Por Leonardo
Parrini
Hay quienes
piensan que tener recursos naturales es una maldición, dijo el Presidente
Correa hace algún tiempo en una intervención de prensa en Sucúa, Provincia de
Morona Santiago. Maldición que condena a los pueblos a una dependencia del
extractivismo, a una mono producción de recursos naturales no renovables,
petróleo, y diversos productos de extracción de origen mineral o vegetal como
el cobre, estaño, banano, etc. Maldición que pone a los países en la mira de la
voracidad económica de las grandes compañías transnacionales. Estigma de países
monoexportadores que va acompañado de la impronta de naciones subdesarrolladas.
Países como Brasil,
Canadá, Chile, Ghana, Bolivia, Perú, Mauritania, Rusia, entre otros, saben que
esa es una verdad a medias. Una realidad, que si bien tiene antecedentes
históricos concretos y comprobables, no es menos cierto que se trata de un
destino, en todo caso, susceptible de cambiar como lo han hecho algunos países
en determinados momentos históricos. Chile es un ejemplo de cómo el cobre,
sueldo del país, cuyas minas a tajo abierto y cerrado eran propiedad de
compañías norteamericanas; en 1966, por decisión del Gobierno de Eduardo Frei
pasaron ser “chilenizadas” con el 51% de acciones adquiridas para el Estado
nacional. Sería luego el gobierno de Salvador Allende, en 1971, que nacionalizó
definitivamente las riquezas cupríferas de Chile adquiriendo el 100% de la
propiedad del yacimiento de Chuquicamata el más grande del mundo a tajo abierto, entre otros.
¿Qué enseña este
ejemplo? Sin duda, que las condiciones de cómo un país enfrenta el
aprovechamiento de sus recursos naturales depende en gran medida de su voluntad
política y no sólo de las condiciones del mercado. Voluntad que amerita la
decisión de negociar en los mejores términos, justos para ambas partes, pero
por sobre todo favorables a los intereses de país anfitrión como un elemental y
sano sentido nacionalista.
El caso Kinross en
Ecuador tiene componentes similares al ejemplo chileno, en el sentido de que un
Estado soberano decide poner condiciones a las compañías mineras explotadoras
internacionales, contemplando, en primer lugar los intereses nacionales. El impasse con la Kinross surgió a partir de la decisión del Estado
ecuatoriano –según publicación de El Comercio- de cobrar a las mineras “un valor adicional cuando el precio del oro, la
plata o el cobre supera la cotización pactada en el contrato de explotación acordado
con la empresa. Esos ingresos extraordinarios se repartirán así: 70% para el
Estado y 30% para la compañía. Kinross y otras empresas mineras manifestaron
que ese impuesto hacía inviable su negocio en el Ecuador, lo cual fue aceptado
por el Gobierno, que decidió reformar la Ley de Minería para cobrar el impuesto
después de que las mineras recuperen sus inversiones. Ese ajuste no era
suficiente para las empresas…”
La Kinross
replico en su página web que abandona el yacimiento de oro Fruta del Norte,
ubicado en la provincia de Zamora, con reservas por 6.8 millones de onzas que
equivalen a $ 10.000 millones de dólares. Kinross manifestó en un comunicado de
prensa que “Hemos dicho que vamos a ejercer una estricta disciplina en el
capital de nuestra compañía… y que solo ingresaremos con acuerdos que sean los
mejores para los intereses de nuestra compañía y sus inversionistas. Por lo tanto, “independientemente, de las
reformas a la Ley de Minería y a la Ley de Equidad Tributaria que se encuentran
en trámite, Kinross ha llegado a la conclusión que no es de interés de la
compañía ni de sus accionistas seguir
invirtiendo en el desarrollo de FDN”
Fuego
cruzado
En los
inicios de la actividad minera en Ecuador, en la época pre incásica, fueron
explotados los flujos de obsidiana de Mullumica en la Cordillera Real, mientras
que el oro y la plata fueron extraídos principalmente de los ríos y también a
partir de túneles en roca. Entre los lugares conocidos están Nambija, Zaruma y
Río Santa Bárbara en el siglo XVI. Según investigación de Marco Quinteros,
“tras la conquista española se redescubrieron sitios de explotación conocidos y
se produjeron asentamientos humanos en sus alrededores. Se conoce que los
españoles estuvieron en Nambija y fundaron el poblado de Zaruma en 1549, de
donde se extrajo el oro hasta el siglo XVIII. Las minas de
Nambija fueron abandonadas por los españoles al igual que la ciudad Zamora de
los Alcaides. Fueron redescubiertas por 1980, por colonos de la provincia
quienes iniciaron su rápida explotación con tecnología de los años 1950 y que
debido a la codicia causaron caos que hasta hoy impera en la zona”.
La nueva etapa de
explotación minera en el Ecuador es una guerra de varios frentes, con un Estado nacional enfrentado a dos fuegos: las
transnacionales que vienen al país a hacer su negocio lucrativo y las organizaciones ecologistas que también hacen
su negocio ideológico de oponerse, a ultranza, a toda industria extractivista
por considerarla depredadora. Es hora de que las transnacionales explotadoras y
las transnacionales ecologistas, entiendan que en el Ecuador ahora hay un
Estado soberano que hace gala de una nueva política pública en materia de
explotación de sus recursos naturales. Una política que, en primer lugar,
salvaguarda los intereses del país, de los habitantes de las zonas de
influencia y de la naturaleza como principal recurso para el desarrollo social
de los pueblos amazónicos y serranos donde tiene lugar la extracción petrolera
o minera.
En Sucúa, además el
Presidente Rafael Correa dijo que en las zonas de intervención “no ve culturas
ancestrales, sino miseria”, debido al abandono estatal y por la mala
explotación de los recursos de esas zonas, en manos de compañías
transnacionales que explotaron irracionalmente esas riquezas y establecieron
relaciones maleadas con los dirigentes comunitarios a los que acostumbraron a
negociar en oscuras condiciones la autorización de entrada a sus territorios.
El Mandatario
ecuatoriano ha garantizado que, en primer término, serán beneficiados los
habitantes de las zonas de extracción, cuyos recursos harán posible superar la
pobreza endémica de esas regiones amazónicas y serranas del Ecuador. Esta
decisión se inserta en la política de cambio de matriz productiva y energética,
que debe permitir al país entrar en un proceso industrial impulsado con
capitales provenientes de la extracción de recursos naturales.
El destino del Ecuador
está trazado: un futuro industrial exportador de productos elaborados y
productos naturales, bajo la soberana decisión de establecer condiciones a
favor del país. El caso Kinross es sólo el inicio de las tantas batallas que
restan por librar en la gran guerra contra la pobreza la dependencia y el
subdesarrollo.
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