Por Leonardo Parrini
Esta es una historia densa y
negra como el petróleo que brotó de las entrañas de la Amazonía ecuatoriana y que debió contribuir al
bienestar de los pueblos indígenas y mestizos que habitan esa región del país.
Entre los años 1964 y 1992 la transnacional norteamericana Texaco construyó
pozos y estaciones de producción petrolera en la región nororiental del
país, luego de que el Estado ecuatoriano le otorgó un territorio de alrededor
de 1.500.000 hectáreas de selva habitada por comunidades indígenas y colonos.
En sus operaciones,
Texaco no utilizó técnicas ambientales estándares con el fin de maximizar sus
ganancias, desechando miles de millones de galones de agua de formación que
contienen químicos tóxicos y carcinogénicos a la superficie de un suelo rico en
biodiversidad que terminó contaminado a gran escala.
En el año 2003 Chevron
(Texaco) fue enjuiciada por 30 mil indígenas y colonos de la Amazonía norte de
Ecuador, “por haber causado de manera premeditada el mayor daño ambiental
registrado en la industria petrolera”. Según los demandantes, en esta región la
empresa arrojó 16 mil millones de galones de aguas de formación (agua tóxica) a
ríos, esteros y fuentes de agua, de las que se sirven los habitantes de la
zona. Adicionalmente, vertió en la superficie 650.000 barriles de crudo,
construyó 880 fosas sin ningún tipo de recubrimiento ni aislante, en las que
depositó crudo y desechos tóxicos. Texaco devastó una amplia zona del
territorio ecuatoriano y construyó varias piscinas obsoletas y permeables que
siguen contaminando las aguas subterráneas y la atmósfera.
Estos daños ambientales
impactaron en las precarias condiciones de vida de la población de la región
amazónica: alta incidencia de muerte por cáncer, además de enfermedades de la
piel y del sistema digestivo y respiratorio, asociadas a la contaminación; la
desaparición de dos pueblos ancestrales (Tetetes y Sansahuaris), migración y
acorralamiento de las nacionalidades indígenas Cofán, Siona y Secoya; pérdidas
económicas por la infertilidad y baja productividad de la tierra y muerte
de animales de corral y ganado. A ello se suma la violación a los derechos
humanos de estas poblaciones y denuncias de abuso sexual a las indígenas por
parte de los integrantes de la compañía demandada.
La empresa Chevron compra
Texaco y asume sus pasivos. El juicio contra Chevron (Texaco) se inicia en 1993 con
la demanda por daño ambiental presentada por 88 ecuatorianos ante una corte
federal de Texas, EE.UU. Posteriormente, el grupo entabló en 1994 un reclamo judicial ante tribunales de Nueva York. Ambas cortes desecharon la demanda, que
finalmente recayó en la corte de la provincia de Sucumbíos, que tardó 18 años
en dictar la sentencia. La justicia ecuatoriana, mediante sentencia de segunda
instancia en enero del 2011, “dispuso el pago de 9.510 millones de dólares” a Chevron por daños ambientales en el Ecuador.
Como parte de la sentencia,
los tribunales habían fijado hasta el 3 de febrero del 2012 como plazo final
para que Chevron se disculpe con los afectados por la contaminación, caso
contrario se duplicaría el monto de la indemnización impuesta. Horas antes de
que se venza el plazo, su vocero, James Craig, afirmó que "Chevron no se disculpará",
por lo que la cantidad que debe pagar a las comunidades indígenas y mestizas afectadas
ascendió a 19 mil millones de dólares.
Chevron sostiene que ha
limpiado las zonas contaminadas, para lo cual invirtió 40 millones de dólarles,
lo que es considerado una burla por los habitantes amazónicos. No obstante la
transnacional insiste en decir que en base a estudios científicos
“las zonas están limpias y sanas y que no hay contaminación peligrosa para el
medio ambiente en la región de Lago Agrio”. Sin embargo, en dos
reuniones anuales cuando activistas han preguntado acerca del caso ecuatoriano
el presidente de la empresa, David O’Reilly no respondió.
Un giro en el caso
El mes en curso dos hechos
han puesto en el tapete el caso Chevron-Texaco. Una corte norteamericana dio
paso a un Discovery “para que compruebe la corrupción en la que incurrió la empresa
Chevron” durante el juicio en marcha. El Quinto Circuito de Nueva York permitió
que los demandantes accedan a toda la documentación que está en poder de John
Connor, perito propuesto por Chevron para determinar los daños. Connor, bajo
juramento “aceptó haber sido contratado por dicha empresa para manipular
muestras que exculpen a la compañía”.
Este recurso permitirá
comprobar que “las muestras y análisis presentados por Chevron fueron alterados por la propia compañía para engañar a la Corte
ecuatoriana”, y de esta manera
esconder la existencia de contaminación”, según versión de Humberto Pilguaje,
Coordinador de los Afectados por la petrolera. No obstante ese argumento, existen
nueve fallos en contra de Chevron emitidos por Cortes norteamericanas, incluido
uno emitido por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Además, la empresa
ha recibido dictámenes condenatorios por parte de dos instancias de la justicia
de Ecuador.
El segundo hecho influyente es
el embargo ordenado y ratificado este mes en Argentina a los bienes de la
transnacional Chevron (Texaco). Chevron dispone en ese país de activos por más
de 2 mil millones de dólares y judicialmente el secuestro será efectivo
mientras no concluya el pago de los 19 mil millones de dólares a los que la
compañía fue condenada a cancelar. Para los observadores esta decisión significa “otro
revés para la petrolera, ya que sistemas jurídicos fuera del Ecuador están
dando la razón a los afectados y afectadas, que probaron que Chevron es
culpable del daño ambiental por el que fue sometida a juicio en Ecuador”.
Hace algunos días trascendió
que Chevron (Texaco) estaría intentando comprar nuevos testimonios de personas
dispuestas a decir lo que la empresa les solicite a su favor. La petrolera Chevron planea presentar “otro
falso testigo” que sería, nada más y nada menos, Alberto Guerra Bastidas, ex juez
de la Corte Provincial de Sucumbíos, “quien ya se encuentra en Miami bajo la
tutela y protección de la empresa”. Con esto se comprueba que la compañía sigue
“actuando de manera corrupta para pretender deslegitimar las acciones de cobro
que se están ejecutando en el marco del juicio ambiental de Lago Agrio” y por
el cual está obligada a pagar más de 19 mil millones de dólares.
Según pruebas auditivas
obtenidas en grabaciones y documentos, se establece que miembros de la Chevron
se contactaron con jueces, ex jueces, funcionarios públicos y técnicos para
comprar falsos testimonios. Estos testigos son llevados fuera del Ecuador con
el fin de que no puedan ser requeridos por la justicia local. Un ejemplo es el
juez Guerra, que en sus declaraciones afirma: “Yo era el “escritor
fantasma” del Sr. Zambrano y escribí la gran mayoría de las providencias
dictadas en los casos civiles asignados que al Sr. Zambrano correspondió,
incluyendo el caso Chevron”. En otra declaración señala: “Los pagos de los
representantes de los demandantes me los entregaba el Sr. Fajardo en efectivo o
me los depositaban en mi cuenta de ahorros en el Banco Pichincha”.
Pablo Fajardo, abogado de los
indígenas y colonos demandantes, aseveró que “el sueño de Guerra ha sido
cumplido por Chevron y ahora dirá lo que ellos quieran… Nos manifestó que diría
lo que quisiéramos si le pagábamos y lo llevábamos a vivir en Estados Unidos, y
esa fue la razón por la que lo descartamos, por su falta de credibilidad. ¿Cómo
se puede creer en una persona que se vende al mejor postor?”.
Lucha por la soberanía
Existen algunos elementos
claves y claros en este caso. Chevron (Texaco) busca deslegitimar el juicio
para conseguir su nulidad. Las estrategias de la empresa corresponden a métodos
colusorios internacionales que involucran a autoridades, abogados, técnicos, e
incluso miembros de comunidades indígenas ecuatorianas, con el fin de dar un
vuelco del caso a su favor.
Esta estrategia tiene vieja
data. Texaco decidió someterse a los jueces y tribunales ecuatorianos,
precisamente, para eludir la jurisdicción y competencia de sus jueces naturales
norteamericanos, puesto que entonces consideraba que la justicia ecuatoriana le
brindaba todas las garantías del caso. Garantías que probablemente la justicia
de su país de origen no era capaz de brindarle. En ese momento decidió deslegitimar
lo actuado por las cortes ecuatorianas y entrabar la justicia con el fin de conseguir la nulidad del juicio
y así ganar tiempo para futuras defensas.
Chevron Texaco sostiene como
argumento, antes y después del fallo, que el plan de los abogados demandantes consiste en inflar las cifras por daños y actuar en
coordinación con jueces corruptos para emitir un fallo que favorezca a los
demandantes. Su versión queda resumida así: A Chevron no le queda alternativa
distinta de hablar abiertamente sobre la negación de la justicia que rige
actualmente en el Ecuador. “En nuestra opinión, este proceso ya carece de toda
validez legal y nuestra empresa luchará, en todos los foros posibles, contra
esta vergonzosa manifestación de flagrante injusticia”.
El actual juicio contra
Chevron-Texaco en el Ecuador tiene todos los ingredientes de un thriller: una poderosa multinacional petrolera multinacional que asola la
naturaleza, muchísimos abogados súper pagados, grupos ambientalistas radicales
que apoyan a los demandantes, un juez que estaría aceptando sobornos, un perito
designado por la corte que no está debidamente calificado para evaluar el caso
y que exhibe conflictos de interés.
A esto se suma la intervención
del Presidente ecuatoriano Rafael Correa quien, la semana pasada, exhortó a los
bloques regionales ALBA y UNASUR a discutir la "aberración" legal
cometida por un tribunal de arbitraje de la ONU contra Ecuador, en el caso
ambiental imputado a la petrolera estadounidense Chevron: "Es necesaria la unión latinoamericana para evitar
los abusos de estas trasnacionales que nos consideran colonias y tienen
comprados árbitros y centros de arbitraje para defender a las grandes
corporaciones”. Un tribunal de arbitraje de Naciones Unidas, dijo el
mandatario, ordenó recientemente a Ecuador impedir la ejecución de una
sentencia emitida por una corte del país contra Chevron, para que pague unos
19.000 millones de dólares por los daños ambientales dejados en la Amazonía
ecuatoriana durante sus operaciones entre 1964 y 1990. "Lo que está
haciendo la Uncitral (Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho
Mercantil Internacional) es un abuso completo, se declara competente
para atender la queja de Chevron que salió en 1992 del país, invocando un
tratado de 1997 y en base de eso ordena
la suspensión de una sentencia de cortes ecuatorianas. Se acabó la
soberanía". Correa indicó que como presidente de la nación andina no posee
la competencia para ordenar la suspensión de un fallo en un "juicio
privado", y rechazó "las amenazas de que vamos a tener que pagar las
costas de defensa de Chevron, y todo lo que tiene que pagar Chevron al Estado…Esto
puede liquidar al país.”
Con este giro, el
juicio contra Chevron (Texaco) ahora no sólo se inscribe en la lucha de los
pueblos indígenas ecuatorianos por su sobrevivencia, sino en la defensa de la soberanía
nacional. En ese cauce, la postura regional invocada por el mandatario
ecuatoriano nos involucra como país y como continente y se perfila como un
signo ineludible de nuestro tiempo.
ResponderEliminarULTIMA HORA
Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) salieron hoy en defensa de Ecuador ante la "agresión" de la petrolera Chevron durante una reunión del Consejo Político del mecanismo, en la que reiteraron su apoyo al presidente venezolano, Hugo Chávez.
Un tribunal arbitral de Naciones Unidas determinó a principios de febrero que Ecuador incumple leyes internacionales "al no haber impedido" la ejecución de un fallo contra Chevron que le obliga a pagar 19.000 millones de dólares por un caso de contaminación en la Amazonía.
Los cancilleres y representantes reunidos en el X Consejo Político de este mecanismo creado en 2004 en La Habana aludieron al conflicto con Chevron en una cita que llegaba con el propósito de expresar apoyo a Chávez por su salud, y a los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y Ecuador, Rafael Correa, por sus reelecciones.
Además de una declaración especial, los ocho países de la ALBA incluyeron una mención en su documento final sobre Chevron e incluso el vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, planteó una reunión de las instancias regionales de América Latina para tratar la "agresión".
"Nosotros tenemos que detener esta agresión" porque "tenemos que entenderla como la agresión a todos los países del ALBA y así Venezuela se declara: es la agresión también contra Venezuela", subrayó Maduro, quien encabeza el Gobierno de Caracas durante la convalecencia de Chávez.
Maduro pidió "acelerar todo lo que tiene que ver con la respuesta a esta agresión" y que se haga de manera "rápida" la reunión de países del sur para llevar "este debate y preocupación" a las instancias de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y otras.
En la declaración final, leída por el canciller venezolano, Elías Jaua, el Consejo Político de la ALBA rechazó "las maniobras que realiza la empresa Chevron con el propósito de afectar la imagen internacional y perjudicar los intereses económicos y comerciales del Ecuador".
En este sentido, calificó como "inadmisible" la "campaña de desinformación" de la petrolera estadounidense.
La ALBA exhortó en una declaración especial a los Gobiernos de la región que integran Unasur y la Celac a que se "solidaricen con el Ecuador" y "denuncien en los foros internacionales".
La Alianza está integrada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.