LA RED EN LA LEY: ¿TRAMPA O LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

 

Por Leonardo Parrini

La nueva situación creada en Ecuador con la aprobación de la Ley de Comunicación que entrará próximamente en vigencia, ha dado lugar múltiples inquietudes ciudadanas relacionadas con los alcances del nuevo cuerpo legal. Si bien se considera que la Ley comunicacional está dirigida para regular la acción de los medios informativos y la práctica periodística profesional, no es menos cierto que la ley atañe a las personas naturales y su derecho a la opinión individual.

Una de las formas de comunicación interpersonal y masiva son las redes sociales, cada día más influyentes en la conducta y opinión de la gente que encuentra en Facebook, Twitter, YouTube o LinkedIn, entre otras, un espacio de convivencia y relación con sus semejantes. Incluso, en esta época de soledades individuales y colectivas, las redes sociales son la razón de ser para millones de seres humanos.

A cambio de las bondades que ofrecen las redes sociales, los asiduos navegantes del Internet, fanáticos de sitios comunitarios y cibermundos dispuestos en la red, deben tener clara conciencia de que éstos son espacios colectivos, y que manejar un grado de privacidad individual ofrecido por la propia red sigue siendo relativo. Sin contar con la posibilidad de espionaje cibernético tan de moda en este tiempo, la participación en una red supone riesgos personales que pueden implicar la pérdida de la privacidad familiar o el cometimiento de delitos con peligro de muerte. Quien entra en las redes sociales asume que se trata de espacios públicos o restringidos a determinados grupos afines, puesto que nadie participa en Facebook o Twitter para ocultarse o sólo ver de manera individual lo que publica. Por el contrario, en el mundo virtual queremos relacionarnos, visibilizarnos e influir.

Junto a las restricciones que declaramos conocer el momento de abrir una cuenta en una red social, existen obligaciones y derechos que debemos contemplar, entre otras, no hacer uso indebido del espacio publicando contenidos ofensivos o discriminatorios, incitación a la violencia o estimulación pornográfica. Sin embargo, hay un consenso tácito en considerar que la red social es un sitio de libre pensamiento y opinión al que asistimos muchas veces protegidos por el anonimato, los seudónimos y las cuentas Troll.

Hecha la ley, hecha la trampa

La Ley de Comunicación poco o nada dice respecto de la participación y uso de la información en redes sociales, limitándose a señalar en el Artículo 4: "Contenidos personales en Internet. Esta ley no regula la información u opinión que de modo personal se emita a través de Internet. Esta disposición no excluye acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del Internet."

Fuentes consultadas por diario El Comercio manifiestan que la nueva ley comunicacional ecuatoriana “garantiza el libre pensamiento y opinar lo que se desee”, pero también deja abierta la posibilidad de regular y “hasta prohibir” contenidos personales que se difunden a través de las redes sociales. Si la ley es ambigua en el sentido de controlar contenidos en las redes, está claro que las regulaciones de la Ley de Comunicación son relativas a las empresas mediáticas, concesionarias de frecuencias de televisión y radio y comunicadores, cuyos contenidos puedan ser generados o replicados a través de Internet.

Si bien el anonimato es el escudo usado por millones de personas para expresar con toda libertad e irresponsabilidad sus opiniones, es un arma de doble filo. El nombre del usuario de Internet puede ser ficticio o camuflado, pero la IP de la cuenta desde donde se emite el mensaje es técnicamente ubicable. Bástenos recordar cuando el twitero @wacker600 amenazó al Presidente Rafael Correa, inmediatamente fue investigado por las autoridades. Y famoso fue el caso de Javier G, quien en noviembre de 2011 profirió supuestas amenazas de muerte al Mandatario y al día siguiente fue detenido en su domicilio. Hecha la ley, hecha la trampa, dice el pueblo en su sabiduría callejera. Es de esperar que la red no atrape algunos aspirantes a la total libertad de expresión, puesto que los derechos que nos otorga la ley, también suponen claros deberes que debemos asumir como ciudadanos responsables.