados, del otorgamiento de la licencia
ambiental concedida por el Ministerio del Ambiente MAE a la empresa petrolera
estatal ecuatoriana Petroamazonas. La ministra del Ambiente, Lorena Tapia, firmó
la licencia ambiental correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental y al Plan
de Manejo Ambiental del Proyecto de Desarrollo y Producción en los campos
Tiputini y Tambococha. El campo Tiputini se encuentra fuera de los límites del
Parque Nacional Yasuní, en tanto que Tambococha está dentro de esta reserva de
la biosfera. Según la información
oficial, una vez suscrito el documento, Petroamazonas EP "podrá iniciar
las actividades preparatorias como la instalación de campamentos y la apertura
de accesos".
El otorgamiento
de la licencia ambiental a favor de la estatal Petroamazonas para la
explotación de los campos Tambococha y Tiputini, en el bloque 43 o bloque ITT, supone
15 obligaciones para la empresa petrolera. Entre otras, “en caso de existir
remoción de la capa vegetal por cualquier actividad, como disposición de
tuberías, campamentos, etc., Petroamazonas deberá obtener y presentar la
aprobación del inventario de recursos forestales con su respectivo método de
valoración económica de los bosques y vegetación nativa”. De igual manera, el MAE expresa que “antes y durante la
actividad petrolera en la zona se hará un levantamiento de bienes y servicios
ambientales con el fin de construir el diagnóstico ambiental o línea base, que
estará controlado mediante auditorías y monitoreos periódicos”. Petroamazonas será
absolutamente responsable “de las actividades que cumplan sus contratistas o subcontratistas”.
Además, la empresa “estará sujeta a auditorías ambientales de parte del
Ministerio del Ambiente y deberá mitigar cualquier derrame en la zona”. Se estima
que bajo el subsuelo del Bloque 43 en
los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) existen reservas por 919
millones de barriles de petróleo pesado.
La información consigna
que los tres campos (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) formaron parte de la extinta
iniciativa Yasuní ITT que “buscaba mantener el petróleo bajo tierra”. Ecuador
lanzó el proyecto hace seis años en la sede de Naciones Unidas, cuando pidió la
"corresponsabilidad" económica de la comunidad internacional para no
explotar el crudo del ITT, lo que también suponía evitar la emisión a la
atmósfera de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono, que se generaría
con la combustión del hidrocarburo. El Gobierno de Ecuador anunció públicamente
el año pasado la decisión de explotar el petróleo del ITT una vez que fracasó
la iniciativa por falta de apoyo internacional.
Sectores
opositores al proceso de explotación hidrocarburifera en la zona del Yasuni expresaron que el “"Ministerio de Ambiente firma
licencia para explotar Yasuní ITT. Sin consulta, sin democracia", según escribió Yasunidos en su cuenta de Twitter, en la que adelantó una campaña llamada
"democracia en extinción". Al respecto, en su cuenta en la misma red
social, la ministra de Ambiente invitó "a la ciudadanía a ejercer una
veeduría activa" para la cual, dijo, se ha activado una página de
"veeduría ciudadana". Por su parte el presidente ecuatoriano, Rafael
Correa, “ha asegurado que la extracción de petróleo en la zona del Yasuní se
efectuará con la mejor tecnología disponible para minimizar el impacto
ambiental”.
Una licencia comunitaria
Dichas informaciones sugieren de que estamos en presencia de algunos hechos significativos, concatenados
en un acontecimiento inédito y esencial para los destinos del Ecuador y los
habitantes de la región amazónica. El Ecuador asume por primera vez la
explotación responsable de su riqueza natural, bajo cuatro ejes de la política
estatal: soberanía del Estado sobre los recursos naturales no renovables;
estímulo a la inversión estatal y privada para exploración y explotación petrolera;
concesión de beneficios sociales comunitarios, amparados en la ley; y la
sostenibilidad y sustentabilidad ambiental de los proyectos hidrocarburíferos implementados en la
Amazonía ecuatoriana. Esta es una nueva era petrolera, caracterizada por un
distinto rol del Estado en la administración de sus recursos naturales no renovables
existentes en la zona de mayor biodiversidad planetaria. Esta realidad diversa
se distingue por el otorgamiento de una anuencia política y social que viene a
enriquecer y complementar la licencia ambiental y que confiere un nuevo sentido al aprovechamiento de los recursos naturales. Ambas licencias son
suplementarias: Una licencia ambiental otorgada por la máxima autoridad de
control socioambiental del país, el MAE; y, por una licencia social concedida en genuino diálogo por la comunidad del
Yasuni al Estado interventor.
Dicha licencia social consiste en que la
ciudadanía de las comunidades amazónicas de las áreas de intervención es informada,
escuchada y respetada en sus privilegios colectivos y ambientales por derecho
propio. Esto quiere decir que ese derecho propio es la natural prerrogativa que
tienen las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y mestizas por el
simple hecho histórico de pertenecer a la Pachamama de un territorio rico en
recursos naturales. Estos recursos, si bien
otorgan derecho a beneficios y compensaciones, no concede propiedad explicita
sobre dichos recursos en su conjunto, siendo el Estado el soberano
administrador de los yacimientos hidrocarburíferos que se encuentran en el
subsuelo. Mientras que el espacio superficial del territorio es el escenario en el cual tiene lugar
la reivindicación de derechos comunitarios, con prioridad para los pueblos
amazónicos, como ha manifestado el Presidente ecuatoriano Rafael Correa, por
ser ésta la región que subvenciona y financia con sus recursos naturales el
futuro y progreso del país. Este panorama dista mucho de ser el nuestros
vecinos, Perú y Colombia, donde los procesos de consulta no existen -o no se
realizan de manera previa, libre o informada- antes ni durante las
intervenciones estatales o privadas en procesos de exploración de recursos
petroleros o mineros. La puesta en
práctica de la Consulta Previa, Libre e Informa llevada adelante por el Estado
ecuatoriano para intervenciones de extracción hidrocarburifera y minera, convierte
al país en el pionero mundial en procesos de esta naturaleza. Esta consulta
influyente, más no vinculante, es un soporte vital que viene a convertirse en
herramienta básica de la política pública y social de los
sectores estrategicos en la implementación de la explotación industrial
hidrocarburifera. Cabe señalar que la Consulta Previa, Libre e Informada se ha
realizado en tres procesos anteriores, a saber: XI Ronda suroriente Ecuador
(provincias amazónicas de Pastaza, Morona Santiago y parte de Orellana y Napo),
en las que se licitaron 17 bloques y adjudicaron 4; Ampliación del bloque 10 en
Jimbikiti, Pastaza; y en intervención en el IIT bloque 43 Yasuní, provincia
de Orellana.
La consulta
previa es vital por algunas razones. En primer lugar consagra un derecho del ciudadano a ser informado, previa y oportunamente, sobre qué sucede en sus
territorios en caso de explotación petrolera o minera. En segundo lugar se
genera un espacio democrático y participativo en que la comunidad tiene la
oportunidad de manifestar sus necesidades básicas en materia de salud, trabajo,
educación vivienda, transporte y comunicaciones, entre otros, siendo entonces
la consulta un mecanismo de reivindicación social. Y algo fundamental para una
buena gobernanza: la Consulta Previa, Libre e Informada se ha mostrado eficaz como
un mecanismo reductor de conflictividad social. Es decir, si tenemos a una comunidad informada, escuchada e influyente en las políticas
estatales, que ahora tiene como interlocutor
dialogante a un Estado incluyente y democrático que reivindica sus derechos
colectivos, significa que se reduce a cero el conflicto social o político
con dicha comunidad. Allí se genera, entonces, una licencia social fruto del diálogo y la observancia estricta de
derechos ciudadanos.
De allí emanan responsabilidades
compartidas entre Estado y dirigentes comunitarios de verificar que este diálogo
genuino y de buena fe, haga posible en la práctica la convivencia plurinacional
e intercultural que consagra la Constitución en el actual Estado nacional único
e indivisible. Es a partir de estas buenas noticias que podemos decir que la
patria avanza hacia nuevos rumbos en la relación Estado-sociedad civil, a través de un
proceso justo y necesario, que profundiza la democracia como la única, aunque
siempre perfectible forma de convivir en la sociedad armónica e incluyente que
todos reclamamos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)