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martes, 10 de mayo de 2016

¿PARAÍSOS DE CORRUPCIÓN?


Por Leonardo Parini

En el imaginario colectivo, un paraíso es un espacio idílico próximo a las bondades divinas. Esta metáfora bíblica no dista mucho de la percepción que se tiene de los paraísos fiscales como territorios privilegiados que brindan a las empresas, a través de bondades económicas, “un cauce para reducir su factura fiscal, por tanto, su cuenta de gastos, y, como consecuencia de ello, mejorar su competitividad”. En la práctica del frío e impersonal mundo del dinero, un paraíso fiscal es un instrumento de competencia fiscal perjudicial, puesto que es un territorio de baja o nula tributación que, mediante normas específicas internas, garantizan la opacidad de las transacciones, con la ausencia absoluta de registros, formalidades y controles.  

Una definición técnica describe a un paraíso o refugio fiscal en los siguientes términos: territorio que aplica un régimen de impuestos favorable a los ciudadanos y empresas no residentes, que se domicilien a efectos legales en el mismo. Típicamente estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos, así como el secreto bancario. Otro rasgo típico de un paraíso fiscal suele ser la existencia de estrictas leyes de secreto bancario y de protección de datos personales. Es habitual que los datos de accionistas y directores de empresas no figuren en registros públicos, sino que se encuentren bajo la custodia de su representante legal, el llamado agente residente.

La lista ecuatoriana

Los Panama Papers filtrados y difundidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), identifican algunos nombres de empresarios, ex ministros, estudios jurídicos, grupos y corporaciones económicos y dueños de periódicos  relacionados con paraísos fiscales. En la paradisiaca lista ecuatoriana constan -según el diario público El Telégrafo-, 1.852 empresas offshore vinculadas a Ecuador, 928 directivos, 325 intermediarios y 617 direcciones registradas. Las compañías enlistadas fueron inscritas por el estudio jurídico Mossack Fonseca en Panamá, Uruguay, Nevada (EE.UU.), Niue (estatus de libre asociación con Nueva Zelanda), Reino Unido, Islas Vírgenes Británicas, Nueva Zelanda, Hong Kong, Belice, Bahamas, Costa Rica, Anguila (territorio Británico), Samoa y Seychelles. Un mapa representativo de paraísos fiscales con tarifas impositivas inferiores al 60% de la vigente en nuestro país.

De una revisión acuciosa a las bases de datos expuestas, saltan a luz pública nombres de empresarios como, Agustín Febres Cordero,  Francisco Vivanco Riofrío del directorio nacional de diario La Hora. Empresas relacionadas en el Grupo TV Cable, diario El Universo, Hotel Colón políticos como Alfredo Adoum Ziade y el actual gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde. También el diario público ecuatoriano confirma los nombres de Heinz y Werner Moeller Freile, y otros publicados en ese matutino como Estudio Jurídico Ortega Moreira & Ortega Trujillo Abogados. En el Ecuador la investigación identificó 589 empresas offshore que tienen vinculación con el estudio jurídico panameño Mossack Fonseca y fueron creadas para clientes ecuatorianos. La revelación hecha por el titular del SRI, Leonardo Orlando, en Radio Pública, ha relacionado a 1.300 sociedades y personas naturales. Junto a ellas existen 40 grupos económicos donde constan más de 300 firmas compradas por 67 estudios jurídicos y asesores tributarios nacionales.

Fin a los paraísos fiscales

En el contexto de las revelaciones de los Panama Papers un grupo de 355 prestigiosos economistas del mundo han suscrito una carta enviada a la Cumbre contra la Corrupción 2016, que se inaugura este jueves en Londres con participación de 40mpaiese y representantes el Banco Mundial y del FMI. La misiva señala en su parte sustancial: “A los líderes del mundo: Les urgimos a utilizar la ‘Cumbre contra la Corrupción’, que se realizará en Londres en este mes, para hacer cambios significativos y terminar con la era de los paraísos fiscales. La existencia de paraísos fiscales no contribuye al bienestar o a la riqueza global; aquellos no sirven a ningún propósito económico útil. Si bien estas jurisdicciones benefician indudablemente a unas cuantas personas ricas y empresas multinacionales, ese beneficio sucede a expensas de los demás y, por tanto, contribuye a incrementar la desigualdad.

La exhortación continua señalando que el secretismo proporcionado por los paraísos fiscales incrementa la corrupción y socava la capacidad de los países para recolectar una proporción justa de impuestos. Si bien todos los países son golpeados por la evasión tributaria, los países pobres son desproporcionadamente los mayores afectados pues, por lo menos, pierden $ 170 billones en impuestos cada año.

Los profesionales firmantes de la carta reconocen que los territorios que permiten el ocultamiento de activos a través de empresas de papel, o que fomentan el resguardo de las utilidades de empresas que no operan allí, están distorsionando el funcionamiento global de la economía. Al ocultar las actividades ilícitas y permitir que las personas ricas y las empresas multinacionales operen con diferentes reglas, esos territorios amenazan también la vigencia del imperio de la ley, un ingrediente vital para el éxito económico. A su vez, los gobiernos deben poner sus propias casas en orden, asegurando que todos los territorios, de los cuales son responsables, pongan a disposición del público la información sobre los reales propietarios o beneficiarios de empresas y fideicomisos. No existe justificación para permitir la continuación de los paraísos fiscales” Más allá de la metafórica relación establecida entre el paraíso y territorios de malhadadas prácticas económicas, la cumbre de Londres debe lograr acuerdos tangibles en torno al fortalecimiento de la lucha anticorrupción como una imperiosa respuesta a un asunto que involucra a todo el planeta.