YASUNI - ITT: LICENCIA AMBIENTAL Y LICENCIA SOCIAL

Fotografía Leonardo Parrini

Por Leonardo Parrini

Una noticia consignada por la cadena de televisión Ecuavisa da cuenta de que en los territorios Waoranis del Yasuni, en la provincia de Orellana, donde se encuentra localizado el proyecto hidrocarburífero Bloque 43 ITT (Ishpingo, Tambococha Tiputini), tuvo lugar un proceso de consulta previa, libre e informada a las comunidades del área de intervención petrolera por parte de la Secretaría de Hidrocarburos Ecuador, SHE, entidad adscrita al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Dicho mecanismo de diálogo entre el Estado y la comunidades amazónicas que se realizó el año pasado se convirtió, según la información, en un espacio de reivindicación social comunitario en el que las comunidades del Yasuni tuvieron la oportunidad de expresar sus observaciones, objeciones y requerimientos a las autoridades del Estado frente a una eventual intervención hidrocarburifera en la zona. La nota de televisión muestra asambleas comunitarias concurridas de ciudadanos de toda condición expresando sus criterios y recibiendo información de parte de los representantes de la SHE. Ricardo Obando, representante de la SHE manifestó en la Asamblea comunitaria de Tiputini: “Que vivamos en una sociedad mucho más digna con un entorno y un habitat adecuado, con nuestra necesidades satisfechas. Comencemos a pensar en grande ustedes van a ser beneficiados de la explotación de uno de los bloques más importante del mapa catastral petrolero. La comunidad expresó sus criterios en los siguientes términos: “Es la primera vez en la historia que se ve participación de la comunidad, con el Estado presente en Aguarico”, dijo José Miguel en la Audiencia Pública realizada en la localidad de Tiputini. La Audiencia Pública representa un nuevo espacio de diálogo intercultural entre el Estado ecuatoriano y los pueblos amazónicos, para hablar de las necesidades sociales de la comunidad en relación con la política pública hidrocarburifera que impulsa la Secretaría de Hidrocarburos, promotora del proceso.

Esta noticia es complementaria de aquella que daba cuenta, días pasados, del otorgamiento de la licencia ambiental concedida por el Ministerio del Ambiente MAE a la empresa petrolera estatal ecuatoriana Petroamazonas. La ministra del Ambiente, Lorena Tapia, firmó la licencia ambiental correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental y al Plan de Manejo Ambiental del Proyecto de Desarrollo y Producción en los campos Tiputini y Tambococha. El campo Tiputini se encuentra fuera de los límites del Parque Nacional Yasuní, en tanto que Tambococha está dentro de esta reserva de la biosfera. Según la información oficial, una vez suscrito el documento, Petroamazonas EP "podrá iniciar las actividades preparatorias como la instalación de campamentos y la apertura de accesos".  

El otorgamiento de la licencia ambiental a favor de la estatal Petroamazonas para la explotación de los campos Tambococha y Tiputini, en el bloque 43 o bloque ITT, supone 15 obligaciones para la empresa petrolera. Entre otras, “en caso de existir remoción de la capa vegetal por cualquier actividad, como disposición de tuberías, campamentos, etc., Petroamazonas deberá obtener y presentar la aprobación del inventario de recursos forestales con su respectivo método de valoración económica de los bosques y vegetación nativa”. De igual manera, el MAE expresa que “antes y durante la actividad petrolera en la zona se hará un levantamiento de bienes y servicios ambientales con el fin de construir el diagnóstico ambiental o línea base, que estará controlado mediante auditorías y monitoreos periódicos”. Petroamazonas será absolutamente responsable “de las actividades que cumplan sus contratistas o subcontratistas”. Además, la empresa “estará sujeta a auditorías ambientales de parte del Ministerio del Ambiente y deberá mitigar cualquier derrame en la zona”. Se estima que bajo el subsuelo del Bloque 43 en los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) existen reservas por 919 millones de barriles de petróleo pesado.

La información consigna que los tres campos (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) formaron parte de la extinta iniciativa Yasuní ITT que “buscaba mantener el petróleo bajo tierra”. Ecuador lanzó el proyecto hace seis años en la sede de Naciones Unidas, cuando pidió la "corresponsabilidad" económica de la comunidad internacional para no explotar el crudo del ITT, lo que también suponía evitar la emisión a la atmósfera de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono, que se generaría con la combustión del hidrocarburo. El Gobierno de Ecuador anunció públicamente el año pasado la decisión de explotar el petróleo del ITT una vez que fracasó la iniciativa por falta de apoyo internacional.

Sectores opositores al proceso de explotación hidrocarburifera en la zona del Yasuni expresaron  que el “"Ministerio de Ambiente firma licencia para explotar Yasuní ITT. Sin consulta, sin democracia", según escribió Yasunidos en su cuenta de Twitter, en la que adelantó una campaña llamada "democracia en extinción". Al respecto, en su cuenta en la misma red social, la ministra de Ambiente invitó "a la ciudadanía a ejercer una veeduría activa" para la cual, dijo, se ha activado una página de "veeduría ciudadana". Por su parte el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, “ha asegurado que la extracción de petróleo en la zona del Yasuní se efectuará con la mejor tecnología disponible para minimizar el impacto ambiental”.

Una licencia comunitaria

Dichas informaciones sugieren de que estamos en presencia de algunos hechos significativos, concatenados en un acontecimiento inédito y esencial para los destinos del Ecuador y los habitantes de la región amazónica. El Ecuador asume por primera vez la explotación responsable de su riqueza natural, bajo cuatro ejes de la política estatal: soberanía del Estado sobre los recursos naturales no renovables; estímulo a la inversión estatal y privada para exploración y explotación petrolera; concesión de beneficios sociales comunitarios, amparados en la ley; y la sostenibilidad y sustentabilidad ambiental de los proyectos hidrocarburíferos implementados en la Amazonía ecuatoriana. Esta es una nueva era petrolera, caracterizada por un distinto rol del Estado en la administración de sus recursos naturales no renovables existentes en la zona de mayor biodiversidad planetaria. Esta realidad diversa se distingue por el otorgamiento de una anuencia política y social que viene a enriquecer y complementar la licencia ambiental y que confiere un nuevo sentido al aprovechamiento de los recursos naturales. Ambas licencias son suplementarias: Una licencia ambiental otorgada por la máxima autoridad de control socioambiental del país, el MAE; y, por una licencia social concedida en genuino diálogo por la comunidad del Yasuni al Estado interventor.

Dicha licencia social consiste en que la ciudadanía de las comunidades amazónicas de las áreas de intervención es informada, escuchada y respetada en sus privilegios colectivos y ambientales por derecho propio. Esto quiere decir que ese derecho propio es la natural prerrogativa que tienen las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y mestizas por el simple hecho histórico de pertenecer a la Pachamama de un territorio rico en recursos naturales. Estos recursos, si bien otorgan derecho a beneficios y compensaciones, no concede propiedad explicita sobre dichos recursos en su conjunto, siendo el Estado el soberano administrador de los yacimientos hidrocarburíferos que se encuentran en el subsuelo. Mientras que el espacio superficial del territorio es el escenario en el cual tiene lugar la reivindicación de derechos comunitarios, con prioridad para los pueblos amazónicos, como ha manifestado el Presidente ecuatoriano Rafael Correa, por ser ésta la región que subvenciona y financia con sus recursos naturales el futuro y progreso del país. Este panorama dista mucho de ser el nuestros vecinos, Perú y Colombia, donde los procesos de consulta no existen -o no se realizan de manera previa, libre o informada- antes ni durante las intervenciones estatales o privadas en procesos de exploración de recursos petroleros o mineros. La puesta en práctica de la Consulta Previa, Libre e Informa llevada adelante por el Estado ecuatoriano para intervenciones de extracción hidrocarburifera y minera, convierte al país en el pionero mundial en procesos de esta naturaleza. Esta consulta influyente, más no vinculante, es un soporte vital que viene a convertirse en herramienta básica de la política pública y social de los sectores estrategicos en la implementación de la explotación industrial hidrocarburifera. Cabe señalar que la Consulta Previa, Libre e Informada se ha realizado en tres procesos anteriores, a saber: XI Ronda suroriente Ecuador (provincias amazónicas de Pastaza, Morona Santiago y parte de Orellana y Napo), en las que se licitaron 17 bloques y adjudicaron 4; Ampliación del bloque 10 en Jimbikiti, Pastaza; y en intervención en el IIT bloque 43 Yasuní, provincia de Orellana.

La consulta previa es vital por algunas razones. En primer lugar consagra un derecho del ciudadano a ser informado, previa y oportunamente, sobre qué sucede en sus territorios en caso de explotación petrolera o minera. En segundo lugar se genera un espacio democrático y participativo en que la comunidad tiene la oportunidad de manifestar sus necesidades básicas en materia de salud, trabajo, educación vivienda, transporte y comunicaciones, entre otros, siendo entonces la consulta un mecanismo de reivindicación social. Y algo fundamental para una buena gobernanza: la Consulta Previa, Libre e Informada se ha mostrado eficaz como un mecanismo reductor de conflictividad social. Es decir, si tenemos a una comunidad informada, escuchada e influyente en las políticas estatales, que ahora tiene como interlocutor dialogante a un Estado incluyente y democrático que reivindica sus derechos colectivos, significa que se reduce a cero el conflicto social o político con dicha comunidad. Allí se genera, entonces, una licencia social fruto del diálogo y la observancia estricta de derechos ciudadanos.

De allí emanan responsabilidades compartidas entre Estado y dirigentes comunitarios de verificar que este diálogo genuino y de buena fe, haga posible en la práctica la convivencia plurinacional e intercultural que consagra la Constitución en el actual Estado nacional único e indivisible. Es a partir de estas buenas noticias que podemos decir que la patria avanza hacia nuevos rumbos en la relación Estado-sociedad civil, a través de un proceso justo y necesario, que profundiza la democracia como la única, aunque siempre perfectible forma de convivir en la sociedad armónica e incluyente que todos reclamamos.

JAMIL MAHUAD DE HÉROE A VILLANO

Por Leonardo Parrini

Alguna vez dije que Yamil Mahuad era el presidente de la mirada oblicua y las manos grandes. Y esa era una alusión a una cualidad física, sin que dicha impronta quisiera significar nada más. Alguien lo interpretó como una metáfora alusiva a un hombre deshonesto. Con el paso de los años es posible que Mahuad mantenga la mirada oblicua, más cansina tal vez, pero sus manos siguen siendo grandes de nacimiento y me pregunto si con esas mismas manos grandes con las que firmó la paz definitiva con el Perú, fue sujeto de peculado al firmar el decreto que dio paso al feriado bancario que llevó a la ruina a millones de ecuatorianos.

Del ex presidente tengo la imagen de sus manos y de su mirada, acaso, desde la reunión que mantuvimos -hace ya algunos años- en la sala de sesiones de la Alcaldía de Quito. En esa ocasión, Mahuad, me recibió como burgomaestre de la ciudad para una entrevista de prensa, acolitado por un sequito de ocho asesores que intentaban responder por su jefe al cuestionario periodístico. Tengo la sensación cuasi física del saludo estrechando su enorme mano e inquiriendo en su mirada ese rasgo de autenticidad que todo hombre logra destellar en sus ojos, pero no, solo había una frialdad similar a la mirada de un tiburón.  

Hoy la noticia no es noticia, sino la crónica de una pesquisa anunciada: Yamil Mahuad está en la lista de difusión roja de la Interpol, para ser detenido en cualquier lugar del mundo. Se entendería que su arresto es cuestión de horas y de allí el trámite de extradición al Ecuador es ineludible. El ex mandatario está enjuiciado por peculado, no obstante que en junio del 2006, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte de Justicia dictó sobreseimiento provisional, "por considerar que no se habría demostrado suficientemente la existencia del delito de peculado". Sin embargo, la Corte reabrió el proceso en el 2011 y ordenó la prisión preventiva en contra de Mahuad con la disposición de embargo de sus bienes. Un año más tarde la Jueza Ximena Vintimilla ofició una orden de captura de Jamil Mahuad a la Policía ecuatoriana y por su intermedio, a la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol. Tramite que no se cumplió.

El presunto delito: El expresidente puso su firma en el Decreto Ejecutivo No. 681 del 9 de marzo de 1999, mediante el cual declaró estado de emergencia nacional y, dos días después, el 11 de marzo, dicta el Decreto No. 685, ordenando el congelamiento de los depósitos del sistema financiero, conocido como "feriado bancario". Por estos hechos Mahuad, según la Fiscalía, habría violado el artículo 180 de la Constitución, pues en ese momento no existían causales para decretar la emergencia nacional. Pocos meses después, el 9 de enero del 2000, Mahuad estampa la firma en el decreto que dolarizo la economía ecuatoriana y adoptó la divisa norteamericana como moneda oficial a un valor de 25 mil sucres por dólar. La medida fue un acto desesperado en medio de una crisis económica caracterizada por un precio del barril de petróleo a 7 dólares y una inflación de 60,7 por ciento.

Una historia triste

La trayectoria pública de Yamil Mahuad es contrastada. Como pocos mandatarios, el ex líder democristiano ostenta en su currículo algunos hitos que forman parte de los anales históricos del país. Fue el 2 de febrero de 1998 que Mahuad declaró zona intangible o protegida al parque nacional Yasuni al firmar el decreto 552 que prohibía todas las actividades extractivas, como la explotación petrolera, minera y maderera. Paradojalmente, fue un 30 de septiembre de 1998, en el régimen de Mahuad, que se firmó el acta final que aseguraba que Texaco (hoy Chevron) “había cumplido con todos los trabajos de remediación ambiental, liberando a la petrolera de toda responsabilidad”, frente a lo que se considera el peor desastre ecológico del país. En concomitancia, su ex Ministro de Gobierno Vladimiro Álvarez, fue mencionado en el 2013 en el caso Chevron por un informe que buscaba exonerar del pago de 9 mil millones de dólares a la petrolera por daños ambientales a la Amazonía.  

Corrían los días al final de los años noventa cuando, el 26 de octubre de 1998, Mahuad y su homólogo peruano, Alberto Fujimori, firmaron la paz definitiva que ponía fin a un conflicto de medio siglo de duración. Ambos países se habían enfrentado en guerras en el año de 1941 con invasión del vecino sureño al territorio ecuatoriano; en Paquisha, en 1981; y en los altos del Cenepa en 1995. Los mandatarios firmantes, por ironía de la historia, fueron demandados por la justicia en sus respectivos países, pero luego de la firma de paz de Itamarati, Brasil, fueron sugeridos como candidatos al Premio Nobel de la Paz.

Mahuad, no obstante, enfrentaría el juicio popular en su país por haber decretado el feriado bancario. El descontento masivo motivó su caída del poder. Su gestión se había visto contaminada con un hecho imperdonable: salvar a los bancos en desmedro de la economía de millones de ecuatorianos. El salvataje bancario tenía una lógica. La relación de Mahuad con la banca no fue un hecho fortuito. Según versiones publicadas por la agencia Andes, Yamil Mahuad sostuvo estrechos vínculos con banqueros que ocuparon encumbrados cargos en su régimen: Álvaro Guerrero Ferber, del banco La Previsora, fue presidente del Consejo de Modernización. Fernando Guerrero Ferber, de la misma entidad financiera, estuvo al frente del Banco Central y Medardo Cevallos Balda, de Bancomex, fue embajador en México. Ana Lucía Armijos, miembro destacado de la Asociación de Bancos Privados, fue designada como ministra de Gobierno y posteriormente ministra de Finanzas. Guillermo Lasso, presidente del Banco de Guayaquil, fue nombrado gobernador del Guayas y luego superministro de Economía en el gobierno de Jamil Mahuad. De hecho, algunos banqueros desembolsaron ingentes recursos para financiar la campaña electoral de Mahuad. Fernando Aspiazu, del Banco del Progreso, por ejemplo, aportó tres millones de dólares para la promoción electoral del candidato de la Democracia Popular, concluye la nota de prensa.

Para el analista Julio Oleas Montalvo, esta circunstancia tiene una expresión de fondo. El Ecuador fue literalmente asaltado por la banca desde los años setenta, en que el capital financiero y sus representantes asumen el control de la economía del país en puestos claves del Estado. “Este fue un proceso de supeditación del control del capital productivo por el capital financiero. Fue este el que asumió las riendas del poder”, señaló Oleas. La prueba está en que de los “23 ministros de Finanzas que tuvo el país, entre 1979 y 1999, diez estuvieron directamente relacionados con el sistema financiero.”

El aciago 8 de marzo de 1999 la vida cambió para millones de ecuatorianos al enterarse de que sus ahorros y depósitos en los bancos ya no les pertenecían libremente, y en un fin de semana estaban congelados. Banco del Progreso con más de 750 mil clientes cerraba sus puertas con las bóvedas llenas de dinero ajeno de los depositantes. El efecto dominó sería cuestión de días, y así la mitad del sistema financiero ecuatoriano se vino al suelo con la quiebra masiva de bancos por sus malos negocios. El salvamento estaba en las decisiones del gabinete de Mahuad y el ex mandatario decretó “la entrega de créditos millonarios a la banca, a través de las instituciones públicas”. La partidocracia de entonces conformando la famosa aplanadora (Partido Social Cristiano –hoy Madera de Guerrero- y la Democracia Popular), acolitó la medida desde el Congreso creando leyes y la Agencia AGD  “para que el Estado se haga cargo de las deudas de la banca privada”.

Se había consumado el mayor perjuicio económico perpetrado al país, con angustia para millones de familias que vieron derrumbarse su situación financiera. La medida tenía un sentido mayúsculamente antipopular: se había puesto por delante el interés de los banqueros por sobre la situación de sus clientes. El Estado dejó de proteger a los ciudadanos y se convirtió en cómplice del atraco. La acción política que dio legalidad al congelamiento bancario fue simple, pero determinante: un acuerdo en el Congreso entre socialcristianos, demócratas populares y roldocistas dio paso a la creación de la AGD, mediante la eliminación  de “la legislación ecuatoriana el capítulo III, titulo 11, de la ley de Instituciones Financieras, que volcaba sobre los banqueros la responsabilidad por cualquier crisis en el sector”, con la que el Estado asumió la garantía ilimitada de los depósitos bancarios. Se había creado las condiciones para que la banca cometiera el pecado social de perjudicar a sus confiados clientes con la anuencia de un Estado cómplice en manos de un gobierno permisivo. Esa es la triste historia detrás del presidente de manos grandes. La historia la hacen los hombres y esa misma historia deberá juzgar a Yamil Mahuad.