JAMIL MAHUAD DE HÉROE A VILLANO

Por Leonardo Parrini

Alguna vez dije que Yamil Mahuad era el presidente de la mirada oblicua y las manos grandes. Y esa era una alusión a una cualidad física, sin que dicha impronta quisiera significar nada más. Alguien lo interpretó como una metáfora alusiva a un hombre deshonesto. Con el paso de los años es posible que Mahuad mantenga la mirada oblicua, más cansina tal vez, pero sus manos siguen siendo grandes de nacimiento y me pregunto si con esas mismas manos grandes con las que firmó la paz definitiva con el Perú, fue sujeto de peculado al firmar el decreto que dio paso al feriado bancario que llevó a la ruina a millones de ecuatorianos.

Del ex presidente tengo la imagen de sus manos y de su mirada, acaso, desde la reunión que mantuvimos -hace ya algunos años- en la sala de sesiones de la Alcaldía de Quito. En esa ocasión, Mahuad, me recibió como burgomaestre de la ciudad para una entrevista de prensa, acolitado por un sequito de ocho asesores que intentaban responder por su jefe al cuestionario periodístico. Tengo la sensación cuasi física del saludo estrechando su enorme mano e inquiriendo en su mirada ese rasgo de autenticidad que todo hombre logra destellar en sus ojos, pero no, solo había una frialdad similar a la mirada de un tiburón.  

Hoy la noticia no es noticia, sino la crónica de una pesquisa anunciada: Yamil Mahuad está en la lista de difusión roja de la Interpol, para ser detenido en cualquier lugar del mundo. Se entendería que su arresto es cuestión de horas y de allí el trámite de extradición al Ecuador es ineludible. El ex mandatario está enjuiciado por peculado, no obstante que en junio del 2006, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte de Justicia dictó sobreseimiento provisional, "por considerar que no se habría demostrado suficientemente la existencia del delito de peculado". Sin embargo, la Corte reabrió el proceso en el 2011 y ordenó la prisión preventiva en contra de Mahuad con la disposición de embargo de sus bienes. Un año más tarde la Jueza Ximena Vintimilla ofició una orden de captura de Jamil Mahuad a la Policía ecuatoriana y por su intermedio, a la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. Tramite que no se cumplió.

El presunto delito: El expresidente puso su firma en el Decreto Ejecutivo No. 681 del 9 de marzo de 1999, mediante el cual declaró estado de emergencia nacional y, dos días después, el 11 de marzo, dicta el Decreto No. 685, ordenando el congelamiento de los depósitos del sistema financiero, conocido como "feriado bancario". Por estos hechos Mahuad, según la Fiscalía, habría violado el artículo 180 de la Constitución, pues en ese momento no existían causales para decretar la emergencia nacional. Pocos meses después, el 9 de enero del 2000, Mahuad estampa la firma en el decreto que dolarizo la economía ecuatoriana y adoptó la divisa norteamericana como moneda oficial a un valor de 25 mil sucres por dólar. La medida fue un acto desesperado en medio de una crisis económica caracterizada por un precio del barril de petróleo a 7 dólares y una inflación de 60,7 por ciento.

Una historia triste

La trayectoria pública de Yamil Mahuad es contrastada. Como pocos mandatarios, el ex líder democristiano ostenta en su currículo algunos hitos que forman parte de los anales históricos del país. Fue el 2 de febrero de 1998 que Mahuad declaró zona intangible o protegida al parque nacional Yasuni al firmar el decreto 552 que prohibía todas las actividades extractivas, como la explotación petrolera, minera y maderera. Paradojalmente, fue un 30 de septiembre de 1998, en el régimen de Mahuad, que se firmó el acta final que aseguraba que Texaco (hoy Chevron) “había cumplido con todos los trabajos de remediación ambiental, liberando a la petrolera de toda responsabilidad”, frente a lo que se considera el peor desastre ecológico del país. En concomitancia, su ex Ministro de Gobierno Vladimiro Álvarez, fue mencionado en el 2013 en el caso Chevron por un informe que buscaba exonerar del pago de 9 mil millones de dólares a la petrolera por daños ambientales a la Amazonía.  

Corrían los días al final de los años noventa cuando, el 26 de octubre de 1998, Mahuad y su homólogo peruano, Alberto Fujimori, firmaron la paz definitiva que ponía fin a un conflicto de medio siglo de duración. Ambos países se habían enfrentado en guerras en el año de 1941 con invasión del vecino sureño al territorio ecuatoriano; en Paquisha, en 1981; y en los altos del Cenepa en 1995. Los mandatarios firmantes, por ironía de la historia, fueron demandados por la justicia en sus respectivos países, pero luego de la firma de paz de Itamarati, Brasil, fueron sugeridos como candidatos al Premio Nobel de la Paz.

Mahuad, no obstante, enfrentaría el juicio popular en su país por haber decretado el feriado bancario. El descontento masivo motivó su caída del poder. Su gestión se había visto contaminada con un hecho imperdonable: salvar a los bancos en desmedro de la economía de millones de ecuatorianos. El salvataje bancario tenía una lógica. La relación de Mahuad con la banca no fue un hecho fortuito. Según versiones publicadas por la agencia Andes, Yamil Mahuad sostuvo estrechos vínculos con banqueros que ocuparon encumbrados cargos en su régimen: Álvaro Guerrero Ferber, del banco La Previsora, fue presidente del Consejo de Modernización. Fernando Guerrero Ferber, de la misma entidad financiera, estuvo al frente del Banco Central y Medardo Cevallos Balda, de Bancomex, fue embajador en México. Ana Lucía Armijos, miembro destacado de la Asociación de Bancos Privados, fue designada como ministra de Gobierno y posteriormente ministra de Finanzas. Guillermo Lasso, presidente del Banco de Guayaquil, fue nombrado gobernador del Guayas y luego superministro de Economía en el gobierno de Jamil Mahuad. De hecho, algunos banqueros desembolsaron ingentes recursos para financiar la campaña electoral de Mahuad. Fernando Aspiazu, del Banco del Progreso, por ejemplo, aportó tres millones de dólares para la promoción electoral del candidato de la Democracia Popular, concluye la nota de prensa.

Para el analista Julio Oleas Montalvo, esta circunstancia tiene una expresión de fondo. El Ecuador fue literalmente asaltado por la banca desde los años setenta, en que el capital financiero y sus representantes asumen el control de la economía del país en puestos claves del Estado. “Este fue un proceso de supeditación del control del capital productivo por el capital financiero. Fue este el que asumió las riendas del poder”, señaló Oleas. La prueba está en que de los “23 ministros de Finanzas que tuvo el país, entre 1979 y 1999, diez estuvieron directamente relacionados con el sistema financiero.”

El aciago 8 de marzo de 1999 la vida cambió para millones de ecuatorianos al enterarse de que sus ahorros y depósitos en los bancos ya no les pertenecían libremente, y en un fin de semana estaban congelados. Banco del Progreso con más de 750 mil clientes cerraba sus puertas con las bóvedas llenas de dinero ajeno de los depositantes. El efecto dominó sería cuestión de días, y así la mitad del sistema financiero ecuatoriano se vino al suelo con la quiebra masiva de bancos por sus malos negocios. El salvamento estaba en las decisiones del gabinete de Mahuad y el ex mandatario decretó “la entrega de créditos millonarios a la banca, a través de las instituciones públicas”. La partidocracia de entonces conformando la famosa aplanadora (Partido Social Cristiano –hoy Madera de Guerrero- y la Democracia Popular), acolitó la medida desde el Congreso creando leyes y la Agencia AGD  “para que el Estado se haga cargo de las deudas de la banca privada”.

Se había consumado el mayor perjuicio económico perpetrado al país, con angustia para millones de familias que vieron derrumbarse su situación financiera. La medida tenía un sentido mayúsculamente antipopular: se había puesto por delante el interés de los banqueros por sobre la situación de sus clientes. El Estado dejó de proteger a los ciudadanos y se convirtió en cómplice del atraco. La acción política que dio legalidad al congelamiento bancario fue simple, pero determinante: un acuerdo en el Congreso entre socialcristianos, demócratas populares y roldocistas dio paso a la creación de la AGD, mediante la eliminación  de “la legislación ecuatoriana el capítulo III, titulo 11, de la ley de Instituciones Financieras, que volcaba sobre los banqueros la responsabilidad por cualquier crisis en el sector”, con la que el Estado asumió la garantía ilimitada de los depósitos bancarios. Se había creado las condiciones para que la banca cometiera el pecado social de perjudicar a sus confiados clientes con la anuencia de un Estado cómplice en manos de un gobierno permisivo. Esa es la triste historia detrás del presidente de manos grandes. La historia la hacen los hombres y esa misma historia deberá juzgar a Yamil Mahuad.