Fotografía Leonardo Parrini
Por Leonardo Parrini
Una noticia
consignada por la cadena de televisión Ecuavisa da cuenta de que en los
territorios Waoranis del Yasuni, en la provincia de Orellana, donde se encuentra localizado
el proyecto hidrocarburífero Bloque 43 ITT (Ishpingo, Tambococha Tiputini), tuvo lugar un proceso de consulta previa, libre e informada a las
comunidades del área de intervención petrolera por parte de la Secretaría de
Hidrocarburos Ecuador, SHE, entidad adscrita al Ministerio de Recursos
Naturales No Renovables. Dicho mecanismo de diálogo entre el Estado y la
comunidades amazónicas que se realizó el año pasado se convirtió, según la información, en un espacio de reivindicación social
comunitario en el que las comunidades del Yasuni tuvieron la oportunidad de
expresar sus observaciones, objeciones y requerimientos a las autoridades del
Estado frente a una eventual intervención hidrocarburifera en la zona. La nota
de televisión muestra asambleas comunitarias concurridas de ciudadanos de toda
condición expresando sus criterios y recibiendo información de parte de los
representantes de la SHE. Ricardo Obando, representante de la SHE manifestó en
la Asamblea comunitaria de Tiputini: “Que vivamos en una sociedad mucho más
digna con un entorno y un habitat adecuado, con nuestra necesidades satisfechas. Comencemos
a pensar en grande ustedes van a ser beneficiados de la explotación de uno de los bloques más importante del mapa
catastral petrolero. La comunidad
expresó sus criterios en los siguientes términos: “Es la primera vez en la historia que se ve participación de la
comunidad, con el Estado presente en Aguarico”, dijo José Miguel en la
Audiencia Pública realizada en la localidad de Tiputini. La Audiencia Pública
representa un nuevo espacio de diálogo intercultural entre el Estado
ecuatoriano y los pueblos amazónicos, para hablar de las necesidades sociales
de la comunidad en relación con la política pública hidrocarburifera que
impulsa la Secretaría de Hidrocarburos, promotora del proceso.
Esta noticia es complementaria
de aquella que daba cuenta, días pasados, del otorgamiento de la licencia
ambiental concedida por el Ministerio del Ambiente MAE a la empresa petrolera
estatal ecuatoriana Petroamazonas. La ministra del Ambiente, Lorena Tapia, firmó
la licencia ambiental correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental y al Plan
de Manejo Ambiental del Proyecto de Desarrollo y Producción en los campos
Tiputini y Tambococha. El campo Tiputini se encuentra fuera de los límites del
Parque Nacional Yasuní, en tanto que Tambococha está dentro de esta reserva de
la biosfera. Según la información
oficial, una vez suscrito el documento, Petroamazonas EP "podrá iniciar
las actividades preparatorias como la instalación de campamentos y la apertura
de accesos".
El otorgamiento
de la licencia ambiental a favor de la estatal Petroamazonas para la
explotación de los campos Tambococha y Tiputini, en el bloque 43 o bloque ITT, supone
15 obligaciones para la empresa petrolera. Entre otras, “en caso de existir
remoción de la capa vegetal por cualquier actividad, como disposición de
tuberías, campamentos, etc., Petroamazonas deberá obtener y presentar la
aprobación del inventario de recursos forestales con su respectivo método de
valoración económica de los bosques y vegetación nativa”. De igual manera, el MAE expresa que “antes y durante la
actividad petrolera en la zona se hará un levantamiento de bienes y servicios
ambientales con el fin de construir el diagnóstico ambiental o línea base, que
estará controlado mediante auditorías y monitoreos periódicos”. Petroamazonas será
absolutamente responsable “de las actividades que cumplan sus contratistas o subcontratistas”.
Además, la empresa “estará sujeta a auditorías ambientales de parte del
Ministerio del Ambiente y deberá mitigar cualquier derrame en la zona”. Se estima
que bajo el subsuelo del Bloque 43 en
los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) existen reservas por 919
millones de barriles de petróleo pesado.
La información consigna
que los tres campos (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) formaron parte de la extinta
iniciativa Yasuní ITT que “buscaba mantener el petróleo bajo tierra”. Ecuador
lanzó el proyecto hace seis años en la sede de Naciones Unidas, cuando pidió la
"corresponsabilidad" económica de la comunidad internacional para no
explotar el crudo del ITT, lo que también suponía evitar la emisión a la
atmósfera de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono, que se generaría
con la combustión del hidrocarburo. El Gobierno de Ecuador anunció públicamente
el año pasado la decisión de explotar el petróleo del ITT una vez que fracasó
la iniciativa por falta de apoyo internacional.
Sectores
opositores al proceso de explotación hidrocarburifera en la zona del Yasuni expresaron que el “"Ministerio de Ambiente firma
licencia para explotar Yasuní ITT. Sin consulta, sin democracia", según escribió Yasunidos en su cuenta de Twitter, en la que adelantó una campaña llamada
"democracia en extinción". Al respecto, en su cuenta en la misma red
social, la ministra de Ambiente invitó "a la ciudadanía a ejercer una
veeduría activa" para la cual, dijo, se ha activado una página de
"veeduría ciudadana". Por su parte el presidente ecuatoriano, Rafael
Correa, “ha asegurado que la extracción de petróleo en la zona del Yasuní se
efectuará con la mejor tecnología disponible para minimizar el impacto
ambiental”.
Una licencia comunitaria
Dichas informaciones sugieren de que estamos en presencia de algunos hechos significativos, concatenados
en un acontecimiento inédito y esencial para los destinos del Ecuador y los
habitantes de la región amazónica. El Ecuador asume por primera vez la
explotación responsable de su riqueza natural, bajo cuatro ejes de la política
estatal: soberanía del Estado sobre los recursos naturales no renovables;
estímulo a la inversión estatal y privada para exploración y explotación petrolera;
concesión de beneficios sociales comunitarios, amparados en la ley; y la
sostenibilidad y sustentabilidad ambiental de los proyectos hidrocarburíferos implementados en la
Amazonía ecuatoriana. Esta es una nueva era petrolera, caracterizada por un
distinto rol del Estado en la administración de sus recursos naturales no renovables
existentes en la zona de mayor biodiversidad planetaria. Esta realidad diversa
se distingue por el otorgamiento de una anuencia política y social que viene a
enriquecer y complementar la licencia ambiental y que confiere un nuevo sentido al aprovechamiento de los recursos naturales. Ambas licencias son
suplementarias: Una licencia ambiental otorgada por la máxima autoridad de
control socioambiental del país, el MAE; y, por una licencia social concedida en genuino diálogo por la comunidad del
Yasuni al Estado interventor.
Dicha licencia social consiste en que la
ciudadanía de las comunidades amazónicas de las áreas de intervención es informada,
escuchada y respetada en sus privilegios colectivos y ambientales por derecho
propio. Esto quiere decir que ese derecho propio es la natural prerrogativa que
tienen las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y mestizas por el
simple hecho histórico de pertenecer a la Pachamama de un territorio rico en
recursos naturales. Estos recursos, si bien
otorgan derecho a beneficios y compensaciones, no concede propiedad explicita
sobre dichos recursos en su conjunto, siendo el Estado el soberano
administrador de los yacimientos hidrocarburíferos que se encuentran en el
subsuelo. Mientras que el espacio superficial del territorio es el escenario en el cual tiene lugar
la reivindicación de derechos comunitarios, con prioridad para los pueblos
amazónicos, como ha manifestado el Presidente ecuatoriano Rafael Correa, por
ser ésta la región que subvenciona y financia con sus recursos naturales el
futuro y progreso del país. Este panorama dista mucho de ser el nuestros
vecinos, Perú y Colombia, donde los procesos de consulta no existen -o no se
realizan de manera previa, libre o informada- antes ni durante las
intervenciones estatales o privadas en procesos de exploración de recursos
petroleros o mineros. La puesta en
práctica de la Consulta Previa, Libre e Informa llevada adelante por el Estado
ecuatoriano para intervenciones de extracción hidrocarburifera y minera, convierte
al país en el pionero mundial en procesos de esta naturaleza. Esta consulta
influyente, más no vinculante, es un soporte vital que viene a convertirse en
herramienta básica de la política pública y social de los
sectores estrategicos en la implementación de la explotación industrial
hidrocarburifera. Cabe señalar que la Consulta Previa, Libre e Informada se ha
realizado en tres procesos anteriores, a saber: XI Ronda suroriente Ecuador
(provincias amazónicas de Pastaza, Morona Santiago y parte de Orellana y Napo),
en las que se licitaron 17 bloques y adjudicaron 4; Ampliación del bloque 10 en
Jimbikiti, Pastaza; y en intervención en el IIT bloque 43 Yasuní, provincia
de Orellana.
La consulta
previa es vital por algunas razones. En primer lugar consagra un derecho del ciudadano a ser informado, previa y oportunamente, sobre qué sucede en sus
territorios en caso de explotación petrolera o minera. En segundo lugar se
genera un espacio democrático y participativo en que la comunidad tiene la
oportunidad de manifestar sus necesidades básicas en materia de salud, trabajo,
educación vivienda, transporte y comunicaciones, entre otros, siendo entonces
la consulta un mecanismo de reivindicación social. Y algo fundamental para una
buena gobernanza: la Consulta Previa, Libre e Informada se ha mostrado eficaz como
un mecanismo reductor de conflictividad social. Es decir, si tenemos a una comunidad informada, escuchada e influyente en las políticas
estatales, que ahora tiene como interlocutor
dialogante a un Estado incluyente y democrático que reivindica sus derechos
colectivos, significa que se reduce a cero el conflicto social o político
con dicha comunidad. Allí se genera, entonces, una licencia social fruto del diálogo y la observancia estricta de
derechos ciudadanos.
De allí emanan responsabilidades
compartidas entre Estado y dirigentes comunitarios de verificar que este diálogo
genuino y de buena fe, haga posible en la práctica la convivencia plurinacional
e intercultural que consagra la Constitución en el actual Estado nacional único
e indivisible. Es a partir de estas buenas noticias que podemos decir que la
patria avanza hacia nuevos rumbos en la relación Estado-sociedad civil, a través de un
proceso justo y necesario, que profundiza la democracia como la única, aunque
siempre perfectible forma de convivir en la sociedad armónica e incluyente que
todos reclamamos.
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