Fuente El Telégrafo
Por Juan J. Paz y Miño C.
Durante las décadas de los 80 y 90, cuando
rigió en Ecuador el modelo empresarial/neoliberal, las cámaras de la producción
abogaban por la flexibilización del trabajo: vincular el salario a la
productividad; extender la jornada semanal a 44 o 48 horas; suprimir o
disminuir el pago de horas extras, así como las ‘décimas’ remuneraciones;
abolir el reparto de utilidades; disminuir las indemnizaciones por despido; revisar
los derechos sindicales, el contrato colectivo y la huelga; introducir el
criterio de ‘trabajador plurifuncional’, aunque bajo la misma remuneración;
extender el trabajo por horas y el tercerizado; recortar los días de descanso
por feriados, etc. De este modo se perdió el principio pro-operario que inspira
a todo código del trabajo, y hasta las autoridades se inclinaban por
precautelar los intereses empresariales sobre los de los trabajadores.
Semejantes criterios felizmente fueron
liquidados con el nuevo ciclo histórico-político iniciado en 2007, de manera
que logró restituirse el principio pro-operario. A pesar de ello, es poco lo que se ha
avanzado en la promoción de nuevos derechos laborales, si es que se compara a
Ecuador con una serie de garantías que tienen los trabajadores en diversos
países europeos, lo cual siempre sirve de referente por lo menos teórico, por
los avances y logros que pueden verificarse en las políticas sociales de esos
países, pese al galope de conceptos neoliberales que también han penetrado
sobre Europa.
Además, han aparecido nuevas formas de
intensificación y precarización del trabajo: por medios electrónicos (lectores,
cámaras) se registra el ingreso y salida de los trabajadores y se contabiliza
el ‘tiempo efectivo’, de modo que se carga, en contra de los trabajadores, el
tiempo ‘perdido’ por segundos y hasta minutos; se descuenta, sobre los días de
vacaciones, los permisos concedidos al trabajador por mañanas, tardes o días,
lo cual viola abiertamente un derecho incompensable; se obliga a los
trabajadores a ‘recuperar’ jornadas de trabajo suspendidas por días festivos o
excepcionales, que igualmente afecta el derecho al descanso semanal
obligatorio; se extienden las jornadas más allá de las 8 horas diarias con la
justificación de ‘trabajo necesario’ o ‘inevitable’, sin recarga sobre la
remuneración; también las nuevas formas de tercerización se las trata como
‘externalidades’; se busca limitar el derecho de organización y controlar su
funcionamiento; o, como está ocurriendo en el sector público, se han
generalizado contratos por un tiempo máximo de 2 años, después de los cuales
definitivamente el trabajador debe dejar su puesto, lo que precariza su propia
vida; etc.
Crecen así las fórmulas neofordistas y
neotayloristas (intensificación del trabajo), ante lo cual es necesario un
esfuerzo de conciencia nacional, a fin de que la ‘eficiencia productiva’, que
solo procura maximizar las ganancias, sea contrarrestada con nuevos derechos,
que afirmen mejores condiciones de bienestar y hasta de gusto y felicidad por
las actividades que se desempeñan diariamente.
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