Uno de los cambios esenciales que ha vivido el
Ecuador durante los últimos 35 años - luego del retorno a la democracia en 1978 -
es la irrupción del movimiento indígena en el escenario político y social. Jaime
Roldós, primer presidente del periodo democrático, reafirmó la condición del
Ecuador como “país amazónico, desde siempre y para siempre”, aludiendo a la
existencia de nacionalidades indígenas en esa región. Pueblos y comunidades de la Amazonía que conforman el
movimiento indígena, junto a las etnias serranas, que en los años noventa adquiere
protagonismo luchando por sus derechos a la tierra, al agua y a los beneficios
de un Estado petrolero que les negaba salud, educación, vivienda y conexión cultural
con el resto del país.
Reivindicaciones que se convirtieron en
conciencia y organización política nacional
en capacidad de plantearse la toma el poder. Es así que fraguada en la lucha, la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador, CONAIE, adquirió una capacidad de decisión y
convocatoria de notable magnitud. Ese fue un factor esencial en los levantamientos
que derrocaron a los ex presidentes Bucaram y Mahuad, al punto que Antonio
Vargas, presidente de la CONAIE ,
integró un triunvirato junto a los coroneles que derrocaron a Mahuad.
Luego de esa experiencia, el movimiento indígena
participó en contiendas electorales y consiguió representantes al poder
legislativo y cargos de elección popular en gobiernos locales. Sin embargo, no en
vano se afirma que el poder corrompe o burocratiza. Quien sabe si fue ese poder
lo que pudo hacer cambiar la faz de la CONAIE , combativa y pura, ejemplar en su mandato
de no mentir, no robar y no ser ocioso,
consagrado como principio ético por sus ancestros.
Extravío
separatista y desintegrador
Y vino el tiempo de los reveces éticos con la consecución
de firmas falsas para legitimar la inscripción de candidaturas ante las
autoridades electorales. Y vino la era de los ponchos dorados con pago de suculentas prebendas a dirigentes
indígenas que accedieron a los estratos más empingorotados del poder. Y vino la
hora de los reveces políticos con el acuerdo con los socialcristianos de la Junta Cívica
de Guayaquil,
crema y nata de la derecha oligárquica costeña. Hecho calificado por el
sociólogo Alejandro Moreano como un tropezón
y rebatido por la analista Eryka Sylva Charvet como un extravío. Ese fue el principio del fin de la postura indígena tradicional.
Desde una caracterización equívoca del Gobierno
de Correa “como pro-colonial y neoliberal”, la organización indígena declara la
guerra al régimen -su “enemigo común”
junto a la derecha política- y rechaza organismos, leyes y autoridades emanadas
del Estado. Proclama la tesis de un Estado plurinacional que, en su visión
indigenista, conlleva un riesgo de ser separatista y desintegradora, puesto que
pretende gestionar decisiones “por fuera del Ejecutivo y del Legislativo”, como
ha señalado la CONAIE.
Esta diversidad excluyente de un nosotros indígenas, por racista e inconstitucional, no contribuye a
la unidad nacional basada en una justa y armónica coexistencia intercultural.
Sería plausible reconocer una motivación
autonomista, racial y política, antes que adoptar una postura de ultra
oposición al Estado nacional, aupada con recursos financieros provenientes de
fundaciones internacionales y, al mismo tiempo, reclamar derechos a ese Estado.
La pertinaz oposición de la CONAIE al derecho constitucional
de los pueblos indígenas a ser consultados y valorados en
una consulta previa a una licitación petrolera, sería otro extravío. Oposición
a un ejercicio democrático que no tiene otro propósito que identificar sus necesidades
y beneficios ante una eventual actividad hidrocarburífera en cuatro provincias amazónicas
de mayor presencia indígena del país. No obstante, el Estado está obligado a
dialogar el tema con los indígenas, desde sus dirigentes hasta sus bases, sin
exclusión.
La negación del derecho a ser incluidos hace mal a
los pueblos y nacionalidades indígenas y a la democracia. Puesto que su savia
vital y sabiduría ancestral son necesarias en estos tiempos de participación ciudadana
y justicia social. Sin embargo, los dirigentes de la CONAIE desconocen esta
realidad socializante a cuenta de quién sabe qué atávica razón. Extravío que
fracciona y desintegra al movimiento indígena, como ente social y político, con
imprevisibles consecuencias.
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