DISCONTINUIDAD CULTURAL

Por Leonardo Parrini

La cultura de la discontinuidad ha imperado en el Ministerio de Cultura. Solo basta citar que ocho ministros han ocupado esa cartera de Estado en nueve años. Sin buscar las cinco patas al gato, cabe decir que en forma miscelánea se han sucedido funcionarios que realizan la gestión con una disonancia cognoscitiva diciendo una cosa y haciendo otra. Forjaron una expectativa que se ha quedado en palabras: promulgar la Ley de Cultura, promesa incumplida que rebasó el plazo establecido por la Asamblea de Montecristi. La deuda del Estado con la cultura tiene saldo en rojo en la ausencia de una política que refleja la falta de un reglamento que norme la actividad cultural del país como su forma esencial de ser.   

La desarticulación entre las diversas manifestaciones culturales es un síndrome de una preocupación mayor: el vacío de una reflexión plural sobre el país que queremos, concebido en la utopía de creación intelectual y afectiva del ser humano. ¿Y quiénes mejor que los trabajadores de la palabra y de la imagen, artistas, escritores, músicos, cineastas, en fin, soñadores empedernidos, para concebir ese país diferente acuñado en el comportamiento revolucionario individual y colectivo del pueblo en una nueva matriz nacional?

La cultura y su burocracia se ve afectada estos días por enroques ministeriales, cambios de sujetos como en un tablero de ajedrez, con la salvedad de que Rafael Correa mueve sus fichas claves en los puestos que considera claves, y la cultura no lo es ni lo ha sido para el régimen. Los hombres del presidente, -aquellos de confianza, se entiende- van nominados a puestos estratégicos, y la cultura no lo es para el gobierno. La defensa nacional y las relaciones exteriores si son estratégicas, como una obvia política pública del Estado.

Junto al nombramiento de la flamante ministra de Cultura, Ana Rodríguez, viceministra del equipo de Guillaume Long, se promete continuidad. ¿En qué? La misma funcionaria reconoce la deuda cultural del Estado, y una de esas deudas es no haber dado el tiempo necesario a los burócratas para que desarrollen la política pública del sector en el que están inmersos. El escritor que preside la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, tiene mucha razón al insistir en “la necesidad de la permanencia de quien dirija el Ministerio, al considerar que con cada nuevo actor, tras el mando, se echa al tarro de basura lo que se ha dicho y programado, y eso es lo que ha pasado siempre en el país”.

En esa discontinuidad, el sector cultural tiene expresiones autorales solitarias importantes, huérfanas de financiamiento y de coordinación con circuitos de distribución de sus productos. Esa tácita red de hacedores de cultura no ha sido debidamente coordinada por las instancias ministeriales, precisamente debido a la ausencia de políticas y de financiación concreta. La pretendida “industria cultural”, tomada a trasmano de experiencias foráneas, no representa nada más que una amenaza para las iniciativas autorales impedidas de competir con la maquinaria burocrática del ministerio en la gestión cultural. Esa competencia desigual es una espada de Damocles para los entes culturales, no obstante que el Sistema Nacional de Cultura está integrado por todas las instituciones en el ámbito cultural que reciben fondos públicos y por los colectivos de personas que vinculen al sistema.

Hablando claro, la cultura no se la puede decretar. La sola designación de recursos no garantiza la creatividad; ni la omnipresente estructura burocrática del Estado asegura una libre y fecunda manifestación cultural. Sin embargo, la ley es una necesidad perentoria para garantizar un aliento democrático a la cultura, en la medida que “permita organizar, potenciar y fomentar la gestión artística, la formación de públicos, la memoria social y el patrimonio material e inmaterial que tiene el país”. La norma, si bien no es garantía de creación, obliga al Estado a ejercer rectoría por medio de sus órganos competentes, entiéndase el Ministerio de Cultura, que además está obligado a gestionar el desarrollo cultural del país como una política de Estado. Frente a la nueva designación ministerial, es de esperar que la política de la discontinuidad cultural no siga rondando -como el Fantasma de la Opera- en el impasible edificio del Ministerio de Cultura.