LA MUERTE DE ROLDÓS: ¿UNA CENSURA INCONSTITUCIONAL?

Por Leonardo Parrini

La censura ejercida por la cadena de cines Súpercines al documental La muerte de Roldós del realizador ecuatoriano Manolo Sarmiento, que le niega la exhibición en sus 19 salas disponibles en el país, ha generado el rechazo del público en redes sociales por considerarse “antidemocrática e inconstitucional”.  

Las razones políticas que esgrime la empresa para no exhibir el film, por contener supuestas alusiones “muy fuertes” al ex presidente León Febres Cordero, se enmarcan en una beligerancia ideológica que termina conculcando el derecho ciudadano al acceso a la creación cultural y artística, prerrogativa contemplada en el artículo 380 de la Constitución ecuatoriana. Dicha norma constitucional señala que es responsabilidad del Estado “Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva no condicionen ni restrinjan la independencia de los creadores, ni el acceso del público a la creación cultural y artística nacional independiente”.

Silencio cómplice

El hecho político que implicó la muerte de Jaime Roldós, primer presidente ecuatoriano elegido luego del retorno a la democracia en 1978, ha estado signado por el mutismo cómplice, ante un eventual asesinato del ex primer mandatario. Precisamente, el documental de Sarmiento es un sobrio, pero incisivo alegato por romper el silencio y contribuir a desentrañar el misterio que rodea la muerte de Roldós, acaecida el 24 de mayo de 1981 mientras viajaba en el avión presidencial que se siniestró sobre una zona montañosa en el sur del país. El impedimento que niega la proyección pública del documental, es un hecho que se sumaría a la ya extensa cadena de omisiones y silenciamientos en torno al caso, que impiden que la verdad sobre las auténticas causas de la muerte del joven líder ecuatoriano salga a la luz.

La empresa Súpercines no tiene la obligación legal de proyectar el film, no obstante la responsabilidad de asegurar un buen producto a sus clientes forma parte del derecho ciudadano a que “proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad”, contemplado en la Ley de Defensa del Consumidor. Esta prerrogativa ciudadana adquiere más importancia puesto que, según manifiesta Manolo Sarmiento, director del largometraje, “ellos detentan un porcentaje importante del mercado cinematográfico. Nosotros nos dedicamos a hacer películas para ese mercado. En diez ciudades del país, ellos son el único exhibidor de películas”.

Cuando aún la Ley de Culturas es una asignatura pendiente, la censura al documental de La muerte de Roldós desnuda un hecho que ya hemos observado anteriormente entre las debilidades del cine ecuatoriano: el limitado acceso a los circuitos de distribución y la ausencia de canales propios para la circulación de sus productos. Esta situación pone en el tapete la necesidad de tomar muy en cuenta la cuota de programación que debe existir para la difusión de productos culturales nacionales en salas privadas.

Si bien la cultura no “funciona” por decreto, no es menos cierto que dentro del libre juego democrático de una sociedad diversa, debería existir la posibilidad de que el flujo de las ideas no encuentre escollos en el camino. Para que ello suceda, los concurrentes al mercado de productos cuya “materia prima son las ideas”, deben mostrar un “espíritu abierto a la polémica”, según el oportuno petitorio de Manolo Sarmiento.